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“Me interesa resaltar que acá no hay una caza de brujas. Todos los grandes casos de lavado de dinero llegaron hasta Casación y se pronunció la Suprema Corte, y todos fueron ratificados. Entonces tengamos una percepción compartida del riesgo, pero desmitifiquemos el cuco, porque si no parece que estamos todos asustados y eso no es bueno para el clima de negocios”, dijo el fiscal de Corte, Jorge Díaz, ante un auditorio integrado por profesionales que se dedican a la prevención del lavado.

La expresión del jefe de los fiscales refirió a las críticas emitidas por contadores y abogados (entre otros colectivos) por haber sido sumados como sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas (ROS) de lavado por la ley integral de 2017.

Al disertar en el “Compliance day” que organizo Brum Costa Abogados, Díaz señaló que los fiscales que investigan este tipo de delitos financieros “no somos el cuco ni perseguimos al capital ni a los empresarios”.

Agregó que “desmitificar” que existen causas sin justificación ayudará al país, porque “Uruguay necesita atraer capitales y tener un buen clima de negocios”.

A su vez, el fiscal de Corte defendió la eficacia del nuevo Código del Proceso Penal (implementado a fines de 2017) también para los delitos de lavado. Destacó que “ya hay condenados y decomisos importantes”, mientras que con el viejo sistema las condenas demoraban años.

En referencia a la política internacional de combate al lavado de dinero, Díaz analizó que “hoy vivimos un Gran Hermano” porque “el mundo va en una dirección de transparencia y lucha contra la corrupción, porque todo se sabe hoy con la cantidad de banco de datos” e información transaccional que existe.

También se refirió a la reciente disposición de la Fiscalía que incluyó al delito de defraudación tributaria como de “interés público”, sumándose así al de lavado de activos. Detalló que en el primer caso se atenta contra “el patrimonio del Estado” y en el segundo la clave son “los daños que ocasiona en los mercados” ya que para blanquear el dinero sucio no importa pagar precios excesivos por un bien o servicio.

En adelante, sostuvo que los fiscales que intervengan en causas de este tipo no podrán aplicar medidas sustitutivas ni suspender el proceso por un acuerdo reparatorio, sino que deberán ir a juicio o proceso abreviado.