HORACIO BAFICO / GUSTAVO MICHELIN

El gasoil subsidia al supergás con impacto nulo en el Índice de Precios

La inflación está cediendo en los últimos meses, alejándose de los dos dígitos. Influye en gran medida en dicha evolución el comportamiento del tipo de cambio.

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Gasoil: brecha entre importar y el precio supone US$ 197 millones. Foto: F. Ponzetto

Así como contribuyó a explicar la aceleración del ritmo inflacionario a partir del segundo semestre del año pasado, cuando el peso se depreció frente al dólar, en los últimos meses tuvo el comportamiento contrario y cooperó en la baja.

Pero el comportamiento del tipo de cambio no es el único factor que impacta sobre el nivel general de precios. La inflación se mide a través de la variación del Índice de Precios del Consumo (IPC), y este mide una canasta representativa del consumo promedio de los hogares. Por lo tanto entra en consideración todo tipo de bienes y servicios. Algunos en su determinación tienen un papel relevante del tipo de cambio y por esa característica se les denomina transables internacionalmente. Otros responden a la demanda interna siendo el salario su determinante y, al contrario de los anteriores, se les denomina no transables.

Existen otros bienes y servicios cuyos precios están administrados y no responden necesariamente a los juegos de oferta y demanda. Se trata básicamente de las denominadas tarifas públicas (precios que cobran las empresas públicas), los tributos municipales, el transporte y los servicios médicos tarifados. Este subconjunto de precios pondera con el 18% en el total de los bienes y servicios que mide el IPC.

Dentro de este grupo, las tarifas son los que más pesan, casi el 60% del grupo, por lo que ellas explican más del 10% de IPC.

Por su propio peso específico, la fijación de las tarifas pasa a ser entonces un instrumento de política muy importante. En primer lugar, la tarifa debe asegurar a la empresa proveedora del servicio unos ingresos tales que no sólo le permitan cubrir los costos, sino generar los recursos suficientes para financiar las necesarias inversiones que les permitan ofrecerlos de la mejor forma posible.

A su vez, debe generar una rentabilidad adecuada que satisfaga a su accionista, en este caso el Estado, que a través del sacrificio de generaciones aportó el capital necesario para que dichas empresas funcionaran. Este interés del accionista es lo que se manifiesta a través de transferencias a la Tesorería.

Pero, en determinados momentos, y siempre de manera transitoria, la política tarifaria puede ayudar a frenar la escalada del IPC. Alterar el índice no necesariamente implica modificar la inflación, que en última instancia es un fenómeno monetario. En los últimos años hemos sido testigos varias veces de ello.

Cuando se analiza la evolución de los precios administrados a lo largo de la última década se constata que, salvo momentos puntuales, estuvieron por debajo del IPC. En buena medida ello es lo que cabría esperar. Servicios tales como el agua potable o la energía eléctrica tienen un costo marginal muy bajo (salvo durante las sequías).

El caso de los combustibles es muy diferente. Se trata de una actividad en la que los costos variables tienen gran incidencia y a su vez dependen del precio del petróleo y del tipo de cambio.

En los últimos tiempos mucho se ha hablado sobre el precio de los combustibles en nuestro país. No acompañaron al descenso del precio internacional del crudo, lo que los ha tornado caros con efectos nocivos sobre la competitividad de las empresas.

Comparando con la propia paramétrica que estableció Ancap como referencia para la fijación de los precios al consumidor, surge que al mes de octubre el precio real del barril se situó un 10% por debajo del precio de referencia. Es más, desde octubre del año pasado, fecha del último ajuste de los combustibles, salvo en mayo, el valor real del barril siempre se situó por debajo de la paramétrica.

Otra muestra de lo caro que resultan los combustibles en nuestro país es la comparación con la paridad de precios de importación (PPI) que elabora la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea). La PPI mide cuál sería el precio teórico al público de los combustibles si se importasen, pagando todos los impuestos internos. Es decir, compara el costo de producción de Ancap con el precio de importación más el arancel correspondiente.

De la comparación entre el valor real y el promedio de PPI del último año surge que el gasoil que pagan los uruguayos es un 32% más caro y la nafta súper un 6% superior. Desde esta perspectiva, y sin tener en cuenta las dificultades de caja de Ancap, surge claramente que podrían disminuir los combustibles.

Si así fuese ello impactaría favorablemente por una sola vez en el IPC. No estamos hablando de una deflación, sino de una corrección a la baja por una única vez de algunos precios.

Sin embargo, de la propia paridad de importación surge que el supergás está subsidiado. De hecho, si se habilitara la libre importación o se ajustaran los precios internos a los internacionales, caería el precio del gasoil y en menor medida el de las naftas, pero subiría casi un 25% el super- gás.

Con este ajuste de precios, todo lo demás constante provocaría un descenso de 0,14 puntos en el IPC. En otras palabras, si la variación acumulada del IPC en los últimos doce meses asciende al 8,45%, si en el último mes se hubieses ajustado los precios de los combustibles a lo que señala la PPI, la inflación acumulada caería al 8,31%.

Se puede concluir entonces que en el momento actual, dados los subsidios cruzados existentes, la política tarifaria en materia de combustibles no tiene un gran impacto sobre el IPC, y apunta a mejorar la ecuación financiera de Ancap.

De la comparación entre el precio al público y el resultante de la PPI surge que el supergás está subsidiado (precio inferior) desde el año 2004, al tiempo que el gasoil es más caro internamente desde el año 2008. La nafta por su parte fluctúa en torno a la PPI.

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