Tema de análisis

Habitualmente el foco del análisis fiscal se pone en el déficit financiero del sector público en forma aislada.

Poco se habla de la calidad del gasto público y ese tema es el que va a tomar cada vez más protagonismo en el próximo año. Estamos ingresando en el momento previo a las elecciones y es por lo tanto el momento en el que se bosquejan los planes de gobierno. A su vez, hay una necesidad imperiosa de lograr mayor eficiencia en el gasto porque el contexto ya no es favorable para lograr más recaudación y seguir aumentando impuestos sin dar servicios frena el crecimiento económico.

Hay una realidad, el gasto público presenta una dinámica ascendente que hasta el momento tiró por tierra los esfuerzos por abatir el déficit que realizó la presente administración desde que asumió. Estos esfuerzos se centraron en lograr mayores ingresos, pero sea por la dinámica del gasto como por el enlentecimiento de la economía, no lograron el equilibrio necesario.

Es tiempo entonces de enfrentar el gasto. Una primera lectura del mismo nos muestra su gran rigidez. Más del 70% corresponde a partidas muy difíciles de reducir, al menos en el corto plazo.

Ante este panorama con limitantes para reducir la cuenta a pagar, el acento comienza a ponerse en la calidad del gasto. El énfasis racional debería estar en lograr el mayor rendimiento a cada peso que gasta el sector público, pues proviene de impuestos y por lo tanto de menor gasto por parte de los privados. En un extremo, si el sector público lograra darle a la población los servicios que realmente quiere y a un costo de producción razonable, poco debería importar la presión fiscal. A esto se debería agregar las consideraciones redistributivas que por lo general son muy eficientes por el lado del gasto y distorsionantes por el lado de los impuestos.

Hay muchos temas relativos a la calidad del gasto. Uno de ellos es la eficiencia de los diferentes programas del gasto público referido a la cantidad de insumos que se utilizan para obtener determinado resultado.

El "cuánto cuesta" llegar a un objetivo en Uruguay se puede comparar lo mismo en otros países y de ahí inferir la brecha de ineficiencia que estamos teniendo y el margen que existe para mejorar. El otro tema a considerar es el costo que tiene para los privados cubrir áreas que el sector público no está cubriendo con servicios de calidad.

En el primer tema, hay un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que señala que el gasto público en América Latina registra ineficiencias equivalentes al 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB). En el caso concreto de Uruguay, el resultado es levemente mejor, 3,7% del PIB, pero en todo caso importante. Téngase presente que el déficit actual está fluctuando en torno al 4% del PIB, prácticamente la magnitud de las ineficiencias.

El informe del BID analiza cuantos más insumos de los necesario se utilizan para obtener un resultado, o cuanto cuesta llevar a cabo un determinado programa manteniendo un cierto nivel de calidad en comparación con otros años u otro país.

El informe analiza que tan bien dirigidos están los distintos programas a las poblaciones objetivos, y cuanto se filtra hacia quienes no lo necesitan, sea a través de un subsidio, una transferencia en o una exoneración tributaria. Por ejemplo, exoneraciones de IVA a productos de la canasta básica que terminan favoreciendo a los más pudientes. Para Uruguay se encontró que las filtraciones alcanzan al 2,2% del PIB.

Se analiza la cantidad de empleados públicos, donde Uruguay figura como uno de los países donde tanto el número total como el peso de las remuneraciones en términos del PIB se ubican por encima de la media del continente. En particular se destaca el hecho de que en el sector público las remuneraciones son mayores que en el privado.

Agregando a este mayor gasto las ineficiencias en materia de compras públicas se llega al 3,7% de ineficiencia del gasto público.

El segundo tema a analizar es la duplicación del gasto privado. Se siente que esto ocurre en varios temas pero el más relevante es el gasto en seguridad que se incurre debido a la falta de eficiencia del gasto público.

También se podrían anotar en este análisis otros como la educación o la salud, donde se cubre con deficiencias a algunos segmentos de la población y otros directamente consumen de prestadores privados lo que no encuentran en la prestación pública.

En el caso de los recursos que destina el sector privado a la seguridad hay algunas estimaciones. De acuerdo al BID el costo total del crimen y la violencia en Uruguay en 2014 alcanzó al 2,2% del PIB. Dentro de este total, hay poco más del 1% del PIB que corresponde al gasto privado directo en seguridad, cifra que es consistente con la totalidad de sueldos que se pagan en esta actividad. Esto son costos adicionales para las empresas y un componente más en el costo país.

De acuerdo a la encuesta realizada por el Banco Mundial a empresas privadas, el 77,3% dicen pagar por seguridad privada, uno de los porcentajes más altos de América Latina y el Caribe. El sobrecosto que se paga en prevención del crimen sumado a las pérdidas por robos o vandalismo se ubican en el 3,4% de las ventas. Es un sobrecosto para las empresas y por lo tanto un elemento que hace a la pérdida de competitividad.

El lado optimista de esta encuesta es que en otros países de América Latina y el Caribe el problema parece menor para las empresas, pero los costos como porcentaje de las ventas son mayores.

Seguramente los problemas de seguridad a resolver sean de menor magnitud y una gestión más eficiente en la seguridad pública pueda devolver a nuestro país a niveles de excelencia dentro del continente.