Instrumentos sociales

Gobierno admite que falta articulación en política social

Para jerarca hay que hacerlo desde perspectivas y necesidades del usuario.

Falta de discurso: según economistas hay estigma social por las transferencias. Se lo adjudican a falta de discurso del gobierno. Foto: Fernando Ponzetto.
Según economistas hay estigma social por las transferencias. Foto: Fernando Ponzetto.

Es necesario hacer una mirada evolutiva del sistema de transferencias monetarias en apoyo a las familias con hijos de Uruguay y evaluar las pertinencias de los instrumentos sociales desarrollados, al menos eso es lo que cree el secretario nacional del Sistema de Cuidados, Julio Bango, y así lo dijo en la exposición "Logros y limitaciones de las políticas de protección social", organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República.

De la exposición participaron también las economistas Andrea Vigorito, Ivone Perazzo y la investigadora en Ciencias Políticas, Florencia Antía, quienes evaluaron y exhibieron los principales logros y retos que tienen las políticas sociales del país.

Tanto Antía como Vigorito estuvieron de acuerdo en que una de las principales dificultades que enfrentan las políticas sociales es la falta de articulación entre ellas y sus organismos competentes.

En este punto estuvo de acuerdo Bango, quien comentó que al Ministerio de Desarrollo Social le falta articular las políticas sociales desde la perspectiva y las necesidades del usuario y no desde el instrumento en sí.

"Es tiempo de ver si es pertinente o no tener diferentes instrumentos, yo creo en la unificación de los sistemas y creo que los instrumentos solo tienen sentido si tenemos una estrategia determinada, un camino y un objetivo que cumplir", sentenció.

Por su parte Antía se centró en la comparación de las políticas sociales de Uruguay con las del resto de la región.

Señaló que hay tres instrumentos de apoyo monetario a las familias sin hijos que están presentes en América Latina: las transferencias monetarias condicionadas (se le da dinero a las familias de sectores vulnerables pero ese dinero está condicionado a cumplir con aspectos educativos y de salud); asignaciones familiares basadas en empleo (se han dirigido principalmente a trabajadores formales de ingresos medios-bajos), y las deducciones tributarias (afectan sobre todo a los sectores medio-alto).

De 17 países de América Latina, 16 tienen políticas de transferencias monetarias condicionadas dirigidas a la población de menores ingresos, en 13 países se emplean las asignaciones familiares basadas en empleo y en nueve se realizan deducciones tributarias.

En Uruguay se emplean los tres instrumentos como también en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica.

A nivel local, Antía señaló que ha habido un "fuerte proceso de expansión de cobertura" en la última década sobre bases segmentadas (es decir que no se da en todos los sectores por igual).

Mientras que en 2002 el país contaba con dos instrumentos de apoyo monetario a las familias con hijos, es a partir de 2007 que se genera la mayor expansión debido a la creación de las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (Afam-PE), la creación de las deducciones del IRPF y el mantenimiento de las asignaciones familiares basadas en empleo.

"De 49% de los menores de edad con alguna transferencia, pasamos a un 79% de cobertura estimada, lo que significa casi una universalización de las transferencias", explicó Antía.

No obstante, la investigadora en ciencias políticas manifestó que en Uruguay hay una fuerte segmentación en quienes acceden a los beneficios y que los montos que se transfieren son muy distintos entre sí.

"En promedio, los montos transferidos son mayores en las asignaciones familiares, seguido por las deducciones tributarias y las asignaciones familiares basadas en empleo", comentó.

Según Antía, se destina aproximadamente un 0,4% del PIB al gasto de estos tres instrumentos pero aún el 21% (185.885 niños) no recibe ninguna transferencia y 9% de los menores recibe más de una.

"Hay una gran desarticulación entre los pilares, hay solapamiento de los programas y hay vacíos de cobertura. Además, hay una importante segmentación en la que niños y adolescentes tienen diferentes derechos y condiciones simplemente porque sus padres están en diferentes lugares en la sociedad", explicó la docente.

Los países vecinos también enfrentan problemas de cobertura, pero Uruguay es quien está mejor posicionado en ese sentido.

Mientras que Uruguay tiene un vacío de cobertura del 21%, Argentina y Brasil tienen un vacío del 32%, lo que equivale a un tercio menos.

La economista Andrea Vigorito señaló que si bien hay grandes logros también hay diversos desafíos y aprendizajes que se desprenden de las políticas sociales.

"Se esperaba más de los Planes de Asistencia Nacional a la Emergencia Social (Panes), hay dificultades de diseño que no se han resuelto, falta actualización de información, hay un estancamiento en la articulación del sistema dentro de las Administraciones Familiares (Afam), Tarjeta Uruguay Social (TUS) y Afam-PE", detalló Vigorito.

El secretario nacional del Sistema de Cuidados dijo al respecto que es clave tener una mirada evolutiva del "sistema de transferencias".

"Digo sistema entre comillas porque no sé si podemos hablar de un sistema cuando ya ha quedado más que claro que hay desarticulaciones y segmentaciones", concluyó.

¿Estigma o apoyo?

Las políticas sociales en las que las familias de sectores vulnerables reciben algún tipo de ayuda por parte del Estado, suelen despertar diferencias en la sociedad, y Uruguay no escapa a esa realidad. Según la economista Andrea Vigorito, los uruguayos "ven mejor" o están de acuerdo con que se distribuya dinero en especies y no en ingresos. Para Vigorito existe en la población uruguaya una carencia en el apoyo de este tipo de instrumentos y se lo adjudicó principalmente a que el gobierno no tiene un discurso que argumente las ventajas y defienda la importancia de este tipo de herramientas. Según indicó la investigadora en ciencias políticas, Florencia Antía, el 57% de los uruguayos considera que quienes reciben ayuda del Estado son "perezosos".

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