LEY DE URGENCIA

El gobierno defendió cambio a ley antilavado: se busca "un fino equilibrio" y aliviar carga a escribanos

El secretario antilavado Jorge Chediak explicó en el Parlamento la modificación legal que flexibiliza los controles cuando el dinero viene del sistema financiero.

Jorge Chediak. Foto: Darwin Borrelli
Dimensión: Jorge Chediak consideró que se hace “un pequeñísimo cambio” en la legislación. Foto: Darwin Borrelli

La modificación de la ley antilavado ha sido uno de los temas económicos que causa más polémica de la ley de urgencia que analiza el Parlamento, y tras recibir a los expertos -que son críticos con el cambio legal y advierten que Uruguay podría ingresar en una lista de países no cooperantes- compareció ante la Comisión legislativa el secretario antilavado, Jorge Chediak, que defendió la propuesta.

Sostuvo que se busca “balancear” los reclamos de los colectivos de profesionales (como contadores y escribanos) por la carga que le implican los controles, con el cumplimiento de “los estándares internacionales”, lo que definió como “un fino equilibrio”. Descartó que el cambio implique quedar más expuesto al lavado de activos.

El artículo en cuestión dice que para todas las operaciones cuyos pagos se realicen a través de instituciones reguladas por el Banco Central (BCU) -bancos, financieras y casas de cambio, entre otras- “se considerarán aplicables las medidas simplificadas de debida diligencia”.

Esto último refiere a los tres niveles -diligencia simplificada, normal e intensiva- de control que fijan las recomendaciones internacionales en función del riesgo de cada cliente. Esto debe ser tenido en cuenta por los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas como entidades financieras, inmobiliarias o profesionales (abogados, contadores y escribanos) cuando actúan por sus clientes.

“No deroga para nada la obligación de hacer el análisis de riesgo”, comenzó Chediak su intervención. Explicó que el artículo “estaría creando una suerte de presunción simple, de bajo riesgo, en las situaciones en las que los medios de pago vienen a través de instituciones financieras”, pero aclaró que no se derogan otras disposiciones, por ejemplo la que establece que “la aplicación de las medidas simplificadas de debida diligencia serán en todo caso congruentes con el riesgo”.

En esa línea, puntualizó que sigue vigente el artículo que indica que “los sujetos obligados no aplicarán o cesarán de aplicar medidas simplificadas de debida diligencia tan pronto como aprecien que un cliente u operación no comporta riesgos reducidos de lavado de activos”.

Chediak añadió: “Esto no puede ser leído como que estamos exonerando a los sujetos obligados a hacer el análisis de riesgo y diciendo que en todos los casos se salvan con una diligencia simplificada. No; deben seguir haciendo la diligencia que corresponda al análisis global de los riesgos. El hecho de que los medios de pago se realicen a través del sistema financiero es solo uno de los indicadores. Todas las otras alertas de riesgo siguen vigentes”.

Las últimas semanas se han pronunciado en contra del cambio legal el abogado especializado en temas antilavado Leonardo Costa, el experto Ricardo Sabella, el exsecretario antilavado Daniel Espinosa -los tres acudieron a la Comisión el viernes- y la consultora CPA.

Sabella expresó a El País días atrás que la modificación “parecería estar motivada por petición de los colectivos que nunca quisieron aceptar o entender su importante rol en el sistema preventivo”. Por ejemplo, los contadores y escribanos han manifestado sus discrepancias con la ley antilavado de 2017.

El jerarca de gobierno dijo en la Comisión que “se espera que ante una aprobación de los textos presentados en la LUC (ley de urgente consideración), el balance entre las reivindicaciones del sector no financiero y la satisfacción de los estándares internacionales, conformen un fino equilibrio para demostrar niveles de eficacia aceptables local e internacionalmente”.

Respecto a la crítica de que Uruguay con esta medida se aparta de las recomendaciones antilavado, Chediak respondió que “flexibilizar parcialmente las obligaciones de los sujetos obligados y en muchos casos, bajarles la ansiedad con relación al cumplimiento, es razonablemente adecuado a estándares internacionales y no aumenta la exposición” del país al ingreso de dinero de origen dudoso.

Señaló que el artículo es “una sintonía fina que se agrega en este balance dado entre la eficacia del control del lavado de activos y las cargas enormes que se ponen sobre los sujetos obligados”. Agregó que “no comparte” los análisis que “vaticinan resultados adversos” para el país por hacer “una pequeñísima modificación a su profusa legislación de lavado de activos”.

Subrayó que el gobierno podrá ante organismos internacionales “defender perfectamente esta modificación y su justificación porque básicamente es facilitarle la vida y el cumplimiento de la debida diligencia a los sujetos obligados”.

Desde el Frente Amplio, el senador Mario Bergara se preguntó “qué agrega este artículo, porque el hecho de que las transacciones se hagan con medios electrónicos o con instrumentos de pago en instituciones financieras ya opera como un factor mitigante de la evaluación del riesgo”. Dijo que este cambio “no es una señal positiva para las evaluaciones que puedan hacer organismos internacionales”.

El senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech -antiguo escribano de Presidencia-, dijo que “hay que facilitarles a los profesionales una actuación tranquila y clara” y aseguró que “los escribanos no están en condiciones de hacer el tipo de indagatoria” que los obliga la ley.

A su vez, la senadora blanca Graciela Bianchi dijo que “la postura que ha adoptado el Estado uruguayo desde hace unos años a la fecha de ‘decir que sí y ser los mejores del barrio’ no es lo único válido y que lo contrario no es abrirse a la opacidad”.

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