MARÍTIMAS

Gracias a la ley de reforma, el puerto aún crece en inversiones

A pesar de la pandemia, los inversores siguen apostando al Puerto de Montevideo. Hay en la bahía espacio para emprendimientos mayores y más desafiantes.

Puerto de Montevideo. Foto: El País.
Puerto de Montevideo. Foto: El País.

No deberíamos olvidar, al menos por conciencia histórica y hasta por responsabilidad ciudadana, que los espectaculares avances desarrollistas realizados en el puerto de Montevideo, en tiempos bien recientes, fueron posibles gracias a los grandes cambios que hace casi 30 años trajo la sanción Legislativa de la Ley de Reforma Portuaria de 1992, cuyos primeros efectos fueron, entre otros, hacer funcionar al propio Puerto de Montevideo las 24 horas, los 365 días del año, hacerlo confiable y atraer la inversión privada local e internacional. Fue una ley vital que trajo oxígeno, considerando que los puertos son organismos dinámicos en permanente evolución. Fue y es un instrumento inteligente, justo, equilibrado, técnico y racional que aún sigue mostrando su capacidad de generar nuevos avances en un horizonte que parece no tener fin. Sí señor, fuimos testigos todo el tiempo del proceso de elaboración de una ley fruto de la experiencia internacional y de los fracasos y daños sufridos en nuestro puerto, pero también de las necesidades del país. Con el tiempo todo esto se tradujo en un movimiento político que en su momento impulsaron Luis Alberto Lacalle y un grupo de connotados políticos de los partidos Nacional y Colorado junto a una fuerte corriente de opinión publica y empresarial que venía reclamando cambios en un puerto que no funcionaba, siendo la llave de nuestro comercio exterior. Por el contrario, se había transformado en un puerto sin reglas, en el mayor desorden, un puerto que había sido declarado por el transporte internacional “puerto sucio” con recargo de los fletes, un puerto que había abandonado los standards internacionales de eficiencia en el manejo de la carga y descarga de los barcos. En fin, un puerto en el cual la ANP, autoridad que hasta ese momento lo administraba y operaba, carecía del necesario expertise, no tenía dinero para adquirir en tiempo los repuestos y hasta los neumáticos para aquellos conocidos equipos elevadores “Belotti”. Eso fue así hasta que un día se abrió la puerta a la esperada y ansiada Ley de Reforma Portuaria, que con su accionar paulatinamente fue logrando la reordenación del puerto y la recuperación de su actividad. Apenas publicada en el Diario Oficial, llovieron los proyectos y millones de dólares de inversión de parte de un empresariado local e internacional deseoso de invertir y participar en la actividad portuaria y extraportuaria del Uruguay.

Con la nueva ley, la ANP dejó de intervenir directamente en las operaciones portuarias y comenzó a funcionar principalmente como administrador, “Puerto Land Lord”, y a su vez, al crearse la figura del Operador Portuario, las empresas privadas invirtieron en equipos modernos y eficientes, iniciándose el camino, difícil y pleno de obstáculos, de poner nuevamente al puerto de Montevideo en la mira de las grandes líneas navieras.

Una de las principales decisiones tomadas por la ANP en 1996 fue la de concesionar a privados la Terminal de Contenedores en el Muelle de Escala. Se demoró casi 6 años en frustradas licitaciones hasta que, bajo el gobierno del presidente Jorge Batlle, mediante un remate público en la Bolsa de Comercio Katoen Natie (TCP) ganó la subasta con una oferta de 17.1 millones de dólares y se quedó con el Muelle de Escala con un atraque de 288 metros de extensión y una grúa española traída en el 1983 e inaugurada por el Ing. Serrato, Presidente de la ANP. Todos sabemos que la empresa belga tuvo que invertir además de estos 17 millones otros cientos de millones para llevarla al estado de hoy; la terminal que ya alcanza casi 36 hectáreas, se construyó un muelle de 350 metros para barcos de gran porte con capacidad para un calado máximo de 14 metros y varias de sus grúas pórtico tienen alcance para manejar los buques de 22 filas de contenedores de ancho.

A su vez, la otra gran empresa operadora Montecon, que opera en los muelles públicos, adquirió varias y costosas grúas montadas sobre neumáticos del tipo inteligente y una enorme batería de equipos auxiliares para manejar contenedores, carga general y de proyecto.

También fueron concesionados gracias a dicha ley algunos de los viejos depósitos de fines del siglo XIX para trabajar en condiciones de Puerto Libre y se crearon zonas extraportuarias no lejos del puerto, así como zonas francas en diversas partes del Uruguay. Tras tomar algún tiempo, la actividad portuaria fue creciendo.

Volviendo al centro del asunto, deseábamos llamar la atención sobre las más recientes inversiones, una de ellas de Obrinel S.A. en la terminal granelera (TGM), que ya ha sido autorizada a operar con graneles líquidos, las de UPM con su terminal de celulosa en construcción, incluyendo muelles y un depósito de grandísimas dimensiones y de la propia ANP en Puerto Capurro para buques de pesca internacionales y nacionales. Todo ha sido posible gracias a la existencia de la Ley de Reforma Portuaria de 1992. De haber continuado con lo que teníamos antes de 1992, hoy estaríamos con un puerto como en tiempos de las cavernas. Somos optimistas que, con esta ley, que eventualmente pueda merecer algún cambio cuando llegue el momento oportuno, la ANP podrá y deberá seguir avanzando, para lograr la concreción en el puerto de nuevos proyectos. Hay en la bahía espacio para emprendimientos mayores y más desafiantes.

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