EL DEBATE POR EL PLÁSTICO Y SUS COSTOS

Gremiales: los aranceles deben reglamentarse por ley

Apoyan proyectos en el Parlamento que topean cobros por débito y crédito.

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El proyecto de ley ya fue aprobado por Diputados y ahora está a consideración del Senado. Foto: Archivo

La Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU) junto a un grupo de gremiales de comerciantes del interior del país resolvieron, reunidos en Florida, apoyar los proyectos a estudio del Parlamento para reglamentar por ley los aranceles que cobran los bancos y sellos emisores a los comercios por las transacciones con tarjetas de crédito y débito. Además, acordaron cortar el diálogo con el gobierno y avanzar en un plebiscito para derogar la Ley de Inclusión Financiera.

"Los planteos fueron todos coincidentes, tenemos que ir hacia una reglamentación vía ley del cobro de los aranceles. Hay una oportunidad histórica para hacerlo porque todos los partidos políticos tienen como un objetivo prioritario legislar sobre esto", dijo a El País el directivo de la CEDU, Julio Paillex.

Es que tras el reclamo altisonante realizado por varias gremiales empresariales contra los costos de las ventas mediante el plástico, la semana pasada el tema cobró relevancia en el Parlamento y se anunció la presentación en los próximos días de proyectos de ley que buscan regular dichos aranceles. La Comisión de Hacienda de Diputados tratará una iniciativa que ya había sido aprobada en la legislatura pasada y luego se frenó porque el gobierno acordó con los bancos una rebaja de aranceles, al tiempo que Leonardo De León (Frente Amplio, Lista 711) presentará otro proyecto en el Senado.

El legislador oficialista explicó días atrás que propondrá reducir los topes de los aranceles al 0,5% para las tarjetas de débito y al 1,5% para las de crédito. Además, planteará un tope de 24 horas para transferir los fondos a las cuentas de los comercios cuando se realicen compras con instrumentos de dinero electrónico.

El otro proyecto presentado hace más de dos años por los diputados Daniel Peña (ex blanco, ahora en el Partido de la Gente) y Gonzalo Mujica (que abandonó el Frente Amplio) es similar a este, e incluso el primero de ellos acusó a De León de plagio. Aparte del tope de los aranceles, dicha iniciativa plantea medidas para terminar con el monopolio de los POS (los aparatos que permiten la operativa con plásticos).

Actualmente, el arancel máximo para las tarjetas de débito e instrumentos de dinero electrónico es 2,2% (2% en el caso de los pequeños comercios) y para las tarjetas de crédito se ubica en 4% en compras del rubro alimentación, 4,5% para las restantes ventas en modalidad contado, y 4,9% para las ventas en modalidad crédito.

Paillex informó que hubo contactos con representantes políticos de todos los partidos que adelantaron su apoyo a estos proyectos, que van en línea con el reclamo de las gremiales empresariales. "El único que sigue defendiendo la posición de los bancos es el equipo económico y el sector (del Frente Amplio) Asamblea Uruguay (que lidera el ministro de Economía, Danilo Astori)", sostuvo.

La posición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es que a medida que aumente la utilización de las tarjetas de débito y crédito, el arancel máximo convergerá a 1,5% para las primeras y a 3,5% para las segundas (en la modalidad contado) según un cronograma acordado con los bancos y los sellos emisores del plástico. Incluso el economista Martín Vallcorba, coordinador del programa de inclusión financiera del MEF, dijo a El País hace unos días que "este año el arancel (para las compras con débito) va a bajar a 1,9% y es posible que al terminar el año esté en 1,5%".

La visión de los comerciantes es que existe una "inequidad" en el sistema actual, dado que los pequeños comercios terminan pagando aranceles más altos que las grandes superficies, que al tener un volumen mayor de ventas pueden negociar comisiones más bajas con los sellos y los bancos. Además pretenden "que las promociones (que realizan las tarjetas) no estén focalizadas solo en los grandes comercios, sino que los pequeños y medianos también tengan acceso".

El equipo económico ya adelantó su rechazó a regular por ley los aranceles máximos. En respuesta a dicha postura, las gremiales empresariales reunidas en Florida decidieron cortar el diálogo con el MEF ya que entienden que "propone comisiones de trabajo para dilatar el tema".

El pasado martes, Vallcorba se había reunido en Maldonado con representantes de Crece y habían acordado crear un grupo de trabajo conjunto para encontrar soluciones a los planteos empresariales. Paillex confirmó que esa instancia no llegará a concretarse: "no tenemos interés ninguno en participar".

A su vez, las gremiales ratificaron ayer su intención de impulsar un plebiscito para derogar la Ley de Inclusión Financiera, aprobada en 2014 para regular diversos aspectos del servicio bancario y que provocó un aumento sostenido del uso de dinero electrónico.

Un reclamo apoyado por empresarios de todo el país.

Del encuentro ayer en Florida participaron la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU) con sus 25 gremiales del interior, la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este (Crece) —abarca Lavalleja, Treinta y Tres, Maldonado, Rocha y Cerro Largo—, el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), la Cámara de la Alimentación y otros colectivos empresariales. "Había arriba de 60 personas en representación de diversas gremiales", dijo Julio Paillex.

Argentina: reducen comisionesy esperan un traslado a precios.

Las empresas emisoras de tarjetas de crédito, bancos y comercios argentinos firmaron el viernes un acuerdo voluntario de rebaja de comisiones. El convenio establece que a partir de abril la comisión pasará de 3% a 2,5% en el caso de las tarjetas de crédito y a 1,2% en las de débito. El pacto se extiende por cuatro años para cerrar en 1,8% de comisión para las tarjetas de crédito en 2021, y 0,8% para las de débito.

De esta forma, las principales operadoras de tarjetas de crédito del vecino país a través de un acuerdo privado entre las cámaras del sector y el gobierno transferirán $ 5.000 millones anuales de sus ganancias a los comerciantes al resignar parte de sus comisiones por las compras con tarjetas de crédito y débito que cobran a los comercios, y estos podrán trasladar el descuento a sus clientes. El Gobierno argentino ahora espera que ese menor costo se refleje en una baja de los precios al consumidor final.

La firma del acuerdo se hizo en el Ministerio de Producción y su titular, Francisco Cabrera, señaló que en forma paralela se seguirá debatiendo en el Congreso nacional una reforma más amplia de la Ley de Tarjetas de crédito. El convenio fue fogoneado por proyectos de ley considerados más perjudiciales para los bancos y que estaban a estudio del Congreso.

"Nos dijeron que la inflación se arreglaba con gritos y a los consumidores se los defendía con gestos violentos. El resultado: 700 por ciento de inflación y consumidores indefensos. El cambio es hacer cumplir la ley: iguales oportunidades y responsabilidades para todos, sin privilegios", sostuvo Cabrera. Consultado sobre la transferencia de la menor comisión a los precios finales, afirmó que "dependerá de los comercios si deciden sacrificar rentabilidad en aras de bajar precios".

A su vez, la empresa Prisma que controla el negocio de las operaciones con tarjetas de débito y crédito, presentó un plan de desinversión ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). La empresa se comprometió a avanzar en la venta de Visa y de Banelco. A cambio, la CNDC accedería a dar por cerrada la investigación que le había iniciado a Prisma por posible abuso de posición dominante.

Prisma es propiedad de 14 bancos y es exclusiva procesadora de la tarjeta Visa y debido a esta situación había sido cuestionada por su "posición dominante". El gobierno estima que en dos semanas definirá si aprueba la iniciativa presentada por la compañía y luego se habilita un proceso que puede demandar unos 90 días más. LA NACIÓN / GDA

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