PELEA

El directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP) resolvió solicitar una “auditoría externa” sobre “la administración de los muelles públicos” del puerto de Montevideo desde el año 2001 en adelante. Este ha sido uno de los puntos del enfrentamiento entre la empresa Montecon (que utiliza los muelles públicos para operar contenedores) y el gobierno, luego que este firmara un acuerdo con Katoen Natie (propietaria en un 80% Terminal Cuenca del Plata, la única especializada en movimiento de contenedores del puerto).

Ese acuerdo entre el gobierno y Katoen supuso que se extendiera la concesión a esta empresa belga por 50 años más a partir de 2031 cuando esta vencía, que la firma desista de una demanda de US$ 1.500 millones contra el Estado e invierta US$ 455 millones y el punto más polémico: la generación de un “monopolio de hecho” en el movimiento de contenedores.

Es que el gobierno a través de un decreto, priorizó a Terminal Cuenca del Plata (TCP) para la operativa de contenedores y eso dejó sin posibilidad de competir a Montecon que previamente movía el 55% de los contenedores.

Según la resolución del directorio de la ANP -a la que accedió El País-, el vicepresidente del organismo, Daniel Loureiro hizo un planteo a raíz de declaraciones del entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber en la comisión de Transporte del Senado sobre el acuerdo con Katoen Natie y el deterioro que había ocurrido previamente (durante el gobierno del Frente Amplio) ente la firma y la ANP.

“Dada la necesaria vinculación comercial, y el buen relacionamiento que debe guardar la ANP con todos los operadores portuarios”, Loureiro “solicita conocer qué motivó el deterioro de las relaciones comerciales con ANP, sugiriendo realizar una auditoría externa para determinar los motivos”, indicó el documento.

Así, con fecha 28 de abril, el directorio de la ANP resolvió “proceder a realizar una auditoría externa, a los efectos de determinar lo sucedido desde el año 2001, inicio de la concesión (de Katoen) a la fecha en cuanto a la administración de los muelles públicos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del marco jurídico vigente”, expresó la resolución.

En una comparecencia posterior ante la comisión de Transporte del Senado el 5 de mayo, Heber afirmó: “la actuación en los muelles públicos llevada a cabo por otra empresa (N.deR.: alude a Montecon sin nombrarla) era ilegal”. Argumentó que el “artículo 11 de la ley de Puertos” establece que “otorgar concesiones, permisos o autorizaciones a personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, a los fines de que realicen servicios portuarios necesariamente debe tener la aprobación del Poder Ejecutivo” y “esto no fue lo que sucedió con una empresa que actuaba en los muelles públicos, ya que los permisos eran otorgados por la ANP”.

Montecon contestó una semana después que “fue habilitada por el Estado como operadora portuaria de conformidad a la ley de Puertos y a su decreto reglamentario 413/992, según consta en resoluciones de la propia ANP del año 2000 y 2003 ambas aprobadas por el Poder Ejecutivo. Esas habilitaciones le permiten prestar servicios de transferencia de toda clase de cargas en el Puerto de Montevideo, particularmente contenedores, usando parte de su infraestructura, sin exclusividad ni privilegio alguno, y pagando lo que el Estado exige por ellas”.