INFORME

Una guía para empresas y trabajadores ante la posible llegada del coronavirus a Uruguay

Ante las consultas recibidas, el estudio Guyer & Regules emitió recomendaciones acerca de la legislación vigente en el país.

Médicos de un centro de asistencia en la ciudad de Wuhan, revisan los resultados de una tomografía computada realizada a un paciente afectado por el coronavirus. Foto: Reuters
Médicos revisan los resultados de una tomografía computada realizada a un paciente afectado por el coronavirus. Foto: Reuters

El coronavirus avanza en la región y los impactos que ocasionaría en las empresas su posible llegada a Uruguay ya es tema de análisis por parte de estudios legales. Ayer Guyer & Regules difundió la “primera guía de acción con recomendaciones para enfrentar el impacto del potencial brote en el trabajo”, donde repasa aspectos de la legislación que podrían cobrar relevancia ante un brote de la enfermedad.

El informe hecho por los abogados Leonardo Slinger, María José Poey y Santiago Madelena, comienza aclarando que “el deber de protección de la empresa implica que esta debe garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo que están bajo su ámbito de dirección, es decir bajo su capacidad de control”.

Una opción es el trabajo remoto (desde el domicilio del empleado), una modalidad que “no se encuentra regulada de forma expresa en Uruguay” aunque es una práctica que “se ha ido consolidando al menos como una alternativa” en algunas multinacionales.

Si bien el empleador no puede obligar a sus trabajadores a que actúen de forma remota, si hay “una causa razonable en la que se funda la decisión, en aplicación del deber de colaboración y siempre y cuando provea los medios técnicos para realizar las tareas encomendadas, el trabajador no podría negarse”, explicaron los especialistas.

Otro posible escenario ante una eventual llegada al país del coronavirus, es que las autoridades de salud soliciten o recomienden el cierre de una empresa por la existencia de un brote, o que la compañía se quede sin materias primas porque sus proveedores no pueden suministrarlas -hubo cadenas de suministros que se cortaron ante la aparición del coronavirus en China-.

De ocurrir cualquiera de estos escenarios, desde Guyer & Regules plantean que el empleador “podrá recurrir al mecanismo del envío al seguro de paro por suspensión total o parcial de su personal por hasta cuatro meses”.

Desde la perspectiva del empleado, está “el deber de concurrir al lugar de trabajo” en el entendido que las empresas “deberán aplicar medidas adecuadas de salud y seguridad e higiene para proteger su vida y su integridad”. Es decir, que “el empleado no tendría derecho a negarse a asistir al lugar de trabajo salvo que pueda alegar y eventualmente probar que ello le provoque un riesgo grave e inminente para su vida o salud”.

Por otra parte, los expertos sostienen que ante esta eventualidad cobran mayor relevancia los servicios de prevención y salud en el trabajo -profesionales que “tienen por función prevenir y asesorar” a empresas y trabajadores sobre cómo “conservar un medio de trabajo seguro”, entre otros aspectos-, que ya son obligatorios para algunos compañías.

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