DEFENSA DE LA COMPETENCIA

La guía oficial para que el Estado limite lo menos posible la competencia cuando regula

La idea es “instalar el tema de la competencia al momento de emitir una normativa”, explicó el economista Marcelo Pereira.

Aplicación de Uber en un celular. Al fondo, un taxímetro. Foto: Archivo El País
El organismo público puede emitir normativas que afecten la competencia en los mercados. Foto: Archivo El País

El sector público emite leyes, decretos, resoluciones y diferentes tipos de normas que afectan la competencia en los mercados. Hay varios ejemplos en los últimos años de normativas que se emitieron sin tener en cuenta estos factores como la que regulaba a emergencias móviles o más recientemente las primeras resoluciones de la Intedencia de Montevideo sobre Uber.

Por ello, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia -un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas- elaboró una Guía de Libre Competencia para el sector público que fue presentada ayer en el marco del Día de la Competencia.

La presidenta de la comisión, Luciana Macedo remarcó ayer que la guía es uno de los aspectos en que el órgano trabaja con el sector público. Señaló que también se capacitó a directores y gerentes de empresas públicas en aspectos de competencia.

A su turno, el economista de la comisión Marcelo Pereira hizo una presentación de la guía. La idea es a través de la misma “instalar el tema de la competencia al momento de emitir una normativa” ya que “en general ocurre que las norma se aprueban y no tienen una evaluación sobre competencia”, explicó.

La guía señala que la evaluación de si una norma afecta la competencia puede realizarse “ex-ante, durante la etapa de diseño y elaboración” o “ex-post, al evaluar los efectos” que podría tener en los mercados.

Los funcionarios públicos cuando van a aprobar una normativa pueden hacer una evaluación simple en tres pasos para saber si afecta la competencia en los mercados o no.

El primer paso es “identificar si la norma afecta o puede afectar negativamente a la competencia” y en caso de no identificar ninguna restricción, “el examen finaliza”, explica el documento.

Si del primer paso se concluye que se afecta la competencia, se va al segundo paso, que es “evaluar si la norma está justificada. Si no se puede justificar la restricción a la competencia que introduce la norma, se debe revisar el proyecto”, afirma la guía.

En caso de que se justifique la restricción a la competencia se va al tercer paso, que es “considerar propuestas alternativas que permitan alcanzar el mismo objetivo de política pero con menores efectos adversos sobre la competencia”, indica.

Con esto, dijo Pereira, se busca “sensibilizar a los tomadores de decisiones” en la materia.

Explicó que “la comisión no está cuestionando al sector público” si no que “se propone evaluar las alternativas que permitan lograr los mismos objetivos perseguidos, minimizando los efectos sobre la competencia”.

La guía concluye al expresar que “todo organismo del sector público puede realizar una evaluación de sus actuaciones e intervenciones y determinar si está afectando la libre competencia en los mercados. Siguiendo los pasos desarrollados en la presente guía, los tomadores de decisiones pueden revisar las regulaciones proyectadas o existentes, con el objeto de identificar artículos o preceptos específicos que pudieran restringir la competencia en los mercados”.

Finaliza recomendando a los funcionarios públicos que “es importante evaluar alternativas que permitan lograr los mismos objetivos persiguidos sin afectar la competencia. Con este ejercicio, se puede proteger e incluso fomentar la competencia en los diferentes mercados, con el consiguiente beneficio para los consumidores y la sociedad en general”.

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