INFORME

¿Qué hará el gobierno para no perder un estatus clave para el país?

El gobierno plantea su estrategia para mantener el grado inversor. Considera que es un “activo clave” y se propone diferentes medidas.

Conferencia de prensa de Azucena Arbeleche, ministra de Economía. Foto: Fernando Ponzetto
La ministra de Economía y Finanzas considera clave mantener el grado inversor. Foto: Fernando Ponzetto

El grado inversor que otorgan cinco calificadoras de riesgo a la deuda uruguaya “constituye un activo clave a la hora de asegurar el acceso fluido al financiamiento del país a los mercados de capitales locales y externos, permitiendo obtener costos de endeudamiento más bajos, plazos más largos y una base inversora más diversificada, entre otros”, sostiene el mensaje del gobierno contenido en el proyecto de ley de Presupuesto.

De las cinco calificadoras de riesgo, tres tienen a Uruguay un escalón por encima del mínimo del grado inversor (Standard & Poor’s, Moody’s y la japonesa R&I) mientras que las otras dos lo tienen en el mínimo (Fitch y la canadiense DBRS). En el caso de Fitch, la calificación tiene perspectiva “negativa” lo que supone una chance en tres de una baja en la nota de la deuda uruguaya. Si eso ocurriera, el país perdería el grado inversor para esa calificadora.

¿Qué plantea hacer el gobierno en el mensaje del proyecto de ley de Presupuesto para mantener el grado inversor? Además de hacer un recorte en el gasto (en inversiones, remuneraciones y funcionamiento) para llevar al déficit fiscal del 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB) que estima para fin de este año a 2,5% del PIB para 2024, se propone reducir la inflación del 9,5% estimado para este año a 3,7% en 2024.

Actualmente hay incluso déficit primario, es decir antes de pagar intereses de deuda, los ingresos del Estado no cubren los gastos. Ese déficit primario se estima en US$ 1.757 millones este año y el gobierno espera reducirlo a US$ 206 millones en 2023 y llevarlo a un superávit primario (los ingresos superan a los gastos antes de pagar deuda) de US$ 39 millones en 2024.

No obstante, hay un tercer indicador que requiere especial atención por parte de las calificadoras de riesgo: el nivel y la trayectoria de la deuda.

En ese sentido, el gobierno admitió en el mensaje presupuestal que “se prevé un crecimiento significativo de la deuda bruta y neta del gobierno central en términos del PIB a fin de 2020, respecto al nivel observado a fin del año anterior. Se estima un crecimiento en 12,3 puntos porcentuales del PIB en la deuda bruta, y 11,1 puntos porcentuales en la deuda neta del gobierno”.

Sin embargo, remarcó que “a partir del año 2021, hay un proceso de significativa atenuación en el crecimiento de la deuda bruta del gobierno central (en 2019 había sido 53,3% del PIB y saltaría a 65,6% del PIB este año), que convergería a un nivel de 67,5% del PIB hacia fines de 2024. En el caso de la deuda neta, alcanza un máximo de 64% del PIB en 2022, estabilizándose luego al final del período en 63,9% del PIB”.

El presidente Lacalle Pou junto a la ministra Azucena Arbeleche y al director de la OPP, Isaac Alfie, la semana pasada. Foto: Leonardo Mainé.
El presidente Lacalle Pou junto a la ministra Azucena Arbeleche y al director de la OPP, Isaac Alfie. Foto: Leonardo Mainé.

Según el gobierno, esa “trayectoria estable” de la deuda tras el salto en 2020 se alcanza “sobre la base de un esfuerzo de consolidación fiscal, un mayor crecimiento de la economía y una evolución más suave del tipo de cambio real”.

Eso hace a la sostenibilidad de la deuda. La deuda es sostenible cuando “el volumen de deuda respecto al tamaño de la economía no crece indefinidamente, asegurando la solvencia de largo plazo del gobierno”, se explicó en el mensaje.

¿Cuál será entonces la estrategia de deuda?

El actual gobierno “continuará con una gestión proactiva del portafolio de deuda a través de operaciones de manejo de pasivos en el mercado doméstico y externo, que contribuyan a reducir el riesgo de refinanciamiento (estirando los plazos de vencimientos de deuda y suavizando temporalmente el calendario de amortizaciones)”, indicó el mensaje oficial.

“Asimismo, la gestión de la deuda del gobierno también continuará la política conservadora de manejo de la liquidez, manteniendo en promedio un nivel precautorio de caja de Tesorería y líneas de crédito con organismos multilaterales que permitan hacer frente el servicio de deuda (amortizaciones más pago de intereses) de al menos los 12 meses subsiguientes”, añadió.

También se buscará “avanzar en la desdolarización de la deuda, con el objetivo de alcanzar un 50% o más del total de la deuda denominada en moneda nacional hacia fines del período”.

Otro aspecto del manejo de la deuda es “fortalecer el relacionamiento estratégico y la comunicación con la base inversora asiática”, según el mensaje. En ese sentido, afirmó que “se buscará ampliar los vínculos con potenciales inversores institucionales de Asia, ya sea para fomentar su participación en las emisiones globales en dólares, y/o el eventual retorno al mercado de capitales de Japón”.

Por otro lado, se va a “mantener y reforzar el financiamiento disponible de los organismos multilaterales de crédito”, incluso “explorando el acceso a nuevos instrumentos que permitan reducir la exposición del sector público a fluctuaciones en el tipo de cambio, tasa de interés y nivel de liquidez”, se indicó.

Por último, “se seguirá apoyando las estrategias de cobertura cambiaria de las empresas públicas”, expresó el mensaje.

La estrategia para desdolarizar la deuda
Ayer a nivel global, el dólar alcanzó mínimos en dos años frente a otras relevantes. Foto: Reuters

Para lograr que “el 50% o más de la deuda” esté “denominada en moneda nacional” hacia 2024 -actualmente es el 43,6%- el gobierno se plantea varias líneas de trabajo.

Por un lado se va a mantener “la emisión recurrente y previsible, de nuevos títulos valores o reaperturas en el mercado local en un número acotado de puntos de referencia de la curva de rendimientos. Con ello se busca profundizar la liquidez del mercado en moneda nacional”.

Además se va a “continuar emitiendo en moneda local en los mercados internacionales (Unidades Indexadas y/o pesos nominales), siempre que los costos de endeudamiento se mantengan consistentes con una dinámica de deuda sostenible”.

Otra línea de trabajo será la de seguir “potenciando la eficiencia del mercado secundario (donde se compran y venden los títulos de deuda que ya se emitieron) y la liquidez de los instrumentos ofrecidos regularmente, a través de la ejecución de operaciones de manejo de pasivos que contribuyan a la construcción de bonos de referencia”.

Adicionalmente se “buscará ampliar la base inversora extranjera en títulos en moneda local, propiciando un acceso más fácil y eficiente de los inversores extranjeros al mercado local a través de acuerdos con los principales custodios internacionales”.

Por último, “como parte de la estrategia para incrementar la proporción de deuda del sector público en moneda local”, se “continuará buscando condiciones favorables de mercado que permitan la conversión de préstamos con organismos multilaterales denominados en moneda extranjera a moneda local, tanto en pesos nominales como en Unidades Indexadas”.

Así está compuesta la deuda uruguaya

¿Cómo se componía la deuda uruguaya a fin de julio? El 56,4% de la deuda estaba denominada en moneda extranjera (50,9% en dólares y 5,5% en otras divisas) y el 43,6% en moneda nacional (30% en Unidades Indexadas a la inflación, 8% en unidades indexadas al salario como la Unidad Reajustable y la Unidad Previsional y el 5,6% restante en pesos). Apenas el 3% de la deuda vencía a corto plazo (menos de un año) y “la madurez promedio del portafolio de deuda es de aproximadamente 14,4 años, una de las cifras más alta entre los países emergentes”, destacó el informe del gobierno. A su vez, el 95,9% de la deuda estaba a tasa de interés fija y solo el 4,1% a tasa de interés flotante (usualmente los créditos contraídos con los organismos multilaterales). Del total de la deuda, 88,1% eran bonos y 11,9% préstamos de organismos multilaterales. Por último, el 60,3% de la deuda estaba en manos de no residentes (47,9% eran bonos y Notas del Tesoro y el resto préstamos) y 39,7% era de residentes.

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