Del ajuste al equilibrio

El Banco Interamericano de Desarrollo mostró como a algunos países de América Latina tuvieron un mejor desempeño en lo fiscal y en la evolución de la deuda, tras el fin del súper ciclo de los commodities.

Los principales economistas coinciden en que el próximo gobierno deberá realizar un ajuste fiscal, algo en lo que cíclicamente cae Uruguay. En los últimos 56 años, solo en cuatro se logró un mínimo resultado fiscal positivo, dos en democracia y dos en dictadura, por lo que el problema de fondo debe ser encarado con otras herramientas.

Si bien tener un superávit fiscal no es un fin en sí mismo en una economía que crece, lograrlo en años de bonanza para disponer de recursos cuando la situación empeora es una recomendación extendida a nivel académico y de organismos internacionales.

Para ello, se utilizan reglas fiscales que "establecen límites normativos" para que luego sea "el presupuesto el instrumento que las operativiza, el cual es esencialmente una estimación de ingresos con una autorización para gastar", sostienen el Líder Principal Fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Alberto Barreix y el consultor para la División de Gestión Fiscal del BID, Luis Fernando Corrales.

"Complementariamente, existen dos instituciones más que interactúan con la regla fiscal y el presupuesto: los marcos fiscales de mediano plazo y los Consejos Fiscales Independientes, que no solo refuerzan la institucionalidad que enmarca la política fiscal, sino también podrían mejorar su aplicación práctica a lo largo del ciclo", agregan en el informe "La trilogía institucional de la disciplina fiscal".

El reporte recuerda que "como respuesta a la crisis internacional de 2008 y el final del superciclo de commodities alrededor de 2013, los países de América Latina reaccionaron con políticas contracíclicas para enfrentar los embates de la desaceleración económica mundial".

Sin embargo, no a todos les pasó lo mismo a la hora de pasar raya por sus resultados fiscales.

Barreix y Corrales muestran que "los datos para América Latina y el Caribe sugieren que los países que cuentan con algún tipo de regla fiscal y marco fiscal de mediano plazo tienen en promedio un mejor balance fiscal (74% menos) y menor deuda (85% menos) que el promedio de los que no los tienen.

El gobierno uruguayo considera que tiene una regla fiscal en el tope de endeudamiento, sin embargo en el reporte está del lado de los que no tienen. "Lo que tiene Uruguay no es una regla fiscal", aseguró Barreix a El País. Explicó que los países con regla fiscal considerados son aquellos en donde la misma se ha "aplicado".

En el caso de Uruguay, Barreix junto a otros, había recomendado la adopción de una regla fiscalde doble condición (que limita el resultado —déficit total— del sector público y el crecimiento del gasto corriente respecto del crecimiento del Producto Interno Bruto —PIB—, según la relación deuda (bruta) del sector público sobre el PIB). También el país deberíaavanzar en una reingeniería fiscal.

Pero como con eso solamente no alcanza, varios países utilizan el marco fiscal de mediano plazo. "Los países que han adoptado marcos fiscales de mediano plazo mejoraron en promedio su posición fiscal en más de 2 puntos porcentuales del PIB luego de su implementación, y las etapas más avanzadas de dichos marcos (como por ejemplo los marcos de gasto con metas a nivel de programas) se asocian con menor volatilidad del gasto público social", afirman Barreix y Corrales.

El objetivo principal de estos marcos "es extender el horizonte de planificación hacendaria más allá del corto plazo y funciona como ancla para que los gobiernos se comprometan a metas fiscales, evitando así sesgos políticos", agregan.

Este tipo de marcos "estimulan a las autoridades políticas a conocer, evaluar y corregir el comportamiento fiscal y permiten la reorientación de los ahorros, así se mejora el control del gasto, ayudando a focalizarlo en programas prioritarios", aseguran.

Esto es clave para "mitigar" las "dos grandes dificultades de los presupuestos plurianuales" (como es el caso de Uruguay) que son que "al basarse en previsiones de mediano plazo suelen tener errores crecientes de estimación, en especial de ingreso, y "al fijar la autorización de gastos se constituyen en un piso para los reclamos de los grupos de presión, incluidos los gastos tributarios (exoneraciones de impuestos), en las rendiciones de cuentas anuales", indican los autores.

Además recomiendan que, dada la dependencia de los commodities que tiene la región y la incertidumbre comercial y financiera a nivel global, se acote el plazo de los presupuestos plurianuales a tres años (en Uruguay son cinco), por ejemplo, y contar con un marco fiscal con proyecciones robustas a siete años".

Para Barreix y Corrales el complemento necesario a esto es que exista "un control y monitoreo independiente" mediante un Consejo Fiscal Independiente.

La función del consejo es "potenciar el compromiso con las finanzas públicas sostenibles y prevenir los posibles riesgos. La integración de los consejos por técnicos independientes de alta calidad es clave para cumplir su rol: velar por el cumplimiento de la regla", aseguran.

Según un informe del Fondo Monetario Internacional, los consejos también pueden proveer insumos para el proceso presupuestario, interactuar con los involucrados claves en esa materia y "elevar los costos de reputación de decisiones financieramente irresponsables".