SE LLEGÓ A 1.000 PROYECTOS

Días atrás, la Oficina del Inversor de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) recibió el proyecto número 1.000 para la construcción de viviendas promovidas (antes llamadas de interés social), cifra que en los últimos días ascendió a 1.005 proyectos ingresados según datos de la ANV.

De ese total, 89 aún se encuentran a estudio, otros 89 corresponden a proyectos observados y los restantes 827 ya fueron promovidos por el Poder Ejecutivo para recibir los beneficios fiscales que otorga la ley. Según los datos de la ANV, esto implica un total de 25.141 viviendas ingresadas, cifra que excluye las viviendas dentro de los proyectos observados.

Son 20.063 las viviendas que se ubican dentro de Montevideo y la zona Metropolitana. Las zonas que nuclean la mayor cantidad de viviendas son La Blanqueada, Cordón y Tres Cruces.

En línea con lo que preveían los empresarios del rubro de la construcción, desde la ANV afirman que el aumento de la inversión privada se debe al cambio de reglamentación que el gobierno implementó el año pasado.

En abril de 2020 el gobierno encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou emitió un decreto a través del cual modificó la reglamentación de la ley 18.795 de Promoción de la Vivienda de Interés Social que había sido aprobada y votada por todos los partidos en agosto de 2011, e impulsada por el gobierno del Frente Amplio bajo el mandato de José Mujica.

Entre los principales objetivos, el decreto de 2020 buscó la reactivación de la economía y la generación de empleo a partir de una flexibilización en el régimen de construcción para que las personas de “sectores de ingresos bajos, medios bajos y medios del país” pudieran acceder a la compra de su vivienda.

¿Cuáles fueron las modificaciones hechas al régimen? Los cambios tuvieron que ver principalmente con las características de las viviendas que pueden construirse bajo este régimen (se permite ahora la construcción de monoambientes), la eliminación de los topes en los precios de arrendamiento y los topes en la cantidad de viviendas promovidas construidas (también recicladas o refaccionadas).

El principal reclamo que venía realizando desde hace años el sector privado consistía en solicitar que se eliminaran los topes de precio para venta y arrendamiento de los apartamentos construidos bajo el régimen, tanto en Montevideo como en el interior del país.

Los límites de precios habían sido implementados desde 2014 cuando el Ministerio de Vivienda llevó adelante una reglamentación de la ley que topeó el precio del 25% de las unidades construidas.

A inicios de 2017 se emitió un nuevo decreto que topeó el precio de arrendamiento a los empresarios que invierten en viviendas para alquilar -si supera los valores fijados, la exoneración es 40% y no 100%- y además se estableció que en determinados proyectos el 10% de las unidades deberán venderse a un precio fijado por la cartera.

El actual gobierno de Lacalle Pou derogó estas resoluciones y volvió a las reglas de 2011, tal y como había reclamado la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), ya que entendían que los límites de venta y alquiler quedaban por debajo del costo de construcción por lo que el negocio había dejado de ser rentable y ya no había interés para los constructores privados.

A más de un año del decreto que modificó el régimen de construcción de vivienda promovida, el negocio vuelve a tomar impulso. Al analizar la cantidad de proyectos ingresados por año, se visualiza una caída sostenida desde 2015 en adelante, proceso que comenzó a revertirse en 2020.

Según datos de la ANV -a los que accedió El País-, el año pasado hubo un alza de 49,3% dado que se presentaron 118 frente a los 79 del año anterior. En comparación con los presentados en 2018 el alza es de 27% dado que ese año se registró el ingreso de 93 proyectos. Frente a 2017 la suba es de 47,5% (80 proyectos), en comparación con 2016 la suba es de 20,4% (98 proyectos) y frente a 2015 el alza es de 47,5%.

La situación recién cambia al comparar la cantidad de proyectos ingresados en 2020 frente a los de 2014, año en el que ingresaron 132 proyectos lo que significa 10,6% menos que los presentados el año pasado. En lo que va de 2021 han ingresado 61 proyectos.

Se estima que para la construcción de unas 23.900 viviendas se invirtió aproximadamente US$ 1.900 millones si se tiene en cuenta que cada unidad tiene un costo promedio de US$ 80.000, sin incluir el terreno.

Además, desde Kopel Sánchez Arquitectos señalaron que para la creación de esa cantidad de unidades se emplean aproximadamente 3.500.000 de jornales, lo que “en 10 años representan un empleo directo de unas 1.500 personas por mes”, más allá de los puestos laborales que se generan de forma indirecta.

Por su parte, Aníbal Durán, gerente ejecutivo de Appcu señaló a El País que si se suma la “vivienda promovida, no promovida y megaproyectos” la inversión asciende a US$ 4.000 millones. Según Durán, la inversión solo en vivienda promovida asciende a “entre US$ 2.000 millones y US$ 2.500 millones”.

A su entender “la eliminación de los topes de precios de vivienda promovida era un largo anhelo de Appcu que el presidente concretó y eso determinó un aluvión de proyectos en vivienda promovida”.

Además, Durán indicó que la mano de obra “ha ido creciendo” y confió en que “este va a ser un muy buen año” para el rubro.

Ventura Go: proyecto número 1.000 de vivienda promovida

Desde Kopel Sánchez Arquitectos señalaron a El País que del total de viviendas promovidas, el 7,8% corresponden a este estudio. Según los datos que maneja la compañía son 1.559 las viviendas presentadas que se encuentran en diferentes etapas: finalizadas, en obras y por empezar.

En la empresa proyectan que este año presentarán 1.735 de soluciones habitacionales en la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) amparados en el marco de la ley de vivienda promovida.

Días atrás la ANV anunció a través de un comunicado de prensa que había recibido el proyecto número 1.000 para la construcción de viviendas promovidas. Ese proyecto pertenece al estudio Kopel Sánchez, Ventura Go, un edificio ubicado en el barrio montevideano de Cordón (Acevedo Díaz y Colonia) que cuenta con 160 unidades en 13 plantas, tendrá áreas de cowork y estudio, gimnasio, sala de juegos para niños, un bar y barbacoas. La entrega está prevista para el último trimestre de 2023.

Se presenta como un proyecto de arquitectura sustentable, con bloques de hormigón celular “que reducen el impacto ambiental” y los tiempos de obra, con “doble vidriado hermético en fachadas seleccionadas”, cortinas de aluminio motorizadas, “iluminación LED en áreas comúnes y apartamentos” y “sistemas de encendido mediante luminosidad exterior”.

Desde el estudio afirmaron que “al igual que otras grandes ciudades del mundo, Montevideo impulsa la revitalización de su centro urbano” y destacaron que “la nueva ley de vivienda promovida alienta una nueva generación de desarrollos” inmobiliarios.

Es que según destaca la ANV, la ley de vivienda promovida “además de incluir beneficios para los inversores privados, se enmarca en un programa más amplio cuyo objetivo es facilitar el acceso a viviendas a sectores de ingresos medios y medios bajos”.

Asimismo, la agencia especificó que la normativa “promueve la inversión privada en construcción, refacción o ampliación de viviendas que podrán tener como destino tanto la venta como el alquiler” de las unidades.