SEGURIDAD SOCIAL

Uruguay “cuenta con un inédito consenso político respecto a la necesidad de realizar una profunda reforma” del sistema de seguridad social, analizó ayer el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), que presentó la primera propuesta de cara a ese proceso. Se plantea elevar de forma progresiva la edad de retiro, bajar la base de cálculo de la jubilación y unificar el sistema con la supresión de las cajas paraestatales, entre otras medidas.

La ley de urgente consideración aprobada a principios de julio incluyó un capítulo con las reglas para este proceso, que comenzará con la formación de una comisión de expertos con representantes políticos y sociales -ya hay varios confirmados y Rodolfo Saldain la presidirá- que tendrán 90 días para realizar un diagnóstico del sistema previsional y mismo plazo para elevar al Poder Ejecutivo recomendaciones para la reforma.

Según anticipó el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, la aspiración del gobierno es enviar al Parlamento el proyecto de reforma a mitad de 2021.

“El país tiene una gran oportunidad para volver sustentable el sistema, para lograr que los uruguayos sientan que se respeta su aporte en actividad para lograr un retiro digno, y para que el ahorro que se genere pueda utilizarse en financiar inversiones de largo plazo”, indicó el documento con “insumos para el debate” que divulgó Ceres.

¿Desde dónde se parte? “Más del 95% de las personas mayores de 65 años cuenta con algún tipo de cobertura (en Uruguay), el mayor registro observado en la región y de los más altos del mundo”, repasó el informe.

Cuando se habla del sistema previsional local, incluye las pensiones por edad avanzada e incapacidad física, las asignaciones familiares, el subsidio por desempleo y por enfermedad -todas prestaciones que paga el Banco de Previsión Social (BPS)-.

El sistema vigente data de 1996, cuando se creó el sistema mixto, que implica una parte del régimen jubilatorio que administra el BPS bajo el método de solidaridad intergeneracional, y otro de ahorro individual que se encargan las AFAP.

En los casi 25 años que transcurrieron, “la gente vive en promedio cinco años más” lo que lleva a que “cada año, mientras fallecen unas 24.000 personas mayores de 65 años, los que comienzan a cobrar su jubilación son casi 35.000 personas”. Pero además, “las relaciones laborales se han vuelto mucho más dinámicas e imprevisibles, con menos trabajadores empleados en el sector formal, menos contratos permanentes y más contratos temporales, parciales y ocasionales”.

Estas variables llevan a que “el gasto total del sistema previsional crece sostenidamente” llegando en la actualidad a significar 12,5% del Producto, monto que es cubierto en “menos de la mitad” por los aportes que hacen los trabajadores activos y las empresas. Esto explica la necesidad actual de encarar la discusión de una reforma, que “no afectará beneficios de los actuales jubilados, sino que introduce cambios para los futuros pasivos”, señaló Ceres.

En pos de la “simplicidad” del sistema, la propuesta del centro de estudios es “integrar la institucionalidad” ya existente en el Banco Central (BCU) y el Ministerio de Trabajo, buscando fortalecer el control “de todo el sistema” creando “una superintendencia de servicios previsionales autónoma, con la jerarquía de un servicio descentralizado”.

El paso más ambicioso en términos de la simplificación, es la unificación del sistema, esto implica que dejen de funcionar las cajas paraestatales (Militar, Policial, Bancaria, Notarial y de Profesionales).

Ceres recordó que estas cajas son de “tiempos en que los trabajadores no rotaban” de sectores de actividad, pero hoy “la diversidad de regímenes expone a problemas a los cotizantes y genera desequilibrios de financiamiento”. Por esto, afirmó que “no hay ninguna justificación de fondo para tener sistemas dependiendo de la profesión o trabajo realizado”.

Otros planteos, en busca por mantener los altos niveles de cobertura y “hacerlos sostenibles en el tiempo”, son: “aumentar progresivamente la edad de retiro en todos los sistemas para adaptarla a los cambios observados en la esperanza de vida”; “ampliar la posibilidad de jubilación parcial”, que hoy es casi testimonial; “revisar la validación” de las pruebas testimoniales en los registros de historial laboral, así como “los criterios de la asignación de jubilación por motivo incapacidad”.

Respecto al cálculo del sueldo básico jubilatorio, que determina la prestación que tendrá el pasivo, las ideas son: “ampliar el período considerado para el promedio de asignaciones computables -hoy son los 20 mejores años o los últimos 10 años-; actualizar los montos por inflación y no en base al Índice Medio de Salarios como se hace actualmente; “bajar la base de cálculo del sueldo básico jubilatorio” que hoy está en 45% de lo percibido por el trabajador -crece en función de lo trabajado luego de los 30 años de servicio o los años que se postergue la jubilación desde alcanzar el causal (Ceres pide “mejorar” esta asignación)-.

Por otra parte, el centro de estudios señaló que deberían separarse las prestaciones contributivas (jubilación) de las no contributivas (seguro de enfermedad y desempleo), con “modo de financiamiento” para cada uno y “diferenciación de egresos”.

Para AFAP: más fondos y un bono a largo plazo

El documento de Ceres tiene distintas medidas para el régimen de ahorro individual que administran las AFAP. Una idea es “modificar las reglas de incentivo a competencia entre las AFAP para la captación de afiliados y distribución de las afiliaciones de oficio”.

Hoy los afiliados que no optan por una empresa van a la de menor comisión, y para Ceres debería hacerse en función “de la rentabilidad neta”, factor que permitiría “una potencial ganancia para los afiliados al incrementarse el monto acumulado” en su cuenta.

También se plantea generar nuevos fondos de inversión “para subgrupos de afiliados, que incluyan instrumentos financieros con un mayor riesgo asociado” -hoy está el subfondo de acumulación para menores de 55 años y el subfondo de retiro-. Otro aspecto a modificar según Ceres es que al momento del retiro haya más opciones de aseguradoras -que pagan una renta vitalicia en función del dinero ahorrado, negocio que hoy solo realiza el Banco de Seguros- y “nuevos productos”, para lo que creen necesario analizar “la indexación de la renta vitalicia previsional” que se ajusta por salarios.

Por otro lado, hay medidas para que los afiliados a una AFAP hagan aportes voluntarios para aumentar su cuenta individual: dar incentivos impositivos, permitir retiros de ese dinero, entre otros. Una propuesta a “analizar” es crear un bono pensado en “complementar el ingreso en el retiro”, que podría consistir en que el trabajador da un aporte extra que se invierte en títulos del Estado y que los podrá usar para financiar proyectos de largo plazo.