LA TRANSICIÓN

A diferencia del foco puesto en la inversión durante la gestión de Mauricio Macri, el gobierno de Alberto Fernández apuesta al consumo como vía para sacar de la recesión a la economía argentina. “Son dos concepciones distintas: Macri quería reducir el Estado para que el sector privado creciera; el nuevo gobierno, en cambio, cree que el Estado tiene que impulsar al sector privado. La apuesta pasa por una recuperación del consumo, con programas de apoyo por parte del gobierno y créditos con tasas de interés reales negativas. Es una estrategia que, en el corto plazo, puede funcionar”, dijo a El País el economista Gabriel Zelpo, director de la consultora Seido, en Buenos Aires.

Aunque todavía no fue presentado el programa económico del nuevo gobierno, tanto el presidente Fernández como el ministro de Economía, Martín Guzmán, fueron anticipando algunas medidas.

En principio, habrá un aumento extraordinario para los jubilados y beneficiarios de planes sociales, además de un bono para los trabajadores con salarios más bajos. A eso se le sumará en los próximos días el lanzamiento del Programa Alimentar -1,8 millones de personas serán beneficiarios de una tarjeta del estatal Banco Nación con la que podrán adquirir productos de la canasta básica sin IVA- y la puesta en marcha de un sistema masivo de créditos no bancarios a tasas muy bajas que otorgará el Ministerio de Desarrollo Social a cuentapropistas para la compra de herramientas, bienes de capital e insumos.

Con esas medidas, a las que se agrega la suspensión de nuevos incrementos de las tarifas de servicios públicos, el gobierno de Fernández pretende darle algo de alivio al segmento social más vulnerable y, a la vez, ponerle un piso a la caída del consumo.

Las consultoras privadas estiman que este año las ventas minoristas terminarán con una reducción de entre 6% y 10% para el sector de consumo masivo -incluye alimentos, higiene personal y limpieza- y un descenso aún mayor en las ventas de bienes durables, como vehículos o electrodomésticos.

El esfuerzo fiscal para poner en marcha esas medidas no se compensará con un ajuste del gasto en otras áreas del estado. “En 2020 no se debe hacer una retracción fiscal porque la recesión se acentuaría”, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Para cerrar la brecha fiscal, entonces, el gobierno apelará a una mayor presión impositiva. El sábado fue oficializada la suba de las alícuotas de las retenciones (derechos de exportación) para soja, trigo, maíz, girasol y carne. Además, se impuso un impuesto del 30% a las compras con tarjetas de crédito en el exterior, se incrementaron las alícuotas de los tributos que gravan el patrimonio y se suspendió el esquema de baja gradual del impuesto a los Ingresos Brutos que el gobierno de Macri había acordado con las provincias.

“El déficit fiscal primario, que cerrará 2019 en torno a 1% del Producto Interno Bruto (PIB), se mantendrá igual el año próximo, pero con un punto más de gasto y un punto más de recaudación”, dijo a El País el economista Miguel Zielonka, director asociado de la consultora EconViews, en Buenos Aires.

Solo con las retenciones, el gobierno de Fernández planea recaudar unos US$ 2.000 millones adicionales, el equivalente al 0,4% del PIB. Sin embargo, esas estimaciones estarán supeditadas a la evolución de las lluvias en las zonas productivas y a cuánto de la cosecha habrá quedado sin liquidar una vez que entre en vigencia la suba impositiva. El temor a la suba de retenciones disparó un anticipo de declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) de la cosecha 2019/2020 para pagar retenciones con las actuales alícuotas. Hasta fines de noviembre, las presentaciones de las DJVE habían subido casi 1.000% en soja, 230% en maíz y 53% en trigo en relación al año pasado.