EVALUACIÓN Y ACCIÓN

Inclusión financiera: subsidio para 86 poblados sin cajero

Nuevo plan del gobierno para que comercios se asocien con redes de pago.

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El proyecto que regula tarjetas de débito y crédito favorece el efectivo según informe. Foto: Archivo

Existen pueblos en el interior del país donde conseguir un punto de extracción para retirar dinero en efectivo o pagar la cuenta de luz se vuelve una odisea.

Para tratar de erradicar esta problemática, el Ministerio de Economía (MEF) junto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Observatorio de Inclusión Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República realizaron un relevamiento para identificar qué localidades lidian con este tipo de inconvenientes.

Con este trabajo como insumo, se definió un programa —que el MEF, la OPP y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) lanzarán en los próximos días— que pone la lupa, en una primera etapa, en 86 poblaciones de más de 500 habitantes que padecen esta situación.

En estos 86 lugares que no cuentan con un punto de extracción —ya sea un cajero o un local de una red de cobranza donde se pueda realizar un retiro, por ejemplo— ni tampoco con un mostrador donde pagar servicios "se desplegará una serie de incentivos y subsidios para permitir la instalación de corresponsales financieros", dijo el coordinador del Programa de Inclusión Financiera, Martín Vallcorba, cuando el miércoles visitó la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, según consta en la versión taquigráfica.

El corresponsal financiero es una figura que nació bajo el paraguas de la política de inclusión financiera llevada adelante por el Poder Ejecutivo ya desde la presidencia de José Mujica (2010-2015).

Según lo establecido por el Banco Central (BCU) en 2013, pueden ser corresponsales financieros aquellas instituciones que realicen servicios "por cuenta y responsabilidad" de bancos, administradoras de crédito, empresas de servicios financieros y casas de cambio "como actividad complementaria a su actividad principal". La corresponsalía —que deberá contar con la aprobación del BCU— está autorizada para prestar servicios como envío y recepción de giros y transferencias y cobranzas y pagos, entre otros.

En diálogo con El País Vallcorba explicó que esto permitirá que comercios establecidos en estos lugares se conviertan en corresponsables financieros y puedan ofrecer, como mínimo, dos cosas: extracción de efectivo y pago de servicios.

Para lograr esto, el comerciante no tendrá por qué hacer la gestión ante el BCU sino que podrá firmar un contrato con un administrador, que lo habilitará a funcionar como corresponsal. La norma define a los administradores de corresponsales como "las personas jurídicas de derecho público o las personas jurídicas de derecho privado constituidas como sociedades comerciales que presten los servicios" que pueden dar los corresponsales "en forma indirecta, a través de la contratación de corresponsales financieros".

Las redes de cobranza Abitab y Redpagos son administradores, con lo que los comercios interesados podrán acordar con alguna de ellas para empezar a brindar servicios de corresponsal. Otros —como la red de cobranza focalizada en el interior Urupago y la plataforma para el canal minorista Scanntech— ya pidieron la autorización al BCU para volverse administradores.

Subsidio.

En el Parlamento Vallcorba explicó que se definieron cuatro "escalones" en función de cuántos habitantes hay en cada una de estas localidades y se las clasificó en dos grupos: en las que se debe transitar más de cinco kilómetros para llegar a un punto de extracción de dinero o pago de servicios y en las que hay que recorrer entre dos y cinco kilómetros para lograr el mismo objetivo.

Con estos criterios establecidos, agregó el jerarca ante los legisladores, se decidió dar prioridad a las que presentaban una mayor distancia a recorrer y también a las más chicas. Allí estarán enfocados los subsidios, para mitigar el "costo fijo importante para un volumen de transacciones que es muy pequeño y no permite repagar el costo de la inversión", señaló Vallcorba.

En concreto, el subsidio buscará "viabilizar" la aparición de estos servicios en esas localidades, y tendrá un rango que irá desde un piso de 20% de la inversión inicial (para las localidades de más de 5.000 habitantes) hasta un máximo de 75% (para las que tengan entre 500 y 1.000 personas).

El objetivo es que un año después de su lanzamiento el programa logre que estas 86 localidades tengan un punto de extracción de efectivo, sostuvo Vallcorba.

Cambios dependen de las "condiciones".

La implementación de la llamada ley de inclusión financiera en el ámbito rural despertó críticas. La norma, señalan algunos de sus detractores, no se adecua a la realidad del campo.

Los responsables del programa escucharon estos planteos y, ante algunos, modificaron ciertas exigencias. Por ejemplo, los trabajadores en relación de dependencia que desempeñen actividades en áreas rurales o localidades con una población menor a los 2.000 habitantes que no tengan puntos de extracción de efectivo podrán seguir cobrando sus salarios a través del medio de pago de su elección, según un decreto reciente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que introduce una serie de excepciones a la normativa original. En un principio, esta posibilidad caducaba el 30 de abril pero luego se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2017. Esto también rige para beneficiarios de programas sociales y pasivos.

Ese mismo decreto definió que se considerará que la localidad cuenta con un punto de extracción cuando esté en el propio lugar o bien a no más de tres kilómetros. Esto incluye cajeros automáticos, sucursales de bancos o corresponsales financieros. Antes del 31 de diciembre de este año el MEF realizará un relevamiento de los puntos de extracción y confeccionará una lista de las localidades de menos de 2.000 personas a las que de manera definitiva alcanzará esta excepción.

En las que queden por fuera de este listado su población deberá empezar a cobrar a través de medios electrónicos.

Durante su visita a la Comisión de Hacienda de Diputados, Vallcorba hizo énfasis en estas modificaciones, al tiempo que negó que haya personas que, fruto de la ley, tengan que recorrer distancias largas para acceder a sus sueldos, debido a lo planteado anteriormente. "En el medio rural y en las pequeñas localidades no se está generando ningún cambio hasta tanto no estén las condiciones para que se pueda dar", resaltó.

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