EFECTO

La industria advierte que la ley de envases plásticos impactará en los precios al consumidor

El MEF presentó un texto alternativa en el Parlamento, que analiza una ley que aplicará un tributo a los envases plásticos y otros productos de este material. Los representantes de la industria del plástico y del sector manufacturero dijeron que nada cambia y que afectará el precio de los artículos.

Residuos plásticos. Foto: Archivo El País
Plásticos. Un proyecto de ley genera polémica en la industria porque establece diferentes aspectos sobre gestión de residuos y pone impuestos. Foto: Archivo El País

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió días atrás a la Comisión de Medio Ambiente del Senado un nuevo diseño de los artículos más polémicos del proyecto de ley que busca poner impuestos al uso de envases plásticos no retornables. Sin embargo, la industria sigue pensando que el proyecto afectará su actividad e impactará en los precios de los productos.

La iniciativa tiene 70 artículos, la mayoría ya aprobados en la Comisión. Pero siguen generando polémica los artículos 42 y 43, que tratan sobre la responsabilidad extendida de la gestión de residuos y establecen los valores máximos del Impuesto Específico Interno (Imesi) a los envases plásticos para financiar la gestión de la basura, respectivamente.

Los cambios

La redacción original establecía que el valor máximo del tributo sería: 5% para productos puestos en el mercado en envases no retornables; 180% para bandejas de materiales descartables utilizadas para contener alimentos; 20% para film plástico utilizado como material de embalaje; 180% para vasos descartables; y 180% para bolsas plásticos para transportar y contener productos y bienes.

La nueva alternativa, elaborada por el MEF, deja de lado la propuesta original de gravar los productos puestos en el mercado en envases no retornables y plantea que el impuesto a los envases “se determinará sobre la base de un monto fijo por unidad física” vendida, y su máximo será 10 Unidades Indexadas (UI) -$ 42 a los valores de hoy- por kilogramo.

Las tasas para el resto de los productos plásticos se mantienen sin cambios y se aplicarán sobre el precio de venta sin impuestos del fabricante o importador.

Respecto al otro artículo controversial, la propuesta del MEF establece la responsabilidad extendida del fabricante e importador en la gestión de los residuos especiales, salvo en aquellos casos en que sean gravados por Imesi.

Sobre este punto, el senador colorado Pedro Bordaberry dijo en la Comisión de Medio Ambiente que la redacción es “poco jurídica”, dado que fija costos pero no establece cuáles son ni cómo se gestionarán.

Asimismo, el legislador colorado indicó que dicho artículo “será de muy difícil aplicación” y que “debería ser más concreto porque, en definitiva, vamos a imponer obligaciones a los ciudadanos”.

Durante la evaluación de la nueva propuesta en la Comisión del Senado, y tras los cuestionamientos recibidos, la presidenta del órgano, Carol Aviaga, resolvió invitar a un representante del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), así como del MEF para tratar las modificaciones planteadas.

Según Aviaga, “es muy necesario” para que se apruebe este proyecto, pero indicó que “no debemos olvidar que la carga de implementar este sistema (...) tiene que ser equitativa y, entre otras cosas, debe generar un proceso de transición desde el punto de vista social y económico para las empresas que están trabajando, a efectos de no provocar más desempleo”.

La visión industrial

La alternativa propuesta por el MEF no convenció al sector industrial. Jorge Pereyra de la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico (AUIP) fue crítico con el proyecto de ley.

Manifestó que los industriales “mantienen de su puro esfuerzo económico y sin ventaja alguna del Estado”, diversos planes de gestión de residuos que abarcan el tratamiento de envases no retornables, envases usados de fertilizantes, espuma y poliestireno.

En agregado, destacó que el sector mantiene el Centro Tecnológico del Plástico (CTplas) cuyo laboratorio está “especialmente diseñado para el análisis del plástico y sus mejores aplicaciones”.

Es por esto que, según la visión del representante gremial, “no se requieren más impuestos, menos aún selectivos”. Además, dijo que “desde hace ya unos cuantos años, la responsabilidad extendida está en pleno funcionamiento”.

El problema y la solución al tema ambiental -de acuerdo a la visión de Pereyra- es el tratamiento de los residuos a nivel doméstico. Al respecto, mencionó que “la clave del éxito de todo plan” es la segregación en origen de los residuos de cada hogar. “Mientras todo se disponga junto y en la forma como hoy lo realizan, no hay plan, ni impuestos, ni plata que lo arregle”, sentenció.

A su vez, el sector industrial advierte que la aprobación y ejecución del proyecto de ley influirá en los precios al consumidor final y generará mayor desempleo. “Un impuesto selectivo solo generará inflación en su inicio y elevará precios al consumidor final”, indicó Pereyra en la Comisión.

También manifestó que existen “miles de puestos de trabajo formal y capacitado” para la gestión de residuos, por lo que consideró “una medida política con más de demagogia que de real solución” que el proyecto establezca -mediante un fideicomiso público- promover la creación de cooperativas de recolectores.

“No hay solución mágica ni veloz, y menos por la vía de los impuestos”, sentenció el delegado de AUIP.

Sector en contracción

Las autoridades del MEF no ven conveniente poner impuestos a un sector que ya atraviesa dificultades, según consignó El País semanas atrás.

Así lo dejó claro además el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, al comparecer ante la Comisión del Senado a mediados de mayo, cuando expresó que tal y como estaba redactado el proyecto, “podría implicar una carga importante para las empresas”.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los datos de la industria reflejaron que en mayo la producción se contrajo 2,5%, aunque el núcleo industrial creció por primera vez en el año. El presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Gabriel Murara, dijo días atrás que la actividad se ubica en niveles similares al 2008 y explicó que de 60 sectores que mide la gremial, hay 33 que mostraron una evolución a la baja.

MÁS

“Es un impuesto que lo va a pagar la población día a día”

Consultado por El País respecto de los cambios al proyecto de ley diseñados por el MEF, el presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Gabriel Murara, dijo que no varía nada: “sigue siendo un tema tributarista y no de mejora del medio ambiente en general”.

Además, el presidente de la CIU enfatizó en que de aprobarse el proyecto tendrá efectos negativos vinculados al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Sugirió que “hay que revisar lo que se está haciendo, porque tenemos el tratado con Europa, que también va a poner sus exigencias a nivel Mercosur y si nosotros hacemos leyes que encarecen el producto -como va a ser esta- vamos a perder competitividad”.

Murara enfatizó que el proyecto de ley plantea “un impuesto que lo va a terminar pagando la población día a día, vamos a perder competitividad, y a seguir facilitando el producto importado”, indicó.

Para mitigar los impactos en el sector, el titular de la CIU dijo que la industria necesita que dentro del Mercosur “haya una legislación general, que no implica que no sigamos trabajando en medio ambiente”. Sobre este punto, dijo que la gremial tiene “una larga tradición” y mencionó el plan de gestión de envases que se realiza actualmente en seis departamentos, así como también el sitio de residuos industriales.

“Hoy no podemos pensar en impuestos nuevos como es esto, porque hay que llamarlo como es, es un impuesto y no podemos pensar en seguir alimentando el contrabando y perder competitividad con nuestros países del Mercosur”, sentenció Murara.

El proyecto de ley que impone Imesi a la industria ha generado dos posturas diferentes en lo que refiere al rol del Estado. Mientras que el gobierno plantea gravar al sector, los empresarios de la industria consideran que el Estado debería ayudar al sector con exoneraciones fiscales.

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