Equidad

Según el BID, países de Europa que gastan lo mismo redistribuyen mucho mejor vía gasto público.

La "política fiscal y el gasto público en la región parecerían estar progresando —aunque con algunas ineficiencias— en la mejora de la equidad de corto plazo, pero aún tienen un largo trecho por recorrer para el logro de una disminución sostenida de la pobreza. Si los gobiernos quieren sostener la reducción de la pobreza y la desigualdad, deben cambiar sus prioridades: mejorar la focalización, disminuir su dependencia del gasto social no contributivo, mejorar la calidad de la educación y salud para los pobres, y mejorar la eficiencia agregada del gasto social", sostuvo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su estudio de Desarrollo en las Américas titulado "Mejor gasto para mejores vidas. Cómo América Latina y el Caribe pueden hacer más con menos", divulgado ayer.

El organismo recordó que "los gobiernos pueden utilizan las políticas fiscales (por ejemplo, los impuestos y las transferencias) para centrarse en grupos específicos y redistribuir los recursos de las personas, los hogares y las regiones ricas a las personas, hogares y regiones pobres de un país. También pueden proporcionar transferencias en especie, a saber, servicios de calidad en educación, salud y otros servicios públicos que mejoran el capital humano, lo que permite que los ciudadanos puedan tener acceso a empleos más productivos, mejores remuneraciones y una mejor calidad de vida".

Pero América Latina —Uruguay no es la excepción pese a ser de los mejores en la región— no es eficiente a la hora de reducir la desigualdad vía política fiscal.

"La desigualdad antes de los impuestos directos y transferencias es solo alrededor de un 5,3% más alta en América Latina (con un coeficiente de Gini de 0,515) que en los países desarrollados (con un coeficiente de Gini de 0,488)" lo que "no es una diferencia demasiado grande", afirmó el estudio del BID.

"Por lo tanto, la enorme diferencia en cuanto a la desigualdad del ingreso disponible entre las regiones se debe sobre todo a la política fiscal", agregó.

"De hecho, en 16 países de América Latina, los impuestos directos y las transferencias monetarias reducen la desigualdad en solo un 4,7%, en promedio, mientras que en una muestra de países desarrollados la disminución es del 38%. Uruguay, el país que más redistribuye en América Latina, lo hace menos que el país europeo que menos redistribuye", planteó el informe.

Otra forma de ver esa "ineficiencia" en la política fiscal para apoyar la equidad es que "los países de América Latina que más reducen la desigualdad (entre un 6% y un 14%) son Argentina, Brasil y Uruguay, que también están entre los países que más gastan en programas sociales (Argentina es el país con el mayor gasto social, con el 28% del Producto Interno Bruto, seguida de Brasil con el 25% y Uruguay con el 21%). Sin embargo, el tamaño no lo es todo; los países europeos con niveles similares de gasto social reducen la desigualdad al menos cuatro veces más (del 40% en el Reino Unido al 53% en Hungría e Irlanda)", cuestionó el informe.

Al ver qué pasa por rubro, el BID indicó que "el gasto promedio en las pensiones contributivas en los 16 países de América Latina es del 3,3% del PIB, en comparación con el 8,8% de la OCDE. Aunque en algunos países de la región, como Brasil y Uruguay, el gasto en jubilaciones como porcentaje del PIB se acerca al promedio de la OCDE, el efecto en la desigualdad es mucho más pequeño".

"En relación con las transferencias monetarias, América Latina gasta el 1,6% del PIB en transferencias directas mientras que la OCDE gasta un promedio del 4,4%. Una vez más, las transferencias monetarias promedio en los países que más redistribuyen —Argentina, Brasil y Uruguay— son similares al promedio de la OCDE de un 4,4% del PIB", añadió.

El organismo señaló que las transferencias monetarias condicionadas "constituyen uno de los programas más progresivos, con coeficientes de concentración que van desde los más progresivos 0,65 en Perú (con Juntos) o 0,61 en Uruguay (con las Asignaciones Familiares) hasta programas menos progresivos". A juicio del BID, Uruguay es el segundo en la región donde este tipo de transferencias tiene el mayor sesgo "pro-pobre".

A su vez, "el gasto en pensiones contributivas en América Latina es pro-rico, lo que significa que la transferencia aumenta con el ingreso de mercado; por lo tanto, los ricos reciben un porcentaje mayor que los pobres en beneficios jubilatorios. Las excepciones son Argentina y Uruguay, donde el gasto en pensiones es ligeramente pro-pobre", destacó el BID.