ANALISTAS

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Las medidas de autoaislamiento y los efectos del coronavirus dejaron al descubierto a un amplio sector de la sociedad que trabaja en la informalidad. En algunos casos son feriantes y vendedores ambulantes no registrados en la seguridad social, pero también jóvenes que comienzan a trabajar y sufren la precarización, e independientes a los que sus ingresos no les alcanzan para cubrir los aportes. Y son decenas de miles en Uruguay, y aún más en otros países de Latinoamérica.

Según un artículo publicado por expertos del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), se estima que hay unos 315.000 trabajadores en Uruguay que vieron afectadas sus tareas por la emergencia sanitaria y “quedarían por fuera de la cobertura que ofrece el subsidio por desempleo” que gestiona el Banco de Previsión Social (BPS) -se procesaron 114.000 solicitudes desde marzo-.

Este número da dimensión al problema que está enfrentando el país, a la vez que surgen diversas preguntas: ¿Cuáles son las características comunes de este grupo de trabajadores? ¿De qué forma el Estado puede darles una respuesta rápida y evitar que sean los perdedores de la crisis por el coronavirus? ¿Qué hacer el día de mañana para que haya más trabajadores formalizados y con cobertura?

El gobierno ha anunciado distintas medidas que pueden abarcar a parte de estos 315.000 trabajadores -como mayores partidas alimenticias para quienes tienen tarjetas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides)-, además de una canasta de alimentos junto a un bono de $ 1.200 para quienes no tienen empleo formal. Para esto último había unas 100.000 personas registradas ante el Mides, informó el sábado el ministro Pablo Bartol.

Hay distintas visiones entre los analistas sobre la efectividad y cobertura de este abordaje para los informales. El director académico del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Agustín Iturralde, dijo a El País que “las transferencias como asignaciones familiares y tarjeta Mides ya atienden a buena parte de esta población”, y no cree conveniente “crear nuevos instrumentos, salvo que realmente tengan el potencial” de cubrir a una población no atendida.

Mientras que Matías Brum, profesor del Instituto de Economía que trabaja estos temas, indicó en diálogo con El País que hay “una masa importante de gente en la informalidad que no tiene vínculo con el sistema” y podrían no ser atendidos.

Consultado sobre la forma de abordaje de esta población, Brum subrayó que “importan dos conceptos: escala y focalización”. Lo primero alude a “responder con una cantidad de recursos acorde al nivel del shock negativo”, y lo segundo a “enfocar los recursos en las personas más pobres y vulnerables”.

Entonces, Brum explicó que “hay que responder por parte del gobierno con la escala adecuada -se necesitan más recursos-, de la forma que más le convengan a los hogares -transferencias de dinero-, y enfocado a las personas en situación de vulnerabilidad -usando los datos ya existentes en las bases del Mides para identificar más potenciales beneficiarios, y extender el alcance y cobertura de los programas-”.

Por su parte, Gonzalo Zunino, uno de los investigadores de Cinve que realizó el artículo, expresó contactado por El País que “es muy probable que esta situación” lleve a muchos informales a recibir “ingresos por debajo de la línea de pobreza”.

Incluso, con la metodología utilizada por Cinve, identificaron 135.000 personas con derecho potencial a cobrar el seguro de paro que tendrían el mismo riesgo por su nivel salarial.

Para Zunino “sería importante generar un esquema de transferencias transitorias para cubrir la pérdida” de ingresos, porque “ninguna de las herramientas habituales permitiría” ese objetivo.

Advirtió también que “una implementación rápida” de medidas puede generar “problemas de focalización: no llegar a todos los individuos que lo necesitan o alcanzar a personas que no deberían ser beneficiarios”.

Iturralde consideró que “todo el sistema político parece alineado” detrás de la visión que este “es el momento de que el Estado en la medida de sus posibilidades -que son muy distintas en Argentina que en Dinamarca- haga todo por sostener a las personas que ven sus ingresos afectados”.

Pero “la pregunta” que surge siempre es “si es suficiente”, y auguró que habrá “medidas adicionales” si se extiende en el tiempo la crisis.

Los trabajadores informales “en Uruguay y en América Latina, suelen caracterizarse por un menor nivel de productividad y salarios”, así como por “una menor cantidad de años promedio de educación formal”, señaló Zunino.

Brum mencionó como “rasgos comunes”: el 60% son cuentapropistas -que viven de su propio negocio- cuando entre los formales lo son el 10%, y el resto trabaja en el sector privado, en establecimientos con pocos empleados, y principalmente en sectores como la construcción, el agro y en menor medida los “servicios personales, sociales y comunales”.

Además, el investigador del Iecon apuntó que “trabajan menos que los formales y están más afectados por el subempleo (no logran trabajar la cantidad de horas que quisieran)”, y reciben una menor retribución incluso a igual nivel educativo y sector que un trabajador formal.

En línea con esto, están “más expuestos a la pobreza” -el 14,7% de los informales lo son, contra un 1,9% de los formales- y tienen “casi el doble de chance de estar alcanzados por algún programa de transferencias del gobierno”.

Iturralde indicó que también hay informales con mayor nivel educativo, como los que se desempeñan en modo freelance sin estar registrados en la seguridad social, pero no deben ser el foco de atención.

“Quienes más deben preocupar son los de más baja calificación, si no son atendidos tenemos buenas chances de que la pobreza aumente significativamente”, concluyó.

El día después: ¿qué hacer para lograr mayor formalización?

Agustín Iturralde del CED señaló que las “dos explicaciones principales” al proceso de reducción de la informalidad que vivió Uruguay son “la bonanza económica y la decisión política de fortalecer los controles” de la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS). Incluso, analizó que se retroalimentan, porque en “una etapa de expansión económica es perfectamente posible pedirle a las empresas que asuman los costos de la formalidad”. Consultado sobre qué políticas públicas habría que aplicar a futuro para retomar el proceso de caída del informalismo, respondió que debería apuntarse hacia esos dos caminos, sin desatender la búsqueda de agilizar los procesos: “cuanto más simple, rápido y barato sea la formalidad más bajos son los costos económicos y de oportunidad”, sostuvo.

Por su parte, Gonzalo Zunino de Cinve planteó que al focalizarse los mayores problemas de informalismo en los “más jóvenes, los trabajadores con bajos niveles de capacitación y los independientes”, se deberían pensar medidas “focalizadas” para cada grupo “generando estímulos o facilidades” para efectuar los aportes. Esto porque en general “la restricción” para ser formales es “el nivel de productividad (en el caso de las empresas) y de ingresos (en los trabajadores independientes)”.

Matías Brum del Instituto de Economía sostuvo que “el cambio en la tendencia y la reducción en la informalidad son el resultado de políticas específicas de control y monitoreo, así como de campañas de información a la población, especialmente a los patrones”. Un “caso paradigmático” es el sector de trabajadoras domésticas, donde mediante campañas específicas se logró “disciplinar a los patrones”. Citó un trabajo de la consultora Equipos sobre el mercado de trabajo “que destruye el mito de ‘es informal porque quiere’, y muestra que en una gran mayoría de los casos no es el trabajador el que pide permanecer por fuera del sistema sino el empleador el que se lo pide o impone”.