ANÁLISIS DE EE.UU.

Un informe del gobierno de Donald Trump evaluó a Uruguay, sepa qué dice

El gobierno de Donald Trump evaluó el clima de negocio en Uruguay, con críticas al “movimiento laboral agresivo” y altos impuestos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP
"Uruguay mantiene monopolios u oligopolios gubernamentales en ciertas áreas”, describió la administración de Donald Trump. Foto: AFP

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El Departamento de Estado de Estados Unidos realizó informes sobre clima de inversión en diferentes países que divulgó recientemente. Uno de ellos fue Uruguay, donde el reporte señaló que “el gobierno reconoce el importante papel que juega la inversión extranjera en el desarrollo económico y ofrece un clima de inversión estable que no discrimina a los inversores extranjeros”. Por otro lado, se refirió a algunas dificultades para invertir e hizo hincapié en las relaciones laborales.

“Uruguay es una democracia estable en la que el respeto al estado de derecho y los debates nacionales transparentes para resolver las diferencias políticas son la norma”, al tiempo que “el Estado todavía juega un papel dominante en la economía y Uruguay mantiene monopolios u oligopolios gubernamentales en ciertas áreas”, describió la administración de Donald Trump.

Agregó que “el aumento de las tasas de criminalidad ha alarmado a los dueños de negocios”.

En el apartado laboral, el gobierno de Trump señaló que “las tres administraciones del Frente Amplio que gobernaron desde marzo de 2005 hasta febrero de 2020 apoyaron la posición de los sindicatos de que la ocupación de lugares de trabajo son una extensión del derecho de los trabajadores a la huelga” y que “la nueva administración del Partido Nacional que asumió el poder en marzo de 2020 anunció que planea revertir”.

El informe de EE.UU. sobre Uruguay indicó que “tras una economía cada vez más debilitada desde 2015, la tasa de desempleo aumentó sustancialmente y los aumentos salariales se moderaron” y afirmó que “si bien la fuerza laboral mundial está bajo presión por la automatización y la consolidación empresarial, en Uruguay el movimiento laboral agresivo, los altos impuestos y los bajos márgenes de ganancia empresarial exacerban aún más la situación” del mercado de trabajo.

“Los propietarios y gerentes de empresas nacionales y extranjeras a menudo describen las leyes laborales locales como rígidas y muy onerosas”, añadió.

El gobierno estadounidense expresó que “varios sindicatos defienden posiciones fuertemente ideológicas de izquierda, ‘antiimperialistas’ y anticapitalistas”.

“Los sindicatos son nominalmente independientes del gobierno, pero en la práctica tienen una relación cercana con la coalición de izquierda Frente Amplio” y “durante años, los líderes del Partido Comunista han ocupado posiciones de liderazgo en los sindicatos y dentro de la Ministerio de Trabajo”, argumentó.

“Los representantes del sector privado esperan que la administración recién instalada adopte un enfoque más equilibrado en las relaciones laborales durante su mandato de cinco años”, dijo el informe.

“Durante las administraciones anteriores del Frente Amplio, los líderes empresariales a menudo afirmaban que las decisiones de los consejos de salarios se inclinaban hacia los intereses de los trabajadores. No está claro cómo el cambio de gobierno afectará el equilibrio de poder en los consejos en el futuro”, agregó.

Ministerio de Trabajo. Foto: El País
Ministerio de Trabajo. Foto: El País

El Departamento de Estado de EE.UU. afirmó que “los despidos resultan a menudo en conflictos laborales, incluso si son necesarios para ajustar el empleo a las condiciones fluctuantes del mercado. En los juicios laborales, el Poder Judicial tiende a fallar a favor del trabajador, asumiendo que es la parte desfavorecida”.

Sobre los trabajadores, el reporte analiza que “la calidad en declive del sistema de educación pública de Uruguay puede limitar el número de trabajadores calificados disponibles a mediano y largo plazo” y que “muchos inversores extranjeros informan de altas tasas de ausentismo de los empleados y, como resultado, tasas de productividad inferiores al promedio”.

Patentes y crédito.

El gobierno de Trump señaló que “algunos grupos industriales critican la lentitud del proceso de concesión de patentes, así como la falta de protección de datos para la investigación patentada presentada como parte del proceso de concesión. También critican una enmienda a la ley de Patentes (aprobada en 2013) que eliminó la protección provisional para las patentes durante la tramitación” de la misma.

Por otro lado, “recientemente, las pequeñas y medianas empresas industriales estadounidenses, en la producción de productos químicos, por ejemplo” describieron “el mercado uruguayo como difícil para los nuevos participantes extranjeros. Esas pymes señalaron relaciones comerciales heredadas y lealtades, junto con una resistencia cultural de distribuidores y clientes a confiar en nuevos productores”.

A su vez, el gobierno de Trump señaló que “Uruguay asigna crédito en condiciones de mercado, pero tradicionalmente ha sido difícil obtener crédito bancario a largo plazo”.

Además, apuntó que “Uruguay aprobó una ley de mercado de capitales en 2009 para impulsarlo”, pero, “a pesar de algunas emisiones de bonos exitosas por parte de empresas públicas, el mercado de capitales local sigue estando poco desarrollado y muy concentrado en deuda soberana. Esto hace que sea muy difícil financiar proyectos comerciales a través del mercado de valores local y restringe el flujo de recursos financieros hacia los mercados de bienes”.

“Debido a su subdesarrollo y falta de liquidez suficiente, Uruguay generalmente recibe solo inversiones “activas” orientadas a establecer nuevas empresas u obtener control sobre las existentes y carece de “inversiones pasivas” de los principales fondos de inversión”, concluyó.

La visión sobre la corrupción

“En general, las empresas estadounidenses no han identificado la corrupción como un obstáculo para la inversión”, indicó el reporte de la administración Trump. “El gobierno procesó a algunos funcionarios uruguayos de alto nivel de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial por corrupción en los últimos años. El gobierno no anima ni desalienta a las empresas privadas a establecer códigos de conducta internos”, agregó. Mencionó que la Junta Anticorrupción, la Jutep, “tradicionalmente una oficina de bajo perfil y aún de alcance limitado, ganó relevancia frente a un caso que culminó con la renuncia del vicepresidente de Uruguay (Raúl Sendic) en 2017” y “desde entonces, la Jutep ha jugado un papel en la denuncia del presunto nepotismo en el sector público”.

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