IMPACTOS

El ingreso de Uruguay a la lista de OIT y el “desprestigio” para las inversiones

Si bien la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “no sancionó” a Uruguay, los hechos pusieron al país “en la opinión pública mundial y eso nos deja en posición de tener que acatar” las recomendaciones realizadas, manifestó el gerente de Servicios Legales de PwC, Martín Carrasco.

Conferencia en el Rotary Club Montevideo. Foto: Darwin Borrelli
Carrasco de PwC repasó qué implica lo ocurrido en OIT. Foto: Darwin Borrelli

Cuando hace un mes la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluyó el caso de Uruguay entre los temas a analizar en su reunión anual y luego la Comisión de Aplicación de Normas instó al gobierno a modificar la negociación colectiva, se desató un debate sobre las implicancias de estos sucesos.

Mientras asesores de inversión y otras figuras decían que la inclusión en una lista de países que incumplen con los convenios internacionales de OIT podría afectar el clima de negocios, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, salió a contradecirlos.

Ayer el gerente de Servicios Legales de la consultora PwC, Martín Carrasco, fue contundente: “es un desprestigio para Uruguay y perjudica inversiones futuras”, señaló sobre las implicancias de la resolución de la OIT en un evento organizado por el Rotary Club Montevideo.

Si bien aclaró que el organismo “no nos sancionó” ni se ingresó formalmente en una “lista negra”, estos hechos pusieron el caso de Uruguay “en la opinión pública mundial y eso nos deja en posición de tener que acatar” las recomendaciones realizadas.

La OIT instó al gobierno a modificar la negociación colectiva para priorizar los acuerdos bipartitos (sin intervención del Estado), y dio hasta noviembre para acordar un proyecto con sindicatos y empresarios.

Entre el público estaba presente el expresidente de la Cámara de Industrias, Washington Corallo, quien afirmó que “hay reuniones” entre las partes pero “no se ve voluntad” para modificar la negociación colectiva, y subrayó que eso debe ser “una decisión del gobierno” más allá de la postura de los sindicatos.

Corallo también mencionó que entre las recomendaciones, aparece no obligar a las empresas a negociar con el sindicato del sector si no hay uno propio en la compañía, algo que hoy ocurre y consideró “perjudica a las firmas más chicas”.

Asimismo, Carrasco explicó que en Uruguay a diferencia de en otros países, a los sindicatos no se les exige personería jurídica y que históricamente se les asigna “una ficción dentro del ordenamiento (jurídico) que es la personería gremial”, que les permite “moverse de forma amplia”. Sin embargo, cuestionó que al no tener personería jurídica no puedan ser responsabilizados ante por ejemplo daños durante una ocupación.

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