FISCALIZACIÓN
Según un informe del organismo, se detectaron 5.442 trabajadores no registrados y 13.564 son subdeclaración.
El Banco de Previsión Social (BPS) contabilizó unas 11.000 inspecciones a empresas el año pasado, teniendo como resultado la formalización de 19.000 trabajadores y una recaudación por las irregularidades de al menos $ 446 millones.
Así surge del informe “Plan de fiscalización 2018” que divulgó el director del BPS por los trabajadores, Ramón Ruíz.
Según el documento, se detectaron irregularidades en el 61% de los casos investigados.
Las acciones del BPS permitieron formalizar a 5.442 trabajadores que antes no lo estaban, y se encontraron 13.564 casos de subdeclaración -empleados registrados en BPS por un sueldo inferior al que efectivamente cobran- que fueron corregidos.
A su vez, el informe detalló que se detectaron 1.041 empresas y 625 obras de construcción sin registro en el BPS. “La mayor efectividad de las inspecciones estuvo nuevamente en aquellas que se realizaron por selección (79%), que consiste en determinar en base a cruzamiento de datos -utilizando el Sisca (solución integral de selección de casos a fiscalizar) que genera información de situaciones de riesgo fiscal- específicamente qué giros, zonas o empresas inspeccionar”, destacó el instituto previsional.
Hubo también una efectividad de 65% en las actuaciones generadas tras denuncias de los trabajadores, y de 54% en los operativos masivos o “rastrillo”.
Este conjunto de acciones permitió al BPS determinar deudas por $ 446 millones por aportes no vertidos, monto que “una vez culminadas las determinadas tributarias” puede ascender hasta $ 626 millones.
De acuerdo al “Plan de fiscalización 2018”, los departamentos con mayor porcentaje de situaciones irregulares fueron Flores (94%), Durazno (78%), Tacuarembó (73%) y Rivera (71%).
A principios de año el BPS había comunicado que su plan de trabajo para 2019 incluía la realización de más de 10.000 actuaciones de fiscalización e inspecciones en todo el país.
La previsión del organismo era realizar “3.995 operativos masivos, 395 por distintos mecanismos de fiscalización interna, 2.090 por inteligencia fiscal o selección de casos y 3.722 por denuncias de trabajadores, de empresas o de terceros”, quedando “un pequeño margen para actuaciones a demanda”.