RECLAMO

Hay un reclamo de larga data de miles de familias que tomaron créditos para vivienda en Unidades Reajustables (UR) y entienden fueron perjudicadas ya que pagarán por su inmueble más de lo que vale -por el fuerte crecimiento de los salarios en los últimos años (la UR ajusta por el Índice Medio de Salarios) y por haber refinanciado la deuda-. Han realizado movilizaciones, gestiones ante las autoridades y también recurrieron al Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

En 2013 este organismo emitió una “recomendación” respaldando el pasaje de las deudas en el BHU de UR a Unidades Indexadas (UI) -que ajusta en línea con la inflación-.

Una nueva resolución del INDDHH, del 21 de enero pasado, toma posición en el mismo sentido sobre las deudas que quedaron en la órbita de la ANV. Es que parte del grupo de deudores del BHU fueron trasferidos a esta dependencia del Ministerio de Vivienda (Mvotma) por una ley de 2007.

Según explica la nueva resolución -a la que accedió El País-, los deudores pidieron “ampliar la recomendación” que apoyaba el cambio de UR a UI del saldo ya que cuando en 2018 se presentaron ante la ANV “solicitando la revisión de los contratos objetos de reclamo” con la recomendación original del INDDHH, les señalaron que esta “fue realizada (solo) para el BHU”.

La Institución de Derechos Humanos “considera que la situación de los deudores de la ANV es análoga a la de los deudores del BHU tanto en las circunstancias de hecho como los fundamentos de derecho, por lo cual resulta pertinente ampliar la recomendación”, dice el texto.

Añade que “la ANV al igual que el BHU por el rol social que regía al aprobarse el régimen de contratación en la moneda de UR, debe propiciar mecanismos que permitan la revisión de los contratos objeto del reclamo”.

Cumpliendo esto, se reestablecerá “la ecuación económica” del contrato y se evitará “un enriquecimiento injusto del acreedor y una perdida en la equidad de la prestación para obtención de la vivienda, casa o habitación”.

La resolución lleva la firma de los directores del INDDHH y está dirigida a la ministra saliente de Vivienda, Eneida De León. En agosto, El País dio cuenta que el grupo de deudores buscaba contactar a los candidatos presidenciales para solicitarles una solución.