Ferreri adelantó que se construirán liceos bajo esa modalidad.

Autoridades del equipo económico volvieron a defender la eficacia de la Participación Público-Privada (PPP) ayer durante el lanzamiento del primer llamado para obras educativas —se construirán 44 jardines de infantes y 14 centros CAIF— bajo este régimen.

El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, consideró que "el mecanismo está empezando a rodar" tras la presentación de nuevos proyectos y el aumento del interés empresarial por financiar las obras. La semana pasada, El País informó que se presentaron cuatro ofertas en la licitación del Circuito Vial 3, superando el resultado de los proyectos previos.

Además, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, destacó que un tercio de las obras previstas en el Plan Nacional de Infraestructura tendrán participación de capital privado. "Todo el país debe acostumbrarse a esta herramienta, y esto incluye al sector público y al privado", agregó.

En el último tiempo, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, mostró en varias oportunidades su descontento con los plazos de ejecución de las obras mediante la modalidad de PPP. Señaló que hay "dificultades de burocracia administrativa" por la participación de varios organismos en la definición y ejecución de los proyectos, por lo que propuso crear una agencia especializada.

Para Ferreri, el modelo de PPP es "un mecanismo innovador" porque permite al gobierno "trascender las restricciones fiscales", ya que se realizan obras que se pagarán por disponibilidad de uso y con un costo para el Estado repartido en el tiempo. "Estamos haciendo lo que debemos hacer con un mecanismo sostenible en el tiempo", manifestó el subsecretario de Economía y adelantó que a futuro se construirán centros de educación media para aumentar la cobertura liceal en 20.000 cupos.

El llamado para la construcción de jardines de infantes y centros CAIF comenzará luego del 7 de diciembre que finaliza la consulta pública del pliego. Está previsto que las obras comiencen en abril de 2018 e insuman aproximadamente dos años.

La inversión estimada es de US$ 56 millones y las entidades públicas contratantes son la ANEP y el INAU, que cederán sus créditos presupuestales como garantía de pago.

El contrato suscrito con el privado será por 22 años y los pagos se realizarán de forma bimestral por la disponibilidad de uso de cada centro, estando dentro de las obligaciones del adjudicatario las tareas de mantenimiento, reparación por daños o robos fuera del horario de uso, y de limpieza —solo en los jardines de infantes—. En caso de incumplimiento en algún punto, se restará un porcentaje del monto a pagar por el Estado.

PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA