Con algo más de 11.000 unidades promovidas la inversión en viviendas de interés social alcanzó los US$ 1.147 millones en poco más de tres años. El precio de comercialización está en el centro del debate e incluso desde el gobierno se reconoce que la mayoría de las unidades terminan en manos de los sectores de mayor poder adquisitivo.

Los constructores coinciden con la visión gubernamental y la necesidad de llegar a los sectores medios y medios bajos, pero sostienen que para eso deben edificar viviendas de menor calidad, ya que de lo contrario los costos no dan.

Pero para la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (Fucvam) la dificultad que hoy representa el precio para buena parte de la población responde a la "especulación" de los inversores. Así lo establece un documento presentado ante la Comisión Asesora de Vivienda que tiene por objetivo recomendar a la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) en la elaboración de los planes quinquenales.

"El precio de venta de las unidades construidas, aún con la significativa renuncia fiscal que hace el Estado mediante exoneraciones tiene niveles que no corresponden a la vivienda de interés social y que más que duplican los que corresponden a otros sistemas de producción como, por ejemplo, las cooperativas de ayuda mutua y ahorro previo. Esto es quizá consecuencia de la contradicción implícita en tratar de conjugar la satisfacción de un derecho esencial como la vivienda, con la de hacer buenos negocios por parte de capitales especulativos", dice el documento.

La Federación reconoce que si bien se ha logrado atraer un volumen de inversiones privadas significativo y que está inserta en áreas de interés urbano a las que antes esas inversiones antes no llegaban, con más de 10.000 viviendas propuestas, hay aspectos "preocupantes" que deben ser "evaluados" antes de decidir la continuidad del sistema. Entre ellos se menciona al producto obtenido, los costos y precios, y la población a la que se llega.

Para Fucvam debe "cuantificarse el monto del esfuerzo que está haciendo el Estado con la renuncia fiscal, y en qué forma ésta aparece reflejada en el precio de venta, lo que debe ser transparentado", afirman.

"Preocupa asimismo que el Estado pueda subsidiar estas viviendas, aún las de precio topeado, para permitir que más población pueda acceder a ellas, porque sin un control de costos ello constituiría un subsidio a la oferta, a los inversores, y no a la población demandante", se añade.

Por otra parte, el documento define como "contradictorio" que mientras con viviendas de alto precio y destinadas a sectores de mayor capacidad adquisitiva se exoneran impuestos, lo mismo no se haga en programas de "claro interés social", como el Plan Juntos, los realojos o las cooperativas, entre otros. El precio promedio de las viviendas de interés social en Montevideo fue de US$ 1.820 por metro cuadrado entre mayo de 2014 y abril de este año, según datos de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). Los valores promedios más altos se observaron en los barrios La Comercial, Prado, La Blanqueada y Cordón, mientras que los precios promedio más bajos se registraron en Unión, Reducto y Aguada. Por su parte, en el interior el precio promedio fue de US$ 1.429 en Canelones, US$ 1.399 en Salto, US$ 1.475 en Maldonado y US$ 1.335 en Paysandú, Durazno, Soriano, Florida, Cerro Largo, Colonia y San José.

Esta semana el presidente de la ANV, Francisco Beltrame reconoció en diálogo con El País que el objetivo de atender a sectores medios y medios bajos de la sociedad hasta ahora no se ha cumplido. "El grueso de la producción está llegando a los sectores de mayor poder adquisitivo de nuestra sociedad", había dicho.

Para el jerarca hay dos puntos a abordar: uno que pasa por el aspecto tecnológico en aquello que permita abaratar costos, y otro por el diseño de productos teniendo claro cuáles son las posibilidades efectivas de compra por parte de la demanda, con los instrumentos que se han generado y que permiten que con menor ahorro se pueda acceder a la vivienda.

Por su parte, desde el lado de los promotores privados se entiende que es posible pensar en una nueva categoría de VIS que se puede implementar en barrios perimetrales que ya cuentan con toda la infraestructura y donde el suelo no tiene valores tan elevados como pasa hoy en zonas como el Cordón o el Centro, entre otras.

Otras variantes pasarían por modificar algunas exigencias de terminación de obra y una leve reducción de la superficie de los inmuebles, como forma de lograr precios algo más accesibles. A ello se suma la idea de que los bancos oficiales bajen sus tasas de interés para el financiamiento de las viviendas y que amplíen los plazos, para poder bajar las cuotas.

Luego de aprobada la ley, el Banco Hipotecario (BHU) salió al mercado de la vivienda social con tasas de 6% anual y las subió luego un punto hasta 7%. Los bancos privadas tenían tasas del 5% que luego se plegaron al 6% del BHU. En la actualidad hay unas 11.370 unidades ingresadas bajo el régimen de vivienda social, de las cuales hay 6.324 en construcción, 1.826 unidades terminadas y alrededor de 3.220 sin iniciar. Al 1° de junio de este año había 2.214 viviendas con boletos de reserva, compromiso de compraventa o contrato.

A fin de 2013 entró en vigencia una nueva reglamentación que puso tope al precio de venta para el 25% de las viviendas de interés social en Montevideo y se sumó a los límites que comprenden al 100% de las unidades promovidas en el interior. Un documento de la Cámara de la Construcción del Uruguay da cuenta que eso ha disminuido la presentación de nuevos proyectos. "Seguimos creyendo en relación a los topes de precios que la mejor regulación es la demanda y la oferta del mercado y no las intervenciones externas fijando topes", afirma. Por otra parte, la cámara señala que por el aumento de stock de viviendas, de las cuales muchas se destinarán al arrendamiento, en el futuro puede haber un impacto a la baja en el valor de los alquileres.

Fucvam critica a constructores por precios; son “capitales especulativos”