El juez neoyorquino Thomas Griesa autorizó a la filial argentina del banco estadounidense Citibank a pagar a los bonistas con títulos de deuda reestructurada bajo legislación argentina, en el marco del conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández y fondos especulativos.

A través de un comunicado, el Citibank Argentina anunció que la Corte del distrito sur de Nueva York "emitió una estipulación y orden por la que, entre otras cosas, no impedirá al Citi que su sucursal de Argentina cumpla con sus obligaciones de procesamiento de pago en relación con los intereses de los bonos en dólares bajo ley Argentina, que podrán ser pagados el 31 de marzo".

El juez también autorizó al banco a que "ejecute su salida del negocio de custodia de títulos en Argentina, proceso que se llevará a cabo en total acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes", según el comunicado difundido ayer por medios argentinos.

El documento precisa que "el negocio de custodia representa aproximadamente el 2% de los ingresos de Citi Argentina y, por su propia naturaleza, no tiene relación significativa con el resto de sus actividades bancarias" que se desarrollan en el país.

La entidad bancaria señala que el "Citi ha cumplido un papel relevante en la economía argentina durante más de 100 años y espera continuar desempeñando ese rol a lo largo de las décadas venideras".

La semana pasada, Griesa había rechazado una moción del banco en la que pedía ser eximido de la cláusula de pago simultáneo para poder realizar el desembolso y evitar el incumplimiento de la legislación argentina, que le acarrearía duras sanciones. La autorización de Griesa frena la escalada de tensión de los últimos días entre la filial local del Citibank y el gobierno argentino, que designó el pasado viernes a un veedor en la entidad bancaria para garantizar el pago a los acreedores que aceptaron entrar en los canjes de deuda bajo ley argentina de 2005 y 2010, con importantes quitas.

Un fallo de Griesa, que el gobierno argentino no acata, obliga a Argentina a pagar unos US$ 1.300 millones, más intereses, a fondos especulativos que rechazaron reestructurar deuda en mora desde 2001. [EFE]

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