DEUDA

En medio de la severa crisis económica que sufre Argentina, el gobierno de Alberto Fernández decidió jugar fuerte para despejar el fantasma del default. Luego del bajísimo nivel de adhesión que había registrado la oferta de canje de deuda lanzada en abril, la segunda propuesta oficial presentada el lunes 6 de julio se acerca mucho más a los reclamos de los acreedores.

Lejos de la primera oferta que implicaba un valor presente neto -esto es, lo que recibirán los acreedores- de US$ 39 por cada US$ 100 de la deuda original, la nueva propuesta ronda los US$ 53,50.

“Esta nueva oferta, mucho más favorable a los acreedores, es una señal clara de que Argentina quiere acordar”, dijo a El País el economista Lorenzo Sigaut Gravina, director de la consultora Ecolatina, en Buenos Aires.

Además de la menor quita de intereses, el recorte de capital también cayó del 5,4% promedio en la propuesta original al 1,9% actual. A eso se agrega que Argentina propone ahora empezar a pagar intereses en septiembre de 2021 en lugar del planteo inicial de hacerlo recién a partir de 2023. Por último, la nueva oferta reconoce los intereses devengados hasta la fecha de cierre de la operación para los bonistas que ingresen hasta el 4 de agosto e incorpora mejoras en términos legales, que era uno de los principales reclamos de los acreedores.

Según la consultora ACM, bajo la última oferta se pagarán US$ 16.000 millones más en los próximos 10 años que lo que se hubiesen pagado bajo el perfil de vencimientos de la primera propuesta.

Con esos ajustes, el gobierno argentino busca ahora sí avanzar en el canje de 21 bonos emitidos bajo ley extranjera por un valor total de US$ 66.238 millones. Hasta ahora, solo un comité de bonistas en el que participan fondos de inversión como Fintech, Gramercy y Greylock respaldó la propuesta presentada por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La expectativa del gobierno argentino es sumar en los próximos días también a los tenedores minoristas.

Para eso, el gobierno incluyó una cláusula por la que podría anular la operación en caso de no obtener un determinado nivel de adhesión a su propuesta. Esto implica un reaseguro para los pequeños inversores dado que no serán forzados a entrar en una operación con baja participación en la que recibirían nuevos títulos con escasa liquidez.

“Hay fondos que ya dieron su aval a la oferta en gran medida porque tienen otros activos en Argentina, y eso les da un incentivo para que la negociación alcance un alto grado de aceptación y, con eso, caiga la percepción de riesgo. También es probable que ingresen buena parte de los tenedores minoristas dado que tienen menos espalda para litigar en tribunales de Nueva York”, dijo a El País el economista Martín Vauthier, director de Estudio EcoGo, en Buenos Aires.

“La gran duda es qué pasará con los dos grandes consorcios de acreedores que tienen cerca de un tercio de los bonos a canjear”, agregó.

Los dos principales grupos de tenedores de bonos argentinos, Exchange Bondholder Group y Ad Hoc Bondholder Group, rechazaron el miércoles pasado la nueva propuesta argentina, aunque señalaron que la oferta revisada “es un paso en la dirección correcta”. Ad Hoc Bondholder Group es encabezado por BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo.

Aunque la nueva oferta presentada por Argentina se acerca mucho a los planteos originales de los acreedores, todo indica que los grupos más duros buscarán hacer valer en la negociación el alto porcentaje de los bonos a canjear que tienen en sus carteras.

Para activar las llamadas cláusulas de acción colectiva (CAC) -aquellas que fuerzan a los que rechazaron la oferta a atenerse a las condiciones aceptadas por la mayoría-, se requiere la aceptación de buena parte de los bonistas. En el caso de los títulos del canje emitidos en la anterior etapa kirchnerista se necesita una adhesión del 85% a la propuesta, y en los bonos emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri se requiere alcanzar el 66,6%.

“Sin el aval de los dos principales grupos de acreedores, sería imposible llegar a activar las cláusulas de acción colectiva y cerrar definitivamente el tema de la deuda. Para el gobierno, activar esas cláusulas es clave porque despejaría definitivamente el riesgo de holdouts (acreedores que se niegan a participar en el proceso de reestructuración y luego acuden a la Justicia)”, dijo Vauthier.