Se trata de comercios inspeccionados el verano pasado.

La Justicia habilitó a la Dirección General de Impositiva (DGI) a la clausura de unos 80 establecimientos comerciales que habían sido inspeccionados durante la pasada temporada de verano y se habían detectado irregularidades.

El director de Rentas, Joaquín Serra, informó ayer que la sanción a los comercios se efectivizará "en diciembre en el caso de los establecimientos permanentes y en enero en los establecimientos de temporada". Explicó que las irregularidades constatadas pasaban por no facturación, subfacturación o no pago de garantías en el caso de los "comercios golondrinas" (que abren solo durante el verano).

Consultado sobre la demora de un año entre la inspección y la clausura, Serra señaló que es el tiempo promedio del trámite que realiza la DGI ante el Poder Judicial. "Primero hay que dar vista al contribuyente que tiene derecho a hacer sus descargos, luego dar cuenta a la Justicia que tiene sus tiempos y donde también puede haber un descargo", detalló el jerarca acerca del proceso.

El operativo verano realizado por el fisco la temporada pasada incluyó un grupo de 130 inspectores que se desplegaron en zonas turísticas de Colonia, Canelones, Maldonado y Rocha. En total se realizaron unas 5.000 inspecciones a 4.000 empresas durante la primera quincena de enero, aumentando el número de fiscalizaciones respecto al verano anterior, informó en su momento la DGI.

A principio de este año se había procedido a la clausura de 20 comercios ubicados en balnearios costeros que arrastraban irregularidades de inspecciones hechas en el verano de 2015.

Además, según supo El País próximamente culminarán el trámite judicial varios expedientes que derivarán en el cierre de comercios de la zona de La Unión, donde la DGI realizó un operativo de fiscalización en abril del año pasado. Unos meses después, un control similar se realizó en comercios de Carrasco y también se constataron irregularidades que derivaron en pedidos de cierre a la Justicia.

Las leyes vigentes permiten clausurar los establecimientos entre uno y seis días dependiendo de la gravedad de la defraudación tributaria, y hasta 30 días en casos de ser reincidentes.

Esta semana, El País informó que la DGI desembarcó en Pocitos a través de un operativo georeferenciado donde se inspeccionaron a 192 contribuyentes y en 15 casos se encontraron irregularidades que ameritan la clausura de locales, en especial del rubro gastronómico.

OPERATIVO VERANO