JORNADAS DE DERECHO

Entre el Banco Central (BCU) y el Poder Judicial rige un convenio que permite la tramitación de los oficios judiciales a partir de información otorgada por el propio regulador o circularizada a través de otros actores del sistema financiero. A través de este mecanismo, el banco recibe entre 6.000 y 7.000 solicitudes judiciales de información por año.

Así lo afirmó la abogada Cintia Bolani, al disertar sobre los aspectos prácticos de las solicitudes judiciales de información, en un evento virtual que se realizó ayer en el marco de las IX Jornadas de Derecho Bancocentralista que organiza el regulador.

Según señaló Bolani, si bien dicho convenio ha “acelerado y facilitado” los trámites judiciales, aún hay “ciertos errores” o “ausencias de información” en las solicitudes que llegan al regulador, lo que termina en el rechazo por parte del BCU.

Entre las principales solicitudes de información que el banco recibe, Bolani las diferenció en dos tipos. Por un lado, la que refiere a información que el banco tiene por sí mismo y por otro lado, la información que se le pide al regulador pero que este no tiene por sí, por lo que debe oficiar de intermediario y solicitarla a otras entidades supervisadas.

Este segundo tipo de información es -según la abogada- la más “mitológica” dado que “hay una idea de que el banco tiene una gran base de datos con toda la información bancaria de las personas y esto no es así”. A su entender, la realidad es que lo que el regulador tiene “es una vía de comunicación rápida, ágil y efectiva con sus entidades supervisadas”, las que sí tienen la información solicitada.

Entre los pedidos que el BCU debe transferir a sus entidades supervisadas, las más rechazadas -según indicó Bolani- son las solicitudes de información sobre cuentas bancarias en general, la información bancaria de personas que fallecieron (en caso de sucesiones) y los embargos de cuentas bancarias no identificadas.

Por otro lado, en relación a la información que el BCU tiene por sí mismo, las solicitudes de información que ameritan más rechazos son las que tienen que ver con el registro de titulares de participaciones patrimoniales al portador y beneficiarios finales.

Según aconsejó Bolani, para que el regulador no rechace esa petición, los solicitantes deben tener en cuenta que esa información está protegida por secretos específicos, por lo cual se debe “hacer referencia a la norma concreta que protege esa información” y explicar el porqué se debe proporcionar esa información.

Otras solicitudes que están entre las más demandadas tienen que ver con cuáles son las aseguradoras que están autorizadas para actuar en plaza, quiénes son los directores de algunas entidades supervisadas por el BCU así como las tasas medias de interés en determinado período.

“Nuestras sugerencias son bastante sencillas: encuadrar el pedido en la norma jurídica que corresponde; si está protegido por algún tipo de secreto, indicarlo y señalar la causal que excepciona ese secreto para el caso concreto y si la norma pide además algún tipo de requisito, que se incluyan esos datos en el pedido”, recomendó Bolani.