Ley integral

Lavado de activos: 4.000 registrados para reportar

Incluye a profesionales, casinos, inmobiliarias y otras actividades.

Espinosa desde 2017 es el secretario antilavado. Foto: Marcelo Bonjour
Daniel Espinosa.. Foto: Marcelo Bonjour

La ley integral contra el lavado de activos aprobada en 2017 y que se reglamentó hace unos meses sumó a un grupo de actividades (como abogados y contadores que realizan ciertas tareas, inmobiliarias, casinos, rematadores y comerciantes de antigüedades) como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas por el origen de los fondos.

Esas personas físicas y jurídicas abarcadas por la obligación tuvieron plazo hasta el 18 de febrero para inscribirse ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

El secretario antilavado, Daniel Espinosa, informó a El País que se registraron unas 4.000 personas físicas y jurídicas, que se suman a los escribanos y operadores de zonas francas que están dentro de los que deben realizar reportes pero ya estaban inscriptos previamente. “Vamos a estar en torno a los 14.000 sujetos obligados” para controlar, indicó.

Espinosa explicó que ahora los técnicos de Senaclaft van a “analizar los datos para ver si es razonable (el número de inscriptos) y hacer la verificación”. Agregó que los sectores con más inscriptos fueron los contadores y abogados, e inmobiliarias.

La reglamentación de la ley sostiene que cuando exista sospecha por parte de alguno de estos sujetos que pueden ser usados “como instrumento para cometer el delito de lavado de activos o financiamiento del terrorismo”, deben realizar “un análisis de riesgos individual del cliente y de las principales características de las operaciones que se proponga realizar”.

Para evaluar el riesgo, deben tener en cuenta “el tipo de cliente, la relación de negocios, el producto, la operación y la ubicación geográfica”, y así se establecen procesos de debida diligencia “simplificada”, “normal” e “intensificada”.

La ley integral antilavado también incorporó entre los obligados a aplicar controles sobre el origen de los fondos a las asociaciones civiles (con ingresos mayores a US$ 490.000) como iglesias, clubes deportivos, partidos políticos y sindicatos. En este caso aún no se emitió la reglamentación que fije las reglas del proceso, ya que la Senaclaft aguarda los datos de un censo realizado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para conocer el número de entidades abarcadas por la normativa.

Espinosa había dicho a El País que hay unas 20.000 organizaciones de este tipo en los registros del MEC, pero muchas no tienen actividad o están por debajo del umbral de ingresos.

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