COMBATE

Autoridades que combaten este delito hablaron acerca de la evaluación del Gafilat que se aproxima.

Uruguay está en una fase de entrenamiento y puesta a punto. El país se encuentra en la antesala de una evaluación clave en materia de lavado de activos que determinará, a los ojos de un organismo internacional, con cuánto vigor ha encarado el combate a este delito. La puntuación que saque en este examen repercutirá, a su vez, en cómo lo vea la comunidad internacional en este terreno.

Ayer, el titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Daniel Espinosa, repasó los pasos recientes que Uruguay ha dado de cara a esta instancia, y también detalló qué hará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), la organización regional que busca la prevención y el combate del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, cuando llegue la hora de poner al país bajo su micros-copio.

Espinosa —que habló ayer en un evento organizado por el estudio Brum-Costa Abogados— mencionó varios de los "ingredientes" que pesarán al momento del análisis, cuyo puntapié inicial será en octubre de este año, cuando se realice una visita de "preevaluación". Uno de estos elementos es el resultado de la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal (que entró a regir el pasado noviembre) en el combate al delito. Otro de los aspectos señalados es la aparición en escena de dos leyes —una ya aprobada, la de lavado de activos; otra todavía pendiente de promulgación, de antiterrorismo— que mejoran el marco normativo.

También influirá la ley de inclusión financiera, dijo Espinosa, porque ayuda a la "trazabilidad" de las transacciones, algo que es visto con buenos ojos por los evaluadores.

Uruguay —con la Comisión Coordinadora Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo a la cabeza— ha hecho los deberes para cumplir con las 40 recomendaciones que evaluará el Gafilat, y también para lograr los niveles de efectividad propuestos.

Pese a esto, admitió Espinosa, hay "incertidumbre" acerca de cómo le irá al país en esa instancia, pero añadió que "el país no se muere si nos va mal".

Los evaluadores visitarán Uruguay en mayo de 2019 y la aprobación en el plenario del organismo será en diciembre de ese año.

Uruguay, a criterio de la máxima autoridad nacional en este terreno, tiene "un grado de aplicación y de cumplimiento" que es "aceptable". Los problemas del país, agregó, "muchas veces pasan más por la cantidad de recursos que pueden tener organismos clave del sistema antilavado" que por el diseño o funcionamiento del mismo.

Estos meses previos a las primeras etapas de la evaluación serán agitados. Resta aprobar el proyecto de ley de financiación del terrorismo, sacar los decretos reglamentarios de ambas leyes, y analizar los riesgos sectoriales tanto del universo financiero como del no financiero, dijo Espinosa. "Vamos a tener que hacer cosas de apuro que podríamos haber hecho antes", planteó.

El jerarca también se refirió a la supervisión del sistema no financiero (SNF), que a partir de diciembre de 2015 está bajo la égida de la Senaclaft. Entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017 se realizaron 767 visitas de supervisión del SNF. De un año a otro, añadió, se notó "una mejora en la aplicación de determinadas normas". Fruto de estas actuaciones se concretaron 20 sanciones, aplicadas en los casos más "serios", dijo.

De hecho, Espinosa destacó que el año pasado el 27% de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que presentaron ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) los sujetos obligados, correspondió al SNF.

El gerente de la UIAF, Néstor López, se refirió ayer en el mismo evento al mojón que Uruguay tiene en el horizonte. "La evaluación de 2019 es un desafío para todos", dijo. "Queremos prepararnos lo mejor posible para esa evaluación" que es "muy importante para el país", enfatizó.

El gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU), Néstor López, fue otro de los oradores ayer en el evento de Brum-Costa.

El funcionario destacó que el ROS es un "insumo esencial en el sistema de prevención de lavado" e hizo un llamado por más reportes de este tipo, pero "con más calidad".

En 2017 la UIAF recibió un total de 556 ROS. A pesar de que se observa una tendencia creciente en los últimos años, precisó López, "tiene gusto a poco esto".

El sistema no financiero —dentro del que se incluyen las zonas francas, el sector societario y el inmobiliario— pasó de 82 reportes en 2016 a 151 en 2017, un salto de 84%, pese a lo cual López sigue considerando que es un número "un poco escaso".

El gerente de la UIAF puso números sobre la mesa para mostrar el porqué de su comentario. En 2017 hubo en Uruguay 35.450 operaciones de compraventa de inmuebles. En un país con 6.850 escribanos y 3.900 inmobiliarias, los primeros realizaron 37 ROS y las segundas, solo 20. "A todas luces parece un guarismo bastante reducido", planteó. Por otra parte, de las 7.100 firmas que administran sociedades o realizan operaciones por cuentas de terceros solo surgieron 33 ROS el año pasado y de los intermediarios financieros 17.

El sector bancario, en tanto, fue el que presentó más reportes —260— aunque, dado su porte, "también parece poco", dijo López.

Por este motivo, el funcionario aprovechó la ocasión para pasar un mensaje de "seguridad" y "confidencialidad" a los sujetos obligados. Temores sobre esto, dijo, pueden en parte explicar "ese reducido número en el sector no financiero".