HUB REGIONAL

¿Qué le falta a Uruguay para ser la Luxemburgo del Sur en exportación de servicios?

Expertos dicen que "es fundamental que Uruguay avance" en el tema y proponen cuatro medidas para impulsar el comercio de servicios.

Inauguración del edificio Celebra. Foto: Archivo El País
El 49% de las exportaciones de servicios de Uruguay salen desde las zonas francas. Foto: Archivo El País

La exportación de servicios desde Uruguay al mundo tiene actualmente una oportunidad debido a la coyuntura económica y sanitaria, que sumada a la forma en la que el país ha demostrado manejar la pandemia se convierte en un “momento importante” que “se debe capitalizar”.

Así lo afirmó el contador y exsocio director de KPMG Mario Amelotti, en el marco de un encuentro virtual organizado por la Academia Nacional de Economía (Acadeco) en el que junto al abogado Carlos Loaiza y el analista financiero Diego Rijos, presentaron el panorama actual del comercio de servicios de Uruguay, junto con cuatro medidas prácticas para impulsar el crecimiento del país como un hub regional en la exportación de servicios.

“Uruguay ha demostrado ser algo diferente en la región, hay que capitalizar eso”, señaló Amelotti y añadió que “es fundamental” que Uruguay avance en la exportación de servicios.

Por su parte, Rijos, manifestó que “históricamente” Uruguay ha exportado más servicios sobre el Producto Interno Bruto (PIB) respecto al resto del mundo (15,39% versus 13,27%) y que el país “está acostumbrado” a tener una “buena performance”. Entre los datos más relevantes, el analista financiero indicó que actualmente US$ 3.400 millones corresponden a la exportación de servicios por parte de Uruguay y dijo que el 49% de las ventas salen desde zonas francas.

Las cuatro medidas.

El equipo de especialistas elaboró cuatro medidas “concretas y prácticas” que el país puede implementar para poder convertirse en un hub regional para la exportación de servicios.

La primera recomendación, según explicó Loaiza, implica la puesta en vigor de algunos convenios para evitar la doble imposición que ya están negociados y suscritos por Uruguay con algunos países como Brasil, pero que todavía están pendientes de aprobación parlamentaria. Así como también la negociación de nuevos acuerdos con países como Colombia, Perú, Estados Unidos y la renegociación del acuerdo ya suscrito con Argentina.

La segunda medida implica la introducción -por parte de Uruguay- de una norma propia unilateral para evitar la doble imposición, “admitiendo que se aprovechen créditos fiscales por los contribuyentes uruguayos exportadores de servicios por los impuestos pagados o retenidos en el exterior”, explicó Loaiza.

En tanto, la tercera propuesta es derogar o modificar de forma “sustancial” la denominada “regla candado” (para desestimular maniobras evasivas) que implica que para que un gasto pueda ser deducido por un contribuyente, dicho gasto debe constituir para la contraparte rentas gravadas por una imposición efectiva a la renta en el exterior.

Esta medida sería positiva “para admitir el aprovechamiento de gastos del exterior asociados a la prestación de servicios al exterior. Ese sería el punto porque claramente cuando uno presta servicios al exterior toma como input conocimientos o tecnologías que a su vez recibe del exterior y tiene que poder tener un régimen más liberal para aprovechar esos gastos”, explicó Loaiza.

Asimismo, el abogado argumentó que las autoridades fiscales “hoy tienen acceso a mucha información” por lo que “no debería haber riesgos serios de que esto se utilice mal”.

La última y cuarta propuesta refiere a modificar la normativa y extender el concepto de exportación de servicios para hacerlo acorde al principio estricto de destino.

Es que según explicaron los especialistas, la imposición a consumo tiene como principio que se debe gravar en el destino donde se recibe el servicio, empero, lo que se ha hecho en Uruguay “es una lista taxativa (es decir que lo que no queda incluido debe estar gravado) bastante compleja y larga de exportaciones de servicios”.

Según Loaiza, “lo mejor es ir a un concepto más amplio” en el que “todo servicio prestado desde Uruguay a una empresa del exterior, que es la beneficiaria final de ese servicio, no esté gravado con IVA”.

Es que, de lo contrario, el que recibe el servicio no puede “aprovechar ese IVA como sí lo aprovecharía si fuera una empresa en Uruguay la que recibe el servicio”, por lo que ese IVA que es cargado al exportador de servicios se transforma “en un costo hundido para el que recibe el servicio (dado que no lo puede deducir)”, y eso a su vez redunda en mayor precio y pérdida de competitividad para el exportador.

Si bien los especialistas indicaron que las cuatro medidas “no abarcan” la totalidad de las exportaciones de servicios, en términos generales entendieron que “va a brindar aspectos de competitividad para Uruguay y va a potenciar aún más el desarrollo de servicios con alto valor agregado y de retorno para el país”, concluyó Melotti.

“Es clave para el progreso”

El abogado y socio local del estudio Garrigues, Carlos Loaiza, dijo que para un país de las características de Uruguay, la exportación de los servicios “es clave y crucial para el progreso equitativo”. y la generación de nuevas oportunidades. Para que el país pueda realmente crecer en esta área, Loaiza llamó a mirar el ejemplo de Luxemburgo y de otros países que como este, han logrado convertirse en hub regionales de servicios.

De acuerdo con Loaiza, los actores llamados a implementar las cuatro medidas propuestas son el Ministerio de Economía y Finanzas, la Cancillería y el Parlamento. Por otra parte, el abogado manifestó que la propuesta planteada “no solo” busca revalorizar la importancia de los regímenes promocionales que ya existen en el país, sino que además lo que buscan es “tratar de evitar distorsiones y no generar beneficios para un sector particular”.

A su entender, las cuatro medidas lograrían “evitar el impacto de las retenciones de impuestos en otros paises para impactar de forma positiva” en Uruguay. “No proponemos ni desmantelar los regímenes promocionales, ni convertir a todo Uruguay en un régimen promocional, sino buscar un ajuste más preciso en la capacidad contributiva de los exportadores de servicios”, concluyó Loaiza.

Por su parte, el analista financiero Diego Rijos, manifestó que además del diseño institucional de la propuesta y de los actores directamente vinculados, se precisa que desde el sector privado demanden soluciones. “Tiene que ser el sector privado productivo el que le acerque las inquietudes al gobierno”, concluyó.

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