INVESTIGACIÓN

América Latina, y Uruguay no es la excepción, tienen lecciones para aprender del pasado y no caer en ciclos de crecimiento, estancamiento y crisis.

En ese sentido, en julio próximo se publicará el libro “Una historia monetaria y fiscal de América Latina, 1960-2017”, un proyecto lanzado en 2013 por el Becker Friedman Institute para economía de la Universidad de Chicago. El proyecto fue dirigido por Timothy Kehoe de la Universidad de Minnesota y Juan Pablo Nicolini del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis. El manuscrito del libro fue publicado recientemente on line.

Uno de los capítulos, escrito por Kehoe, Nicolini y Thomas Sargent se titula “Marco para el estudio de la historia monetaria y fiscal de América Latina, 1960-2017” que es el que da la base para el análisis de 11 países (Uruguay entre ellos).

“Nuestra hipótesis fundamental es que, a pesar de sus diferentes manifestaciones, todas las crisis económicas en América Latina han sido el resultado de políticas macrofiscales mal diseñadas o mal implementadas”, sostienen Kehoe, Nicolini y Sargent.

“El escenario prototípico de una crisis es que, debido a las presiones sociales, el gobierno aumentó los gastos sin un aumento compensatorio de los ingresos. Inicialmente, financió el déficit resultante con préstamos, y una gran parte del endeudamiento se realizó en el exterior. Cuando la deuda alcanzó un cierto nivel, los prestamistas no estaban dispuestos a prestar más y se desató una crisis. Este proceso continuó hasta que hubo una reforma. En varios países, el proceso que condujo a una crisis se produjo más de una vez. Una conjetura razonable es que la prevalencia de las crisis está en la raíz de una fracción considerable del estancamiento de América Latina”, añaden.

“Esperamos que esta secuencia de estudios sirva de motivación para otros en la búsqueda de reglas de política que puedan ayudar a romper el círculo vicioso de crisis y estancamiento en América Latina”, indican.

El capítulo de Uruguay fue elaborado por los economistas Gabriel Oddone (Universidad de la República y Cinve) y Joaquín Marandino (Universidad Torcuato Di Tella).

“El análisis de las restricciones presupuestarias muestra que, en 1960-2017, el financiamiento del sector público de Uruguay fue principalmente inflacionario. En promedio, dos tercios del total de fuentes provinieron del impuesto inflacionario y un tercio de la deuda pública”, explican.

Según Oddone y Marandino “entre la década de 1960 y finales de la de 1980, la inflación crónica se asoció con grandes déficits fiscales. Esto provocó inestabilidad nominal, que terminó por generar rigideces nominales (indexación de precios / salarios) y dolarización de los activos financieros. Ambos aumentaron la vulnerabilidad financiera del sector público y limitaron la capacidad de las políticas macroeconómicas para estabilizar la economía”.

“Sin embargo, desde la década de 1970, pero especialmente después de 1991, la apertura de la economía, la liberalización financiera, el mayor acceso al financiamiento externo, los planes de estabilización y la institucionalidad más restrictiva del Banco Central (BCU) disminuyeron el financiamiento inflacionario de los déficits fiscales. Además, después de la crisis de 2002, la menor participación de la deuda pública en moneda extranjera redujo la vulnerabilidad del sector público”, agregan.

En esa “transición, Uruguay tuvo que soportar dos grandes crisis: una en 1982 y la segunda en 2002. La primera resultó muy costosa en términos fiscales y recuperó la monetización de los déficits, mientras que la segunda tuvo efectos significativamente menores sobre el déficit y la inflación. Esto sugiere que los gobiernos han comprendido lentamente la importancia de las restricciones fiscales para garantizar la estabilidad nominal”, afirman los autores.

“La integración comercial y financiera de Uruguay con Argentina influyó en el desarrollo y el resultado de estas dos crisis. En primer lugar, la devaluación del peso argentino en septiembre de 1981 agravó los problemas de balanza de pagos que terminaron con la devaluación del peso uruguayo en noviembre de 1982. En segundo lugar, la corrida bancaria en 2002 comenzó con una salida masiva de depositantes argentinos tras el aumento del riesgo de contagio. Una vez más, la situación en Argentina precipitó la devaluación de la moneda de 2002”, expresan.

Recuerdan que “entre 2003 y 2012 los superávits fiscales primarios y la reducción de la deuda pública denominada en moneda extranjera en la última década redujeron la vulnerabilidad financiera”.

Pero, “entre 2012 y 2017 la pérdida de superávits primarios aumentó levemente la necesidad de recaudar el impuesto inflacionario y restringió el margen de maniobra para manejar los shocks externos”, indican.

Oddone y Marandino creen que hay “algunas lecciones que se pueden aprender del caso de Uruguay y pueden ser útiles para explicar el desempeño de otras economías latinoamericanas”.

En ese sentido, señalan que “los planes de estabilización basados en anclas cambiarias con ajustes fiscales insuficientes podrían inducir, en determinadas circunstancias, a crisis de balanza de pagos, devaluaciones monetarias, crisis bancarias y aumentos de los pasivos del banco central, que, eventualmente, pueden conducir a crisis de deuda pública y volatilidad cíclica”.

“Además, el seguro implícito de los depósitos bancarios, la dolarización de la deuda pública y privada y los compromisos sobre el tipo de cambio requieren una política fiscal sólida y consistente. Esto parece ser común en (las crisis de) Argentina (1981, 2001), Chile (1983) y Uruguay (1982, 2002)”, concluyen.

Evitar la “ilusión de que la deuda es menor”

Todos los capítulos del libro tienen a su vez su correspondiente comentario externo. En el caso uruguayo, estuvo a cargo del asesor Senior del Departamento de Investigación y Coordinador de la Red de Estabilidad y Desarrollo Financiero de los Bancos Centrales de América del Sur en el BID, Eduardo Fernández-Arias.

Además de analizar el trabajo de Oddone y Marandino, Fernández-Arias propone que “Uruguay necesita un enfoque estructural para la gestión fiscal, es decir, considerar las cuentas fiscales y la deuda pública purgadas de los efectos del ciclo económico y las fluctuaciones temporales de la valoración (como los tipos de cambio reales y las tasas de interés). Las mediciones estructurales revelan la verdadera postura de la política fiscal y el contenido real de la deuda, evitando la ilusión de que la deuda es menor cuando se aprecia la moneda y que el gasto puede expandirse sin riesgo cuando aumentan los ingresos fiscales”.

Este enfoque es “necesario para una correcta evaluación de la sostenibilidad fiscal y una política fiscal prudente, así como para decisiones fiscales macroeconómicamente eficientes a lo largo del tiempo”, agrega.

“Dentro de un marco de política fiscal estructural, Uruguay necesita reglas y procesos fiscales adecuados para definir metas que tengan en cuenta parámetros como el nivel de deuda y las proyecciones de gasto en seguridad social. Estos son algunos de los puntos pendientes de la agenda de reformas”, concluye.