NORMATIVA

Un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para poner Imesi a los envases de plástico no retornable, está en Comisión del Senado. El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, explicó que el gobierno podría recaudar hasta US$ 80 millones al año. Aclaró que habrá una “contrapartida” para las empresas.

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El Poder Legislativo tiene a estudio un nuevo proyecto de ley vinculado a temas ambientales, que viene a complementar la norma aprobada hace unos meses y que entrará a regir en julio vinculada a las bolsas plásticas. Se denomina de gestión integral de residuos, fue remitida el año pasado el Poder Ejecutivo y entre otras medidas, dispone el cobro de una tasa impositiva a los productos envasados en material no descartable.

El objetivo es “dotar al país de una ley que brinde el marco jurídico para lograr una gestión sostenible de los residuos, impulse un modelo de gestión integral que contemple todas las etapas y que incorpore la dimensión social, ambiental y económica”, dice la exposición de motivos.

El Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente (Mvotma) formulará un plan nacional de gestión de la basura cada cinco años, incorporando “las directrices relativas a la gestión integrada de los distintos grupos de residuos.

Esto surge atendiendo, según admite el gobierno, que hoy “la gestión de residuos a nivel nacional continúa siendo deficiente en todas las corrientes de residuos, desde los de origen en actividades productivas hasta los domiciliarios”. Particularmente, el tratamiento de los “residuos de envases y embalajes es la que presenta actualmente los principales problemas”.

Se propone derogar la ley de reciclaje de envases de 2007 y pasar a “un modelo nuevo, basado en un tributo que permitirá el financiamiento del sistema de recolección selectiva y clasificado de estos materiales en sustitución de la tasa que las empresas ya pagan”. Hoy existe un fideicomiso que administra el sector industrial privado.

El proyecto de ley identifica un listado de “residuos especiales”, que incluye aparte de los envases y embalajes cualquiera sea su origen y función, a las baterías y pilas, neumáticos, aceites usados y vehículos, entre otros.

Los fabricantes o importadores de esos productos deberán registrarse ante el Mvotma, y toda la cadena (incluidos los comerciantes e intermediarios) estarán obligados “a aceptar la devolución y retorno de los productos y envases una vez culminada su vida útil”.

También se impondrá la “responsabilidad extendida del fabricante e importador en la gestión de los residuos especiales”, es decir que deberán asumir “los costos totales” del tratamiento luego de utilizados. La excepción a esto son los envases y embalajes de material no descartable, que pasarán a tener una tasa de Impuesto Específico Interno (Imesi).

Según establece el artículo 43 del proyecto de ley, el valor máximo de ese impuesto será: 5% para productos puestos en el mercado en envases no retornables; 180% para bandejas de materiales descartables utilizadas para contener alimentos; 20% para film plástico utilizado como material de embalaje; 180% para vasos descartables; y 180% para bolsas plásticos para transportar y contener productos y bienes.

La idea con ese dinero es crear un nuevo fideicomiso -el Fondo Nacional de Gestión de Residuos (Fonagres)- que tendrá por función “el financiamiento de los sistemas de recolección selectiva, clasificación, transporte y valorización de residuos especiales gravados por Imesi”, aparte de apoyar en los planes ambientales a los gobiernos departamentales y de impulsar la “inclusión social, laboral y productiva de los clasificadores”.

Se aclara que en caso que los productos abarcados ya estén gravados por Imesi, se considerará la nueva tasa como “una alícuota incrementar a la vigente”. La futura reglamentación del Poder Ejecutivo, podrá dentro de los máximos establecidos en el texto fijar tasas diferenciales según “el tipo de material, la factibilidad de reciclado y la significancia del impacto ambiental”.

Según dijo hace unos días en el Parlamento el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pablo Ferreri, el “máximo potencial de recaudación” es de entre US$ 60 millones y US$ 80 millones anuales.

Sin embargo, aclaró que ese monto, sea cual fuera (va a depender de la futura reglamentación), contempla “una contrapartida similar en apoyo presupuestal para la gestión” de los residuos, y que “no se está buscando una recaudación adicional para Rentas Generales”.

Al asistir a la Comisión de Medio Ambiente del Senado, el jerarca aceptó estudiar modificaciones al texto (ver aparte) y fue consultado por los posibles impactos de esta medida en la inflación. Explicó que de implementarse la normativa, producirá “un aumento de precios puntual, es decir que a los 12 meses, simplemente por un tema estadístico, el impacto inflacionario deja de existir”.

Respecto a la alícuota máxima que establece el proyecto de ley, Ferreri detalló que “al inicio no debería” aplicarse sino que se buscaría “comenzar por valores inferiores”, atendiendo que “la aplicación en fases (de las distintas disposiciones y obligaciones) no requeriría poner en práctica el potencial máximo de recaudación”.

A modo de resumen del cambio de modelo en la gestión de residuos, el subsecretario del MEF repasó que se va “de un esquema de responsabilidad enfocado en la empresa a otro en que se maneja de manera pública” el tratamiento de la basura.

Finalmente, subrayó que al plantearse “un esquema general y tan importante, su aplicación seguramente no será en forma instantánea en todos los aspectos que lo involucran”.