MEDIDAS ECONÓMICAS

La ley de urgencia bajo la lupa de analistas: apoyo, críticas y debate por combustibles

Gabriel Oddone, Aldo Lema y Pablo Rosselli analizaron las medidas económicas que forman parte del borrador difundido por el gobierno electo. 

Luis Lacalle Pou junto a los miembros de la coalición. Foto: Gerardo Pérez
Luis Lacalle Pou junto a los miembros de la coalición. Foto: Gerardo Pérez

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Son cerca de las 21:00 y el viento sopla bastante más de lo habitual para estas épocas en el barrio Buceo, y encima empieza a lloviznar. Sin embargo, ahora sobre el llano —ya que todo había comenzado en el Piso 40 del World Trade Center tres horas antes— dos economistas continúan el debate sobre las medidas que forman parte del anteproyecto de ley de urgente consideración que divulgó el gobierno electo.

Ese era el objetivo de la convocatoria de la Academia Nacional de Economía, que invitó a debatir sobre el borrador que aún negocian los socios de la coalición a Gabriel Oddone de CPA, Pablo Rosselli de Exante y Aldo Lema de Vixion.

Apoyaron con matices la incorporación de una regla fiscal, criticaron algunos cambios en materia de inclusión financiera y debatieron sin ponerse de acuerdo sobre la efectividad o no de liberalizar la importación de combustibles.

Como comentarios generales acerca de los contenidos del borrador, Oddone señaló que “es consistente con lo dicho en la campaña” por Luis Lacalle Pou y “ordena distintos aspectos” del debate en momentos de transición, pero también indicó que “hay artículos que no deberían formar parte porque no son urgentes”. Agregó que es un instrumento que “debe usarse con cuidado, en el contexto actual es útil pero sienta un precedente para otros gobiernos que tengan mayorías” parlamentarias.

Para Lema, Uruguay enfrenta un contexto —“economía cuasi estancada, desequilibrios macroeconómicos significativos, problemas en el mercado laboral y un frente externo desfavorable”, detalló— que “obliga a actuar en reformas de largo plazo y cambios en políticas de corto plazo”. Pero pidió “bajar las expectativas” sobre los impactos que tendrán los cambios impulsados, porque la ley aborda los desafíos del país de manera “parcial” y con efectos que podrían estimarse como “acotados en muchas áreas”.

“Algunas medidas tendrán efecto a la larga y son políticas con impacto limitado en el crecimiento potencial de Uruguay”, añadió Lema y expresó que varias disposiciones buscan “brindan señales de sostenibilidad” de las finanzas públicas.

¿Economía política o más competencia?

Probablemente el aspecto más discutido del borrador sea la decisión de liberalizar la importación y producción de petróleo y derivados, rompiendo con el monopolio actual de Ancap en materia de combustibles. Esta medida viene acompañada de un fortalecimiento del rol de la Ursea como agencia reguladora, buscando pase a ser preponderante a la hora de fijar las tarifas. En esto último sí hubo consenso entre los analistas que creen que de efectivizarse sería positivo —“al ministro de Economía debería ponérsele la cara roja si fija un precio más caro” que el recomendado por la Ursea, dijo Rosselli—, pero no sobre los efectos de la liberalización y la conveniencia de avanzar en ese sentido. “No es el primer problema el refinado de combustible, muchos problemas son de la planta de Ancap para afuera”, expresó Oddone. Reconoció que en los sectores no transables de la economía hay problemas que se trasladan a los privados a través de las tarifas, pero la medida planteada es “muy compleja en materia de economía política porque genera muchas resistencias”. Es decir, son mayores los costos a pagar que los posibles beneficios. Lema retrucó esto y sostuvo que en Uruguay es común que se atrasen reformas que son necesarias por los potenciales rechazos que generan. “Debemos tener tarifas que reflejen los precios de países parecidos a nosotros” y si la liberalización de los combustibles “genera presión para que ese proceso sea más rápido” es una medida positiva, indicó Lema. Agregó que en cualquier escenario, “no creo que nos devuelva precios más altos” romper el monopolio de Ancap. Por su parte, Rosselli se mostró alineado a la posición de Oddone, planteando dudas logísticas acerca de cómo se implementaría la importación —debería construirse una zona en el puerto destinada a almacenamiento, por ejemplo— y qué ocurrirá con la refinería de Ancap. “No es calculable el resultado que tendrá esto ni qué pasará con los precios” con la información disponible, concluyó Rosselli.

Rosselli manifestó que “en los más de 450 artículos” del anteproyecto “hay espacio para el debate”, con medidas “importantes con impacto relevante, y otras que no”. Aconsejó que algunas temas sería “saludable” enviarlos como leyes aparte para tener más tiempo de debate, pero también destacó que con una economía “que crecerá a un ritmo pobre” los próximos años, es positivo “reconocer que hay urgencias y hacer las cosas de un modo distinto”.

El analista de Exante aclaró que la ley de urgencia está “lejos de ser una agenda de reformas estructurales”, y deberá verse en conjunto con la ley de presupuesto y las medidas que tome el gobierno en materia de inserción internacional para tener un diagnóstico claro sobre el rumbo de la nueva administración.

La creación de una regla fiscal

La propuesta es incorporar una regla fiscal de doble condición, que limita el crecimiento del gasto público en función del resultado fiscal ajustado por el ciclo económico. Oddone dijo que “es bienvenida” para dar certezas respecto al manejo de las finanzas públicas, pero que no le atribuye a las reglas fiscales “una característica de ayuda extraordinaria”, advirtiendo que “Uruguay necesita tener un margen de flexibilidad” para reaccionar a cambios económicos internos o externos.

El socio de CPA indicó además que para que funcione se necesita “tener una institucionalidad densa y fuerte”. Está prevista la formación de un comité de expertos que asesorará al Ministerio de Economía para implementar la regla fiscal.

Otro aspecto que señaló Oddone es que “hay varias reformas necesarias de mediano plazo” más allá de la regla fiscal, que deben apuntar “al corazón de las finanzas públicas”.

Lema, que integra el Consejo Fiscal en Chile, apoyó la propuesta incluida en el anteproyecto, pero dijo que “de nada sirve si no se cumple o no hay una buena razón para salirse”. Analizó que hubo “una década de discrecionalidad” en el manejo del gasto y “es el momento oportuno para crear una nueva institucionalidad fiscal”.

Mientras que Rosselli consideró que “la regla fiscal valdrá la pena si los políticos la toman como criterio”, ya que recordó que según la Constitución el Parlamento puede “aumentar el gasto” en la Rendición de Cuentas sin condicionamientos. A su vez, dijo que “es sano dejar a las empresas públicas por fuera de la regla fiscal” para que puedan manejar sus inversiones, pero que “si mantenemos un uso discrecional” de estas compañías “la regla fiscal será un flan”.

Los cambios a la ley de inclusión financiera

Uno de los aspectos más comentados del borrador son los cambios a la ley de inclusión financiera: se elimina la obligatoriedad del pago de salarios mediante medios electrónicos y se deja sin efecto la imposibilidad de hacer transacciones mayores a US$ 4.700 en efectivo.

Los aparatos que permiten pagar con tarjeta no están presentes en muchas oficinas públicas. Foto: Darwin Borrelli
Una de las medidas del borrador es eliminar la obligatoriedad del pago de salarios mediante medios electrónicos. Foto: Darwin Borrelli

Oddone dijo que estas medidas son “coherentes con el discurso de campaña”, pero cuestionó varios aspectos. Sostuvo que “hay una ventaja para el empleador y no para el empleado” al quedar el modo de pago del salario a acordarse entre las partes, y aconsejó dar al trabajador la posibilidad “de elegir si quiere cobrar en efectivo”.

Sobre la eliminación del tope para pagos con dinero físico, Oddone señaló que no está alineado "con las reglas internacionales” en materia financiera y puede traerle “problemas a los bancos” aceptar transacciones en efectivo de alto monto. “Es un intento por volver a un mundo que ya no existe, no hay retorno a la década del 90”, afirmó.

Rosselli opinó que “fue equivocada” la promesa de campaña vinculada a derogar la inclusión financiera, porque el pasaje a pagos electrónicos “tiene ganancias de eficiencia importantes”. En esa línea, se preguntó: “¿Dónde está el interés legítimo para pagar en efectivo si es más costoso (para las empresas)?”.

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Aldo Lema. Foto: El País
Expectativas

“Algunas medidas tendrán efecto a la larga y son políticas con impacto limitado en el crecimiento potencial de Uruguay”, dijo. Por eso, pidió “bajar las expectativas” sobre los efectos de la ley en el corto plazo.

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Gabriel Oddone. Foto: Marcelo Bonjour
Del pasado

Los cambios en la inclusión financiera (permitir pagar sueldo en efectivo y transacciones sin tope) son “un intento por volver a un mundo que ya no existe, no hay retorno a la década del 90”.

pablo rosselli - exante
Pablo Rosselli. Foto: Leonardo Mainé
¿Regla o flan?

“Es sano dejar a las empresas públicas por fuera de la regla fiscal” para que puedan manejar sus inversiones, pero “si mantenemos un uso discrecional” de las compañías del Estado “la regla fiscal será un flan”.

Un ida y vuelta con exjerarca por compras públicas

Luego de dos horas de exposición de los analistas invitados por la Academia Nacional de Economía, se abrió un espacio para preguntas. Entre los asistentes estaba Pablo Villar, extitular de la Dirección de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme) del Ministerio de Industria, quien consultó sobre los impactos de crear una agencia que centralice las compras estatales. En su pregunta, señaló que hoy hay programas “de preferencia para Pymes nacionales” que han hecho que muchas empresas crezcan, ganen mercados y generen empleo, y “por la ansiedad de genera un ahorro en las compras estatales quizás quedan por el camino”.

Los tres economistas fueron “escépticos” acerca de estos comentarios. Pablo Rosselli señaló que “en Uruguay tenemos casi cero conocimiento del impacto de las políticas públicas”, por lo que no podría certificar los efectos positivos que mencionó Villar al no haber “mediciones oficiales e independientes” al respecto. “En general entre los economistas predomina la visión de que las compras públicas no deberían ser un instrumento de desarrollo industrial. Puede haber subsidios, pero una condición necesaria para que funcionen es que sean transitorios. Conceder una ventaja general a los sectores nacionales” no lo es, agregó el socio de Exante.

Gabriel Oddone respondió que “la afirmación de la que parte el razonamiento” de Villar sobre el éxito de estos programas “debe venir acompañada de un mecanismo transparente” de medición. “Los sectores que se han beneficiado legítimamente porque ese era el marco legal seguramente estén contentos (con los resultados), pero es una política que genera costos en algún otro lugar y seguro que alguien la está financiando”, señaló.

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