NUEVO DECRETO

Con el objetivo de “generar estímulos a la inversión” el gobierno emitió un decreto que incrementa “transitoriamente” los “beneficios otorgados” en el marco de la ley de Inversiones.

El fin “es empujar la inversión, especialmente la inversión que es intensiva en mano de obra o que tiene un efecto derrame sobre otros sectores de la actividad que también generan empleo”, había dicho en entrevista con El País la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.

En ello se enmarcan un decreto que da beneficios para grandes obras de construcción que venía del gobierno anterior (al que se le redujo el umbral para ser considerada como tal y se le ampliaron beneficios) y este nuevo decreto.

¿Qué establece esta disposición transitoria y cómo es evaluada por asesores de inversión?

Para los proyectos de inversión presentados entre el 1º de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021, el porcentaje de exoneración de impuestos que determine la aplicación de indicadores (generación de empleo, aumento de exportaciones, inversión en tecnologías más limpias y en innovación, desarrollo e investigación) se incrementará en un 20%. Eso siempre que al menos el 75% de la inversión total comprometida sea ejecutada antes del 31 de diciembre de 2021.

Por ejemplo, si a un proyecto la aplicación de indicadores le da que exonera por el 30% de la inversión, al incrementarse 20%, pasará a exonerar por el 36%.

A su vez, las inversiones realizadas entre el 1° de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021, se computarán por el 150% del monto invertido, para considerar la exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).

Esto es si el proyecto invierte US$ 1, se tomará como que invirtió US$ 1,5 para estimar la exoneración.

Por otro lado, se da flexibilidad a las empresas para aplicar la exoneración. Para los ejercicios finalizados entre el 1º de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021, la empresa podrá optar entre dos posibilidades. Una es “suspender por un año el plazo de exoneración establecido en la declaratoria promocional correspondiente al IRAE”, según el decreto (esto es para un proyecto ya declarado como promovido, si la empresa no tuvo ganancias, puede utilizar esto y no “perder” un año de exoneración). La otra opción (si por el contrario la empresa tuvo un buen ejercicio) es que se le incrementa el tope que puede exonerar de IRAE hasta el 90% (era 60% antes).

La Cámara de Industrias evaluó que “estas medidas se encuentran en línea con las propuestas elevadas en marzo pasado a las autoridades de gobierno”.

Para el investigador en temas de promoción de inversiones, Diego Vallarino este decreto “es una buena herramienta” ante la situación de incertidumbre que genera el coronavirus, es decir en el “mientras tanto, pero se necesitan cambios a fondo” en la reglamentación de la ley si se quiere incrementar en forma sostenida la inversión.

Vallarino dijo a El País que el principal problema de las empresas en la actualidad es que muchas no tienen renta, lo que les dificulta poder tomar una decisión de inversión, más allá de que los beneficios tributarios sean mayores.

Si entiende que “se generan expectativas”, pero “con esto no necesariamente hay decisión de inversión”.

Para la socia del estudio jurídico Bragard, Agustina Bomio el nuevo decreto, “para los que tienen un proyecto en trámite, les aliviana la carga impositiva. Si puedo computar más inversión que la que hice (se toma por el 150%), voy a tener una exoneración mayor de IRAE”.

Además señaló a El País que “incentiva específicamente la presentación de nuevos proyectos, porque va a tener más beneficios”.

“No ayuda a quien no tiene ahorro para invertir, pero sí a aquellos que lo tienen”, añadió.

Según Bomio en la construcción, con este decreto y el que otorga beneficios impositivos para grandes obras “es difícil que se frenen” inversiones.

Explicó que un cliente del estudio que “está haciendo un desarrollo inmobiliario grande, en algún momento pensó en sacar el pie del acelerador” de esa inversión, pero con los nuevos beneficios de los decretos vio que “se le generaba un ahorro impositivo de US$ 4 millones” y entonces resolvió mantener el ritmo.

“Hemos tenido consultas para iniciar proyectos”, añadió.

Para Vallarino la clave está en que deben modificarse los indicadores a los que las empresas se comprometen y que son los que determinan el porcentaje de exoneración tributaria a obtener.

“Es muy difícil cumplir con los indicadores”, señaló e indicó que en empleo se pide un incremento de la plantilla de ciertos trabajadores (jóvenes o mujeres por ejemplo), que si se van hay que contratar otro de la misma característica, lo que dificulta a las empresas.

Vallarino sugirió “reformular los indicadores para que sean accesibles”, que el beneficio tributario “pase por el IRAE, pero también sea compensar ciertos costos operativos” para aquellos que se les dificulta generar renta y que se facilite el “ingreso a empresas comerciales y de servicios, que son la mayoría de las pequeñas y medianas empresas”.

En eso está el gobierno, ya que la propia Arbeleche dijo a El País que la matriz de indicadores que determina los beneficios fiscales, “como ha funcionado, no ha sido muy satisfactoria. Así que estamos en un proceso de revisión” en la Comisión de Aplicación (Comap) de la ley de inversiones.