PARLAMENTO

La Cámara de Senadores aprobó ayer -con votos de todos los partidos, aunque con críticas de la oposición al articulado- el proyecto de ley de gestión integral de residuos, que fue cuestionado por las cámaras empresariales y tiene entre sus novedades la creación de una tasa impositiva para los envases de materiales no descartables (como el plástico).

La discusión en el plenario fue similar a la ocurrida en la última sesión de la Comisión que estudió la iniciativa, con el Frente Amplio defendiendo el proyecto y la oposición apoyando el “espíritu” pero no el método de financiamiento elegido.

Tal como explicó el director de Medio Ambiente, Alejandro Nario, el proyecto crea “distintos instrumentos” para lograr la gestión de los residuos generados por las industrias. Para algunas se establece la “responsabilidad extendida”, que implica que fabricantes e importadores asuman “los costos totales” del tratamientos de los productos, y para otros se aplicará una tasa del Impuesto Específico Interno (Imesi) a pagar por el fabricante o importador para financiar la gestión de los residuos.

Entre estos últimos casos está la industria del plástico, para la que según Nario no sirve la responsabilidad extendida, ya que el proyecto de gestión de residuos implementado en acuerdo con los privados desde 2007 no dio buenos resultados. Un agregado hecho en Comisión fue que las empresas puedan acceder a un crédito fiscal (devolución impositiva) tras reciclar sus residuos.

En la sesión del Senado, Carmen Asiaín del Partido Nacional planteó que es “inaceptable que el pago de un impuesto dé permiso a contaminar”.

Pablo Mieres del Partido Independiente sostuvo que no comparte “que el financiamiento sea por medio de la recaudación de un impuesto”, y remarcó que esto “va a contramano de cómo se regula a nivel internacional”. Ambos legisladores de la oposición reclamaron que la responsabilidad extendida sea el criterio general.

La senadora colorada Cecilia Eguiluz señaló que “el mecanismo de financiación no va en línea con el objetivo del proyecto sino de recaudar”, e indicó que “el Imesi será trasladado a todos los ciudadanos” que consumen estos productos.

La Cámara de Industrias rechazó la normativa. Su presidente Gabriel Murara había dicho a El País que es “un tema tributarista y no de mejora del medio ambiente en general”, y que la tasa incorporada a los productos con envases plásticos “la va a terminar pagando la población”. Nario había respondido en Comisión que por ejemplo en una bebida de litro y medio el tributo haría que el producto pase de $ 100 a $ 101, “quien piense que esto va a generar algún problema en alguna empresa está equivocado”.