BPS no respetó la suba gradual; esto perjudica a las cooperativas de ahorro.

Ante el reclamo de las cooperativas de ahorro y crédito de que la Ley de Inclusión Financiera las perjudica y les impide dar préstamos por el aumento del monto intangible del sueldo (porcentaje que no es pasible de retención), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconoció que existe "un problema de implementación, no de diseño" en la normativa.

Es que el intangible estaba en 30% del sueldo o jubilación y la ley estableció un proceso gradual de suba hasta el 50% (se llegará en 2018) para aquellas cooperativas no incluidas dentro del "acto cooperativo" —concepto jurídico que define la relación entre los socios y la cooperativa—, como las de ahorro y crédito.

Hace unas semanas, Alfredo Lamenza de la Cámara Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Capitalización (Cucacc) dijo en la Comisión de Hacienda de Diputados que "cuando se sube a 50% (el intangible), en la práctica, se está impidiendo a las personas garantizar el préstamo con su salario", lo que "las empuja a pedir un préstamo a una tasa tres veces mayor. Lejos de protegerlas (como es el espíritu de la ley), se las está perjudicando".

Tras las quejas de Cucacc y Cossac, que fueron respaldadas por el sindicato bancario (AEBU) en el Parlamento, se convocó al coordinador del programa de inclusión financiera del MEF, Martín Vallcorba, para analizar el tema. Ante los legisladores, explicó que el aumento del intangible se decidió porque "que un trabajador cobre el 30% de su salario es absolutamente insuficiente, se hace complicado sobrevivir con ese porcentaje".

Señaló que así "se estableció como objetivo llegar al 50%" y "al mismo tiempo, y creo que en forma sabia, se previó un cronograma de implementación de esta medida, porque la experiencia que habíamos tenido de pasar del 0% al 30% en el 2002 había generado dificultades en las instituciones y en las personas". Por eso se definieron subas del intangible de 5% cada año.

"Desde el punto de vista conceptual, de diseños y objetivos, entendemos que lo que está previsto en la ley en materia de intangible es muy saludable y ayuda, en un proceso lento y gradual, a ordenar niveles de sobreendeudamiento muy importantes, porque un trabajador que tiene el 70% del salario comprometido seguramente se tiene que endeudar fuera de ese 70% para poder sobrevivir, porque con el 30% no le alcanza, y eso genera dinámicas perversas", manifestó Vallcorba.

Aunque admitió que tras escuchar los planteos de las cooperativas de ahorro y crédito se observan "problemas de implementación", como que el Banco de Previsión Social (BPS) —encargado de descontar directamente de las jubilaciones los préstamos tomados por pasivos— no cumplió el cronograma y aumentó de 30% a 45% el intangible. "Todo lo que se quería evitar al prever un cronograma gradual para no generar un impacto significativo ocurrió porque no se respetó ni se cumplió con la implementación estipulada", dijo el coordinador del programa de inclusión financiera.

Planteó que se podría evaluar una "reformulación del cronograma original" de aumento del intangible "empezando desde el primer escalón de 35%". Consideró que esa "es una solución que respeta el espíritu y la filosofía original y, al mismo tiempo, atiende los problemas de las instituciones, pero sobre todo de las personas que vieron limitado el manejo de sus ingresos".

El BPS también acudió a la Comisión de Hacienda por este tema y su presidente, Heber Galli, reconoció que no cumplieron con la gradualidad establecida en la ley porque se priorizó "no alterar la frecuencia de pago", aunque "hoy estamos dentro de lo que dispone" con un intangible del 45%.

Los cambios en este aspecto que introdujo la Ley de Inclusión Financiera fueron "una complejidad enorme en la operativa" del BPS, que administra "un sistema en el que hacemos retenciones para 108 agentes en 250.000 pagos —es decir, que la cuarta parte de toda la emisión mensual tiene distinto tipo de descuentos—".

Pese a admitir esto, Galli expresó que "a partir de ese cambio (subir el intangible al 45%) en el mes de noviembre, se puede admitir que haya habido algo de impacto en el caso concreto de ANDA, pero no en las cooperativas de ahorro y crédito: esta parte que no se realizó del todo dentro de lo que establece la norma, no las alteró".

Según había manifestado una representante de Cossac al comparecer en el Parlamento, la decisión del BPS tuvo impacto directo en las finanzas de las cooperativas, y mencionó que en Cossac pasaron de recibir $ 15 millones por préstamos otorgados a socios jubilados a $ 6 millones el mes siguiente.

Otra de las quejas planteadas en el Parlamento por las cooperativas de ahorro y crédito en relación a la redacción de la Ley de Inclusión Financiera y no ser incluidas dentro del "acto cooperativo", es que esto las deja al final del orden de prelación para el cobro de créditos y entienden en desventaja con las cooperativas de consumo (sí incluidas dentro del "acto cooperativo").

Vallcorba dijo en la Comisión de Hacienda que el proyecto de ley original enviado por el MEF no introdujo "ningún cambio en los primeros seis literales (del A al F)" que enumeran la prioridad para cobrar los préstamos, aunque creó uno nuevo (el G) "que establece que en ese orden de prelación ingresa la cuota correspondiente a los créditos de nómina (préstamos que se descuentan directamente del sueldo o pasividad) y los actos cooperativos realizados por sus socios en cooperativas de consumo con autorización legal a retención de haberes".

"Así vino en el proyecto del Poder Ejecutivo. En el trámite parlamentario se consideró que era necesario, y nosotros como Ministerio lo compartimos, incorporar a las cooperativas de consumo en este literal, porque de lo contrario se establecía una diferenciación ya que estaban incluidas las instituciones que tenían facultad legal de retención, o sea las cooperativas de ahorro y crédito y las asociaciones civiles, como ANDA", continuó la explicación de Vallcorba.

El funcionario del MEF agregó que ese cambio puso "en pie de igualdad a las cooperativas de consumo con las de ahorro y crédito y las asociaciones civiles", y se logró "asegurar el trato equitativo entre todos los actores" del sistema financiero. "O sea que en el orden de prelación no pensamos que haya un tratamiento desigual. Al incorporar este literal, están todas en pie de igualdad y nos parece que no hay ninguna razón para que este asunto se revea", concluyó Vallcorba dejando de lado el planteo de las cooperativas de ahorro y crédito de modificar la normativa.

BIEN LA LEY, MAL LO DEMÁS