Control sobre empresas exoneradas

Tenía su “actividad sustancial” por fuera del territorio franco.

La Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aplicó una sanción económica a la empresa Enife S.A., que es usuaria directa de la zona franca Aguada Park, al constatar que "facturó trabajos" sin tener la autorización como operador del exclave y que posteriormente, teniendo ya la habilitación, realizó "la actividad sustancial" del negocio fuera de territorio franco.

La multa fue informada a través de una resolución oficial del 5 de noviembre, que fijó la suma a pagar por la compañía en US$ 28.652.

Enife fue autorizada por la Dirección del Área Zonas Francas del MEF en marzo de 2016 "para realizar servicios profesionales" desde Aguada Park, un exclave ubicado en Montevideo especializado en ese segmento de negocios.

"Se constató que previo a la fecha, la empresa trabajó y facturó trabajos cuando no tenía la calidad de usuario y la operativa aprobada", sostiene la resolución del MEF. Pero agrega que "una vez obtenida la calidad de usuario (de la zona franca), no cumplió con lo previsto en el contrato ni el plan de negocios proyectado".

En relación a esto último, el documento oficial indica que cuando Enife presentó "un informe de grado de cumplimiento" a dos años de la habilitación otorgada, "surge acreditado que desde la zona franca la empresa empleó únicamente un administrativo y facturó trabajos técnicos profesionales". También se pudo constatar que "realizaba la actividad sustancial fuera de la zona franca, contratando profesionales en el extranjero para tales efectos".

"Acreditado el incumplimiento a la normativa prevista para el régimen de zonas francas, corresponde al Área de Zonas Francas de la Dirección General de Comercio proponer al Poder Ejecutivo la sanción que considere", repasa la resolución y señala que los descargos que presentó sobre los hechos Enife "no aportaron elementos que permitan variar lo dictaminado".

Hace unas semanas, el Poder Ejecutivo divulgó la reglamentación de la nueva ley de zonas francas aprobada a fines de 2017, que varió en parte las reglas para los 11 territorios francos que hay en Uruguay. Uno de los focos, atendiendo una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), fue que "las empresas que se beneficien de las exoneraciones tributarias de las zonas francas, efectivamente realicen en ellas una actividad sustancial", para evitar la existencia de las denominadas "sociedades de papel" (sin actividad), analizó un informe del estudio Bergstein.