CORONAVIRUS

El Decamerón es una obra de cuentos clásica de la literatura italiana y tiene su punto de partida en la peste bubónica o “peste negra” —la más mortal en la historia de la humanidad— que azotó a Florencia en 1348, relatando como un grupo de diez jóvenes de la clase aristocrática se refugian en las casas de campo de sus familias. A esta cita recurrió el rector de la Universidad de la República (UdelaR), Rodrigo Arim, para dar apertura a un seminario virtual con académicos sobre “vulnerabilidad socioeconómica asociada al COVID-19”.

“Quizás para muchos este sea el primer evento global que afrontamos. Somos una generación que no vivimos epidemias ni guerras mundiales de esta dimensión, fenómenos que afectan la convivencia y los criterios de la vida cotidiana global. Las pandemias son algo novedoso para nosotros, pero no para la historia de la humanidad”, analizó Arim.

Planteó que mirando ese pasado se observa que estos episodios de emergencia sanitaria a nivel mundial siempre “desnudaron” las mismas cosas: “las desigualdades que generan y las desigualdades de base sobre las que ya se operaba, esto pasó desde tiempos inmemoriales”.

Volviendo a la cita al Decamerón, sostuvo que “es una obra de arte que muestra las posibilidades de algunos grupos sociales de escapar de la epidemia, moviéndose y aislándose —lo de quebrar las aglomeraciones para cuidarse es un método desde tiempos inmemoriales— mientras los sectores pobres de Florencia morían en la ciudad por la peste negra”.

Dentro de la mirada histórico, hizo hincapié en “lo paradójico que las ciencias sociales, mucho antes que las ciencias naturales y las médicas logren tratar la pandemia o entenderla para desarrollar un tratamiento, hayan abordado las problemáticas sociales que generaban estos episodios”.

Para cerrar su introducción, el rector de la UdelaR subrayó que también la historia muestra que las grandes crisis sanitarias echan luz sobre el rol del Estado. “Ha vuelto a surgir la idea de los Estados como instrumentos para construir y redistribuir bienestar”, porque la pandemia “se debe enfrentar como sociedad y no como individuos, dado que cómo se comporta el conjunto es el soporte para el bienestar general”, manifestó.

Luego expuso Ivone Perazzo, profesora del Instituto de Economía especializada en pobreza y mercado laboral, que analizó qué ocurrió con “tres grupos de trabajadores” desde que se desataron en Uruguay los primeros casos de coronavirus y las medidas de aislamiento social para controlar el virus: los formales, los monotributistas y los informales.

Los asalariados formales del ámbito privado “si bien no son un grupo especialmente vulnerable en términos de pobreza, muchos se encuentran en una situación de vulnerabilidad con un doble sentido: si dejan de cobrar el seguro de desempleo caerían en la pobreza y aún cobrando debido a los montos que perciben es probable que puedan caer en situación de pobreza”.

En este grupo de trabajadores, hubo desde mitad de marzo hasta la primera semana de mayo unos 200.000 envíos al seguro de paro, que equivale “a un 25% de los asalariados formales”. Perazzo sostuvo que “una buena noticia dentro de un panorama poco alentador” es que la mayoría de los ingresos al subsidio no fueron por despido sino por suspensión o reducción de horas de trabajo.

Marcó como “relevante” procurar que el seguro de paro “pueda mantenerse” pasado el tiempo si ocurre que “la situación (sanitaria y de la economía) no mejora, para que estos trabajadores puedan sostener un ingreso y un vínculo con la empresa”.

Destacó como “políticas en la dirección correcta” lo hecho por el gobierno de flexibilizar ciertas condiciones de acceso al subsidio para abarcar a más trabajadores, pero dijo que “podría mejorarse en tres sentido: en plazo, porque la cobertura es por cuatro meses y es probable que las medidas de aislamiento social lleven más o las empresas comiencen a reincorporar a medida que van recuperándose; en flexibilizar más el acceso a grupos que todavía no pueden acceder; y en el monto, porque puede ser “muy bajo” en muchos casos.

Perazzo también planteó como algo a estudiar “a futuro, dada la relevancia” de esta herramienta cuando una empresa suspende momentáneamente su actividad, que pueda “generarse un aporte adicional o fondo en períodos de bonanza, del que las empresas puedan disponer (ante dificultades) y así el trabajador no enfrentar una caída tan grande de sus ingresos”.

Al régimen del monotributo Perazzo lo definió como “una forma de acceso a la seguridad social para un conjunto de trabajadores sumamente vulnerables”.

Recordó que este sistema se introdujo en 2001 “con poco resultado”. Luego “evoluciona de manera favorable desde 2006” —en línea con el crecimiento de la economía— al sumar a trabajadores como vendedores callejeros y cuidacoches, hasta que hubo un salto desde 2012 cuando se crea el monotributo social Mides “para actividades de pequeño porte de personas que viven en hogares en situación de pobreza”.

Perazzo señaló que muchos de los abarcados en esta categoría se dedican a “actividades de subsistencia” y en estos momentos no acceden al seguro de paro “porque son consideradas actividades patronales”.

Indicó que este es “uno de los sectores más golpeado por la crisis”, porque no debe mirarse solo a los registrados en el Banco de Previsión Social (BPS) que no tienen ingresos, es que “el 95% de los trabajadores por cuenta propia no realiza aportes”, lo que determina que “aún hay un montón de personas por fuera de la cobertura de la seguridad social”.

Perazzo repasó que para los monotributistas las medidas del gobierno se centraron en darle préstamos blandos a los que están en el régimen general y para los del monotributo Mides hubo una transferencia de $ 6.800 por dos meses. “De nuevo es una política que se queda corta”, sentenció.

El tercer gran colectivo de trabajadores al que se refirió Perazzo fue a los informales, que son unas 400.000 personas y “un 60% de ellos se encuentran en los primeros deciles (sectores de menores ingresos)”, por lo que subrayó que “la relación entre informalidad y pobreza es grande”.

Del total mencionado, la académica de la UdelaR señaló que hay “270.000 personas que no acceden a transferencias sociales y quedan totalmente desprotegidas” en una situación como la actual, siendo “el desafío principal (para el Estado) encontrar a estos trabajadores porque no están vinculados a ningún sistema”. Para esto el Mides puso una línea donde se puede previo registro solicitar un subsidio de $ 1.200 por dos meses, medida que al momento del anuncio se estimó que podría abarcar a unas 100.000 personas.

“De nuevo es insuficiente y en este caso no queda duda, en el monto y la duración del beneficio. Además de que el tipo de bienes al que puede acceder está restringido (solo para alimentos). Para estos trabajadores deberíamos pensar hoy un conjunto de políticas activas que le permitan incorporarse a un empleo formal, porque en el mejor de los casos cuando la economía se reactive conseguirán un nuevo empleo en situación de vulnerabilidad”, analizó la docente del Instituto de Economía.