TEMA DE ANÁLISIS

Modificación a la promoción de inversiones es insuficiente

Actualmente las dos grandes dificultades que presenta la economía son la reducción de la tasa de inversión y la caída en la cantidad de puestos de trabajo. Son problemas para el corto plazo, pero también en el mediano porque se reciente la tasa de crecimiento económico.

La construcción generará 8.000 puestos de trabajo. Foto. Archivo
Foto: Archivo El País

En estas semanas, el gobierno anunció que encarará estos dos problemas mediante una mejora o flexibilización en las condiciones de uso del programa de incentivos a la inversión. Es una buena herramienta, pero en el contexto actual no va a desplegar todo su potencial y va a ser insuficiente para resolver el problema.

Existen en el país varios regímenes promocionales, que apuntan precisamente a estimular la formación bruta de capital en la economía. El régimen general funciona en la órbita de la Comisión de Aplicación de la ley de Inversiones (Comap), que concede una serie de beneficios tributarios a los proyectos de inversión que se presenten a su evaluación. Los beneficios consisten en bonificaciones en los impuestos a pagar como ser Impuesto al Patrimonio, IVA, tributos de importación e Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE).

Además de incentivar la inversión el mecanismo procura lograr otros objetivos como ser la generación de empleo, aumentar las exportaciones, promover innovaciones tecnológicas, la descentralización geográfica de la producción o el uso de tecnologías más limpias.

Para lograr empujar estos objetivos, lo que se propone en el régimen es un compromiso de las empresas con cumplir determinados resultados en estas variables y dar más exoneración cuanto más alto es el valor comprometido.

Al inicio, en el año 2007, se permitió elegir un solo objetivo y la exoneración subía en la medida que la empresa, por ejemplo, aumentaba la cantidad de personas ocupadas.

Desde 2012 el esquema de compromiso se hizo más complejo y se redujo el porcentaje de la inversión que generaba bonificación impositiva. Era una época en la que la economía uruguaya estaba en pleno empleo, por lo que se restringió esta posibilidad y se buscó promover la contratación de mano de obra calificada.

El régimen se tornó más restrictivo. No obstante, los montos presentados siguieron aumentando de la mano de los proyectos de energía eólica que más que compensaban el descenso de la inversión en las restantes áreas de la economía.

Agotada la inversión energética en 2016, los montos del último año cayeron al nivel más bajo desde que está vigente el sistema actual, lo que motivó los cambios que se anunciaron en los últimos días.

Esos cambios apuntan básicamente a elevar el beneficio que se puede obtener por concepto de IRAE. Se reponderan los indicadores de la matriz y el beneficio máximo que se puede llegar a obtener pasa del 100% del monto de la inversión al 130%.

Dos cambios importantes se dieron para que ello fuera posible. Aumenta la ponderación del indicador generación de empleo y se separa el indicador producción más limpia de innovación y desarrollo. Hasta hoy se debía optar por uno u otro; con los cambios propuestos se puede optar por los dos.

A su vez, el indicador de empleo deja de preocuparse por el tipo de empleo y se centra en el número de puestos generados.

En los números fríos, las modificaciones anunciadas mejoran el beneficio que el empresario puede obtener por IRAE.

Sin embargo, ello por si sólo no garantiza que aumente la inversión. En última instancia está depende de las expectativas sobre la rentabilidad futura de los proyectos, lo que va de la mano del volumen de negocios esperado y de los costos.

El mecanismo es fuerte como para incentivar inversiones bajo ciertas condiciones. Es muy bueno cuando se genera renta e impuesto a la renta muy rápidamente y el riesgo es bajo.

En caso contrario, el beneficio recibido se diluye en el tiempo o se pierde. En la situación actual, necesita un volumen de negocios alto y con perspectivas de crecimiento y justamente la pérdida de competitividad en sus diversas dimensiones está acotando esta posibilidad.

De nada sirve comprometer el cumplimiento de objetivos como aumentar los puestos de trabajo para obtener un beneficio de US$ 100.000 a descontar a lo largo de cinco años si luego el impuesto a la renta que se deberá pagar está lejos de ese beneficio. Si es una empresa en marcha y la inversión es pequeña en el total, la generación de renta suficiente como para aprovechar el beneficio no es una limitante. El problema que surge es la posibilidad de no poder cumplir los objetivos, en especial los de generación de empleo.

Donde hay una brecha entre lo que pretende el esquema de incentivos y lo que puede lograr es en la inclinación de las decisiones de las empresas hacia los objetivos. El mecanismo actual es un emporio de buenos deseos, pero en los hechos no hacen cambiar decisiones que ya están tomadas con la inversión. Esto es, van a generar la cantidad de puestos de trabajo necesarios pero el hecho de poder incrementar la bonificación no hace que se contrate más gente.

Para tomar como referencia el caso hipotético de una inversión de US$ 300.000 por una empresa mediana ubicada en un barrio periférico de Montevideo. En el sistema vigente el beneficio que puede obtener si se compromete a contratar un trabajador más en la empresa es de US$ 70.000 y si sube a dos trabajadores llega a US$ 76.000. Es una diferencia pequeña y por una única vez, contra el compromiso de contratar una persona adicional por un período de cinco años. Solo se contratará si efectivamente se necesita y es rentable.

En definitiva, aunque se flexibilice el instrumento de promoción de inversiones, no es una solución al problema de fondo de la economía que es la falta de rentabilidad para los proyectos de inversión que requieren la contratación de trabajo.

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