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La “nota” que tendrá Uruguay en prevención al lavado y el cambio en DGI tras la “megaestafa”

El abogado especializado en prevención del lavado de activos Leonardo Costa y el secretario antilavado, Daniel Espinosa, hablaron sobre la evaluación del GAFI.

El titular de la Secretaria Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo, Daniel Espinosa, en evento de Brum-Costa. Foto: Francisco Flores.
El titular de la Secretaria Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo, Daniel Espinosa, en evento de Brum-Costa. Foto: Francisco Flores.

Según la proyección hecha por el abogado especializado en prevención del lavado de activos Leonardo Costa, Uruguay será evaluado con un “nivel moderado de efectividad” por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que visitó el país en mayo y cuyo informe se conocerá en diciembre.

A su vez, tanto Costa como el secretario antilavado, Daniel Espinosa, aclararon que la finalización de este proceso de evaluación no da “un respiro total” a los sujetos obligados y a las autoridades. Es que el informe del Gafilat marcará falencias y habrá un seguimiento de las medidas que tome el próximo gobierno en esos aspectos.

Como ejemplo, Espinosa anticipó que se marcará que “no hay suficientes” reportes de operaciones sospechosas (ROS) de los sujetos obligados de las zonas francas y de los administradores de sociedades -estudios de abogados y contadores que se dedican a esa tarea-.

Tal como dio cuenta El País, los técnicos del GAFI estuvieron dos semanas en Uruguay donde mantuvieron reuniones con personas del ámbito público y privado vinculadas a los controles antilavado -como bancos, corredores de bolsa, inmobiliarias, entre otros-.

“Se empieza a notar la mayor supervisión en el sector no financiero, están empezando a entender sus obligaciones y cumplen” los sujetos obligados, expresó Espinosa ayer en el panel inicial del “Compliance day” organizado por el estudio Brum Costa Abogados.

Sin embargo, resaltó la falta de mayor cantidad de ROS en los sectores antes mencionados y que en otros se debe trabajar para “mejorar la calidad”. Esto va en línea con lo que señaló a El País el abogado especializado en prevención del lavado de activos Rafael García, quien hizo notar que mientras los ROS crecieron 65% en dos años, los casos derivados a la Justicia para una investigación penal disminuyeron.

García explicó que “cada vez más sujetos obligados hacen reportes defensivos”, es decir que al intervenir en una operación “les da miedo un cliente y hacen un reporte”, incumpliendo la obligación legal al enviar “información intrascendente”. Espinosa aceptó este diagnostico y dijo a El País que mejorar esto es uno de los desafíos que quedarán para el próximo período.

“Se deben generar los ROS que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF, que funciona en el Banco Central) necesita para llegar a la Justicia, si no, hacemos un papeleo inútil que no cumple ninguna función”, subrayó el jerarca.

Banco Central del Uruguay. Foto: Fernando Ponzetto.
Banco Central del Uruguay. Foto: Fernando Ponzetto.

Además, en su exposición hizo foco en que la estrategia nacional antilavado que comenzó en 2017 tras una evaluación de riesgo a nivel país, deberá renovarse en 2020 y por ende realizar una nueva instancia de relevamiento de las falencias del sistema. Adelantó que ya hubo gestiones con el Banco Mundial para que de apoyo técnico.

Evaluación.

Espinosa contó que Uruguay ya culminó la respuesta al primer borrador elaborado por los técnicos del GAFI. Aún resta otra etapa similar, un encuentro cara a cara con los evaluadores y finalmente el informe circula por los países miembros del GAFI, en el que cualquiera cuestionar la calificación. “Puedo adelantar que en el cumplimiento técnico no vamos a tener problemas, esto quiere decir que no hay necesidad de cambios normativos” en la legislación antilavado, pero “estamos en plena discusión sobre la efectividad” de esas normas, comentó.

Al respecto, Costa presentó “un Prode” sobre cómo le irá a Uruguay en esta evaluación tomando en cuenta los informes de países de características similares. Explicó que la efectividad es “un tema relativo” donde además de aspectos técnicos interviene “lo político”.

La nota sobre efectividad tiene cuatro niveles -cumplimiento alto, sustancial, moderado y bajo- y el abogado señaló que el “moderado cumplimiento” parece ser la calificación “más probable”. Repasó que hay 11 áreas que se evalúan y puso el ojo en algunas de “difícil cumplimiento”, como la enfocada en medidas preventivas, en el nivel de confiscación de bienes y de condenas.

Espinosa dijo que “una buena nota no nos debe hacer olvidar aspectos de efectividad en que no vamos a ser bien valorados”. Reconoció que este aspecto a diferencia de lo legal, resulta “más difícil de solucionar” porque implica lograr resultados que se traduzcan en sanciones y condenas a los implicados en casos de lavado. “El próximo gobierno deberá trabajar pensando en (los resultados de) esta evaluación”, concluyó.

“Estudiar a personas y no a las empresas”

“El broche para la integración” de la Dirección General Impositiva (DGI) a los controles antilavado se dio con la creación hace unos años de una unidad especializada en la investigación de personas físicas, planteo Francisco Sagario, director de Fiscalización de la DGI.

“Nos permitió descansar de las empresas y el blindaje que estas generaban normativamente” cuando la DGI las investigaban, sostuvo. Sagario explicó que ahora se envían los datos de “los integrantes de cada una de las empresas (investigadas) para estudiarlos de forma particular” en la Unidad de Personas Físicas. Subrayó que esta práctica es hacia “donde está yendo el mundo, porque así no hay manera de ocultar” información.

La maniobra delictiva contra la DGI utilizando empresas falsas y facturas “truchas” que se desbarató el año pasado, ya lleva un total de 321 liquidaciones de impuestos a contribuyentes que significaron hasta ahora una recaudación de $ 2.338 millones -unos US$ 81,6 millones al dólar promedio de 2017- incluyendo multas y recargos.

Indicó que esa megaestafa con facturas truchas detectada en 2017, fue “gracias a un análisis y cruzamiento de toda la información” que tenía DGI sobre los contribuyentes involucrados. “Hubo un análisis minucioso de las empresas que eran miles, y nos abrió los ojos” sobre el proceder delictivo de esa organización. “Cuando llegábamos (a las firmas involucradas) ya sabíamos cuáles empresas eran de papel (ficticias) y hasta el monto defraudado”, comentó. Entre risas, recordó que “las excusas” que escucharon de los defraudadores “fueron infinitas”.

Remarcó que esta investigación hizo modificar procedimientos. “Se terminó lo de pasar frente a DGI y salir con una empresa constituida y una libreta de cheques bajo el brazo”, porque ahora se aplica una “matriz de riesgo” y “salta una alerta” si el contribuyente estuvo involucrado.

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