PREVISIÓN SOCIAL

El cambio en la integración del directorio del Banco de Previsión Social (BPS) -organismo con tres representantes sociales- se concretó a fines de junio, cuando asumieron las directoras Daniela Barindelli (Partido Colorado) y Araceli Desiderio (Cabildo Abierto). Junto al presidente Hugo Odizzio y al designado vicepresidente Daniel Graffigna -el Parlamento votó su venia pero aún no asumió el cargo- forman la mayoría de cuatro representantes del oficialismo, que antes tuvo el Frente Amplio.

Esa postura mayoritaria ocasionalmente puede coincidir con la que tienen los directores sociales, que representan en el directorio a los trabajadores, empresarios y jubilados.

En virtud de esta nueva integración y la posibilidad de estudiar cambios en los criterios que rigen distintas resoluciones que pasan por el directorio -como la forma de cálculo de los aportes ante una irregularidad-, es que el presidente del BPS planteó a sus compañeros comenzar desde el próximo viernes a realizar una reunión semanal extra. Será una instancia adicional que se sumará al habitual directorio que se realiza los miércoles de cada semana.

“La idea es poner a examen los criterios tanto administrativos como jurídicos que se vienen aplicando, escuchando la opinión de los servicios (funcionarios del BPS) y de los directores, para resolver si corresponde mantenerlos o si corresponde su revisión. Siempre en un marco de transmitir seguridad jurídica, no es que cambió el directorio y antes iba para un lado y ahora va para el otro”, dijo Odizzio ayer ante la consulta de El País.

Según dijeron distintos directores del organismo, la decisión fue evaluada positivamente porque se comparte la necesidad de reconsiderar algunos criterios ante el inicio de una nueva gestión. Sin embargo, algunos comentaron que no tenían información sobre la forma de funcionamiento de este directorio especial y esperarían al viernes para decidir qué temas pretenden que sean analizados allí.

La directora Barindelli dijo a El País que se buscará “fijar criterios respecto a determinadas pautas que se están aplicando y al cambiar el directorio podemos ver qué es lo que están aplicando los servicios, que puede estar bien o tal vez haya cosas que sea necesario cambiar”.

El representante de los jubilados, Sixto Amaro, expresó a El País que tomó como “algo positivo promover nuevas reuniones de trabajo que se supone van en la dirección de seguir mejorando la gestión” del BPS. Explicó que “las posiciones que asuma el directorio” y surgirán de esta nueva instancia, “serán las bases sobre las cuales luego nuestra dirección jurídica llevará adelante el trabajo”.

Mientras que Ramón Ruíz, director por los trabajadores, señaló que se discutirá desde el viernes “distintas regulaciones, criterios y posiciones que el BPS ha tenido en relación a la determinación tributaria y las obligaciones cuando hay algún incumplimiento, y cómo se aplica esto a la hora de determinar las responsabilidades y cuantías”.

Ruíz afirmó que acepta debatir los distintos temas “sobre la base de informes jurídicos y así si hay algo que se hace que no está ajustado a derecho que se corrija”. Aunque advirtió que también debería analizarse “las consecuencias que pueden tener (los nuevos criterios) y los impactos en las finanzas del BPS”, sin perder de vista que “aunque se pierdan (ingresos) si es lo justo tenemos que cambiar” lo vigente actualmente.

Luego de la nominalización, el directorio del BPS analizará y debatirá sobre otros aspectos como el control de las certificaciones y las condiciones de acceso a ciertos beneficios. “Hay huecos normativos que pueden habilitar abusos”, dijo Odizzio.

“Ya adelanté que iba a proponer (estudiar) en qué condiciones se accede a ciertos beneficios”, por ejemplo los relacionados a vivienda, que tienen un límite monetario excluyente y “si te pasas por cinco pesos ya no te corresponde”, señaló Odizzio. También pretende se analicen los “criterios de prescripción” -a lo mismo aspira Barindelli, según manifestó- porque hoy día “si hay ocultamiento de personal el BPS aplica 10 años (como período de prescripción) pero si hay personal registrado y aporta por menos, que igual es ocultamiento, se aplica cinco años”.

Otro tema serán los servicios de salud que brinda el BPS, que tienen “un peso importante” en términos financieros y “en mayor parte se atiende a personas sin ley habilitante”, porque esa “es una función de ASSE”, agregó el jerarca. “No estamos hablando de quitar beneficios legítimos sino de dar aquellos que corresponden”, concluyó el presidente del organismo.