DEFRAUDACIÓN

¿Cuál es el nuevo criterio de Fiscalía para investigar a los delitos de “cuello blanco”?

El Consejo Honorario de Instrucciones General emitió una resolución que modifica las reglas que tendrán los fiscales para actuar en los casos de defraudación, que ahora fueron declarados de interés público.

Apretón de manos. Foto: Shutterstock
Los casos de defraudación podían ser resueltos con medidas alternativas que aseguraran el cobro al Estado, pero ahora no. Foto: Shutterstock

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Hace unos días se desarrolló en Montevideo un congreso con especialistas latinoamericanos en la prevención del lavado de activos y hubo un tema que acaparó parte de las charlas: hay casos emblemáticos de defraudación y estafa en que los involucrados no terminan siendo castigados severamente.

El experto en la materia y organizador del evento, Ricardo Sabella, repasó algunos episodios resonantes de lavado de dinero que ocurrieron en el último tiempo en Uruguay -como el del dirigente de fútbol Eugenio Figueredo, el sindicalista argentino Marcelo Balcedo o el turco que lavó US$ 8 millones tras estafar en su país a través de un juego virtual-, y luego consultó al fiscal Gilberto Rodríguez (hoy de Flagrancia, antes de Crimen Organizado) por qué hay lavadores que “quedan en libertad”. Consideró esto “un mensaje absolutamente contradictorio” para los actores que intervienen en la cadena de controles antilavado.

También ocurrió en los últimos días el archivo por parte de la Justicia del caso del edil blanco Rodrigo Blas: si bien el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, dijo en su dictamen que lo ocurrido “podría encuadrar en la figura delictiva de la defraudación tributaria” -su empresa fue acusada de evadir unos US$ 500.000 de IVA e IRPF-, debía dar por terminado el caso cumpliendo una instrucción general de Fiscalía de culminar los expedientes que se presumía terminarían en un procesamiento sin prisión y que no fueran de interés público.

En el medio de todo esto, el Poder Ejecutivo elevó una solicitud al Consejo Honorario de Instrucciones Generales -un órgano de participación múltiple que dicta las reglas de actuación para los fiscales- para incluir los delitos de defraudación tributaria “en el elenco de delitos de interés público para la persecución”.

Al respecto, una fuente oficial comentó a El País el motivo de esta petición: “No puede ser que alguien por una rapiña vaya cinco años preso y con los (delitos) de cuello blanco no pase nada”.

La instrucción del Consejo Honorario, atendiendo el pedido del Ejecutivo, fue aprobada el 13 de mayo. La declaración explica que se entiende que “los delitos de defraudación tributaria, en función del bien jurídico tutelado, deben ser incluidos en el elenco de aquellos injustos en los que existe un interés público para su persecución a todos sus efectos”.

El órgano que tomó la decisión está integrado por la Fiscalía de Corte, la Procuraduría General de la Nación, el Poder Ejecutivo, la Asociación de Fiscales, la Facultad de Derecho y un representante de la sociedad civil.

Los dos delegados de la Facultad de Derecho votaron en contra. Uno de ellos, el profesor de Derecho Procesal, Gabriel Valentín, explicó a El País que la defraudación “siempre refiere a situaciones patrimoniales y al interés del Estado en asegurar la correcta recaudación”, entonces muchas veces “la vía alternativa (de resolución del diferendo) sirve” para recuperar lo evadido, pero al ser de interés público eso queda impedido.

“Podría ser contraproducente” la medida a los efectos de recuperar lo defraudado, indicó.

Otra diferencia de criterio que marcó Valentín es que los casos de defraudación se suelen “discutir muchísimo” a nivel técnico, y ocurre que episodios en que la Dirección General Impositiva (DGI) inicia un proceso penal contra un contribuyente termine con una declaración de nulidad del acto por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Esto muestra que “es una cuestión discutible, y catalogarlos (a esos delitos) como de interés público evita la discusión de fondo”.

El profesor de Derecho Procesal aclaró que la nueva instrucción de Fiscalía no implica que todos los casos de defraudación terminen con el envío a prisión del implicado, pero sí puede influir “en los causales que regulan los motivos de la prisión preventiva”.

Básicamente, señaló que se dice a los fiscales que se trata de casos “que sí o sí deben investigar y perseguir penalmente”.

En ese sentido, el abogado Leonardo Costa, especialista en temas tributarios y antilavado, dijo a El País que la disposición “va en línea” con la inclusión de la defraudación tributaria como precedente del lavado de activos (vigente desde 2018), un mojón por el que Uruguay “le dio importancia al combate a ese delito”, cumpliendo con recomendaciones internacionales.

Costa resumió que la resolución “le dice a los fiscales que (la defraudación) no es un delito leve” y que deben poner “especial interés” a la hora de perseguirlo.

Con esta nueva realidad, el abogado opinó que será “más difícil” que la persona implicada en un caso de defraudación sea procesado sin prisión, “a menos que pague (la deuda) o exista algún atenuante”, como “si ayudo en la investigación”.

Asimismo, Valentín informó que “hubo un planteo” a la interna del Consejo Honorario para incluir también como delito de interés público a la defraudación aduanera, porque “la descripción jurídica es casi la misma” que en la defraudación. Sin embargo, los miembros decidieron que aplique solo para casos de evasión.

¿Qué cambia con la nueva disposición de fiscalía?

“Hay ciertos institutos (jurídicos) que se excluyen con la declaración de interés público”, como la posibilidad de zanjar el caso con una medida alternativa o de efectuar un proceso abreviado, indicó el profesor de Derecho Procesal, Gabriel Valentín. También choca con el principio de oportunidad, “que dice que cuando hay un delito de escasa entidad el fiscal puede decidir no investigar”, lo que ahora no podrá ocurrir. Asimismo, la nueva instrucción para casos de defraudación deja sin efecto la anterior medida en que se basó el fiscal Luis Pacheco para cerrar el caso del nacionalista Rodrigo Blas, que disponía el cese de las investigaciones abiertas por el viejo Código si cumplían ciertos requisitos.

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