CAMINO A LA TRANSPARENCIA

El nuevo pacto en la OCDE que involucra a Uruguay

Es un acuerdo multilateral para evitar la erosión de rentas empresariales.

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Uruguay forma parte del proyecto BEPS que busca combatir la erosión fiscal. Foto: AFP

A partir de la crisis financiera global de 2008 se transformó en una obsesión de las potencias económicas que gobiernan la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la revisión de la normativa tributaria internacional en busca de combatir la evasión y erosión de la base imponible de la renta empresarial.

Para ello surgió el proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting Project en inglés, término utilizado para definir las prácticas de evasión fiscal empresarial) al que Uruguay adhirió formalmente en julio de este año. Allí se establecen 15 recomendaciones que componen un plan de acción para luchar contra la planificación impositiva que realizan las empresas multinacionales, aprovechándose de la red mundial de tratados para evitar la doble imposición, con el objetivo de trasladar beneficios a territorios de escasa o nula tributación.

De acuerdo a estimaciones de la OCDE, las pérdidas mundiales por la erosión de la base imponible que realizan las empresas suma entre US$ 100 y US$ 240 billones por año, lo que representa entre 4% y 10% de los ingresos globales por impuestos.

La última recomendación del proyecto BEPS fue adoptar un pacto multilateral que estableciera los criterios de actualización de los más de 3.000 convenios tributarios que existen en la esfera internacional. Ese paso se comenzó a concretar la semana pasada, cuando la OCDE anunció la finalización de las negociaciones entre más de 100 jurisdicciones por la Convención Multilateral para Implementar Medidas Relacionadas con los Tratados Tributarios para Prevenir BEPS, que se firmará en París en junio de 2017.

"El propósito es corregir las distorsiones que el G-20 y la OCDE han identificado en el sistema de tributación internacional, ya que en los últimos años ha quedado demostrado que por las diferencias en la aplicación de los convenios para evitar la doble imposición y la interrelación de normas internas, se producen muchas hipótesis de doble no imposición o reducción artificial de las bases imponibles sobre las que se pagan impuestos", explicó a El País el profesor de Derecho Financiero y Tributación Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, Carlos Loaiza.

En tanto, el gerente del Departamento de Impuestos de Ferrere, Fabián Birnbaum, dijo que "teniendo en cuenta que la modificación uno a uno (de los convenios) sería muy largo, se creó un instrumento multilateral para introducir los cambios necesarios". A su vez, aclaró que no todos los esquemas de planificación utilizados por las multinacionales son ilegales, ya que en muchos casos "en el marco de negocios desarrollados en forma global, la interacción de los distintos sistemas fiscales nacionales e independientes generan huecos que son aprovechados". De este tipo de prácticas han sido acusadas firmas como Google, Amazon y Starbucks, entre otras.

Según la información que divulgó la OCDE, el nuevo convenio establece "una serie de medidas sobre los tratados fiscales para actualizar las normas fiscales internacionales y disminuir la posibilidad de evasión de impuestos por parte de las empresas multinacionales". Agrega que el campo de acción serán "más de 2.000 tratados fiscales (entre naciones) de todo el mundo".

El organismo internacional también informa que se incorporan normas "para mejorar los mecanismos de resolución de conflictos". Al respecto, Loiza señaló que de las negociaciones participaron "técnicos en materia de arbitraje", y se incluyó un capítulo que busca fijar "un sistema de arbitraje obligatorio para cuando no se pongan de acuerdo los países sobre la situación de un contribuyente al cual la aplicación de los convenios lo perjudicó".

Uruguay.

Para Loaiza "sería esperable que Uruguay termine participando" del acuerdo, aunque aclaró que su adhesión "no es automática" pese a ya haber adoptado la normativa BEPS. Añadió que como todo tratado internacional, previo a su entrada en vigencia debe ser aprobado por el Parlamento.

En la misma línea se manifestó Birnbaum, quien opinó que Uruguay adoptará las nuevas recomendaciones de la OCDE "en virtud del compromiso mostrado y de la tendencia a adherir a los estándares internacionales". Sostuvo que se deberán realizar cambios en "la red de convenios que tiene" el país, en especial en temas referidos "a medidas antiabuso y forma de resolución de los conflictos".

El catedrático de la Universidad de Montevideo detalló que al momento de ratificar el acuerdo, cada Estado debe "identificar cuáles son los convenios a los que quiere que se apliquen" los nuevos criterios. En la actualidad, Uruguay tiene firmados 21 acuerdos para evitar la doble imposición con otras naciones —con Argentina y Brasil hay un compromiso de negociar un tratado aunque aún no se ha concretado.

Tendencia global a la que "hay que adherir"

Tanto Loaiza como Birnbaum consideran correcto sumarse al pacto multilateral, porque el país "depende en gran medida de la inversión extranjera y no puede alejarse de las tendencias mundiales", siempre que no vayan en "detrimento de nuestros intereses nacionales", indicó el gerente de Ferrere.

En ese sentido, Loaiza aportó que "el proyecto BEPS da a los países bastante flexibilidad para adoptar las acciones de manera más o menos intensa, optando cada uno la manera de hacerlo dentro de la estructura general que propone" el acuerdo. Subrayó que "hay más margen" para los Estados en esta normativa que en la referida a la transparencia fiscal.

Consultado acerca de si sumarse al pacto traerá beneficios para Uruguay, el docente de la Universidad de Montevideo señaló: "No resulta especialmente beneficiado, aunque podría resultar perjudicado si se escapa mucho de la tendencia global, es un juego que hay que manejar con equilibrio para que el mundo desarrollado no te penalice".

Dilema entre datos personales y secreto bancario

El abogado Guzmán Ramírez del estudio Bergstein advirtió en un trabajo presentado días atrás que "mientras Uruguay intenta acercarse a los estándares internacionales de transparencia fiscal, parece estar alejándose de los estándares internacionales de protección de datos personales".

Es que cuando culmine la aprobación en el Parlamento del proyecto de ley de transparencia fiscal, Uruguay estará en condiciones de intercambiar los datos de saldos y rentas en cuentas bancarias de no residentes con 86 fiscos extranjeros, pero de ese total "solamente 37 (menos de la mitad) proporcionan niveles adecuados de protección de datos personales, según los estándares internacionales", dijo.

El gobierno uruguayo a través de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (Urcdp) entiende que estos países no cumplen con condiciones mínimas de resguardo de la información.

A su vez, Ramírez califica de "extraño y peligroso" que una de las disposiciones incluidas en el proyecto establezca que la información bancaria estará excluida del alcance de la Ley de Protección de Datos Personales vigente en Uruguay. "Dicha exclusión no condice con las recomendaciones y directrices dictadas por los organismos especializados de la Unión Europea y parecería olvidar que el derecho a la protección de datos personales surge directamente de la Constitución", indicó.

El abogado agrega que Uruguay "sigue manteniendo compromisos internacionales en el marco de los derechos individuales. Entre ellos, el de velar por el respeto a la privacidad y por la protección de datos personales". Ramírez subraya que el Parlamento "todavía está a tiempo de incorporarle cambios (al proyecto de ley) tendientes a conciliar el intercambio automático de información con la protección de datos personales".

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