ARRENDAMIENTO

Nuevo sistema de alquileres sin garantía que impulsa el gobierno, genera debate por plazo de desalojos

La propuesta forma parte de la ley de urgencia y fue defendida por la ministra Irene Moreira. También la apoyaron los administradores de propiedades, mientras que el FA tuvo cuestionamientos.

Los socios de la coalición apoyaron un nuevo sistema de alquileres, pero varios aclararon que no es la solución definitiva. Foto: Archivo El País
Los socios de la coalición apoyaron un nuevo sistema de alquileres, pero varios aclararon que no es la solución definitiva. Foto: Archivo El País

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"En reiteradas ocasiones hemos recibido por parte de la población la solicitud de un régimen más flexible que, a su vez, brinde las garantías suficientes al arrendador del bien en caso de constatarse incumplimiento de la parte arrendataria”, explicó en el Parlamento la ministra de Vivienda, Irene Moreira, en referencia al capítulo de la ley de urgente consideración -que se votará esta semana en el plenario del Senado- que crea un marco legal para posibilitar alquileres sin garantía.

En la Comisión del Senado que analiza el proyecto del gobierno, los administradores de propiedades respaldaron la idea y el Frente Amplio planteó “una visión contundentemente crítica”. La oposición advierte que el régimen de desalojo exprés que se propone puede derivar en un aumento de la cantidad de personas en la calle.

Al comparecer la ministra de Vivienda, dijo que se busca dar “tranquilidad al arrendador asegurándole que el nuevo régimen protegerá su derecho mediante la implementación de nuevos procesos de desalojo, que serán más ágiles, con menos exigencias y con plazos más abreviados”.

En ese sentido, el subsecretario Tabaré Hackenbruch dijo que si bien “la certeza que brinda la garantía es difícil de suplantar”, el sistema propuesto da a quien alquila “un importante arsenal de ventajas respecto del anterior en lo que se refiere al proceso de desalojo y a la toma nuevamente de posesión del inmueble”.

Añadió que el régimen “beneficia al arrendador en cuanto a la reducción de plazos establecidos para el proceso de desalojo y previene de antemano algunas artimañas judiciales usadas por algunos operadores del derecho” para posponer o estirar los plazos.

Hackenbruch afirmó varias veces que este nuevo marco legal “no viene a imponerse ni a suplantar el vigente en materia de arrendamientos urbanos”. Dijo que será “una nueva opción” para quienes desean alquilar y no logran una garantía, pero también “para aquellos arrendadores que no cumplan con los requisitos de legitimación y de formalidad registral o municipal para poder arrendar su inmueble y luego poder llevar a cabo el eventual desalojo judicial sin impedimentos”.

La propuesta del gobierno es similar a un proyecto que presentó como legislador el presidente Luis Lacalle Pou, quien dijo a principio de año que se buscaría solución para “que dos personas que se conocen tengan la facilidad de alquilarse” una vivienda.

La iniciativa establece que el propietario y el inquilino “podrán pactar libremente” el plazo del contrato de alquiler, el precio y el método de ajuste, la forma de pago, y las reglas de uso del inmueble. Durante la vigencia “no podrá deducirse acción de desalojo”, excepto que haya “arrendatarios malos pagadores”, la vivienda sea expropiada o declarada como “finca ruinosa”.

El desalojo por vencimiento del contrato “se tramitará por un proceso de estructura monitoria”, que prevé la intervención de un juez de forma ágil (no más de 30 días) para dictar una fecha de salida del inquilino.

En los juicios por desalojo contra malos pagadores “se reduce el plazo a seis días hábiles”, indicó Hackenbruch, y estos procedimientos quedarán clausurados si dentro del plazo legal para oponer excepciones el inquilino abona la deuda “más el 60% como pago de los intereses, tributos y costos devengados”.

El dos de Vivienda agregó como “otra ventaja” del proyecto que ante la falta de pago de quien alquila, el arrendatario puede “solicitar el embargo preventivo, sin necesidad de ofrecer contracautela” (garantía de indemnización por el potencial perjuicio de la medida cautelar).

El jerarca afirmó que esta iniciativa “representa una garantía en sí misma para que quienes aún viven -involuntariamente y por falta de medios- en la informalidad social, puedan darle un marco legal a su situación de hecho, tanto de arrendatario como arrendador”.

Operadores inmobiliarios: 85% de los alquileres son irregulares. Foto: Shutterstock
Foto: Archivo El País

Debate.

“Comparto el propósito de atender a la población más vulnerable, pero creo que el instrumento que se elige ofrece riesgos extraordinarios”, dijo en la Comisión el senador frenteamplista Óscar Andrade. La oposición calificó la propuesta del gobierno como una “flexibilización” de la normativa de alquileres que incorpora “una forma de desalojo más rápida”.

“Nos preocupa la desregulación del sistema de alquileres y que esto traiga más situaciones de desamparo”, expresó el senador Charles Carrera del Frente Amplio, e hizo notar que ya hay regímenes de libre contratación.

Andrade señaló que si se aprueba la propuesta “mucha gente va a salir desesperada a alquilar en cualquier condición”, generando “la relación de mercado -sobre la que está fundada el artículo- un desequilibrio tal que, probablemente, tengamos familias que se vean obligadas a acordar, cualquier precio que no van a poder pagar”. La consecuencia será “enfrentar la situación social de tener que desalojarlos rápidamente, estamos germinando eso si no tomamos medidas que vayan en otra dirección”, como fortalecer las garantías que brinda el Estado.

El colorado Tabaré Viera dijo que “la cantidad de conciudadanos que tienen problemas para conseguir garantías es importante y que haya nuevas herramientas me parece muy bien, aunque no es la panacea”.

Mientras que el senador blanco Sergio Botana expresó que “es sabia” la iniciativa porque “da oportunidades a uno y garantías al otro, es una solución para tiempos críticos, de desempleo creciente”. También hubo apoyo al nuevo régimen de arrendamientos por parte del legislador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech.

“Mercado puede revitalizarse”

Diego Braga, presidente de la Asociación de Administradores de Propiedades Inmuebles, dijo en el Parlamento que el régimen de alquiler sin garantía “puede revitalizar un poco el mercado de arrendamientos”, aunque consideró que “algunos puntos podrían mejorarse”.

Planteó agregar “el destino comercial” al universo abarcado, dado que “hay pequeños comerciantes o profesionales que no logran obtener garantía” y podrían alquilar por esta vía. Otro representante de los administradores de propiedades, Ugo Soares Netto, dijo que de haber una nueva opción -la ley de alquileres “establece plazos rígidos que representan beneficios para el inquilino”, señaló- “podría ser que muchos propietarios de inmuebles los vuelquen al mercado de alquiler”.

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