Entre 100 y 200 trabajadores de los 700 que trabajan para la empresa brasileña OAS en la construcción de la obra civil de la planta regasificadora de Puntas de Sayago serán enviados a seguro de paro debido a dificultades técnicas que impiden continuar con parte de las obras.

La medida responde a las diferencias técnicas que existen entre la constructora y el consorcio GNLS en el diseño del proyecto.

"Hasta que no se resuelvan esas diferencias técnicas el trabajo no puede continuar según OAS. La gente va a ir al seguro de paro y sea con OAS o con otra empresa van a volver a trabajar porque la planta va a seguir haciéndose", dijo a El País el director Nacional de Trabajo, Luis Romero.

El tema fue tratado ayer en una reunión bipartita entre representantes de la constructora brasileña y el Sindicato Único de la Construcción (Sunca). El dirigente sindical, Richard Ferreira dijo a El País que la propuesta de la firma brasileña se pondrá hoy a consideración de los trabajadores. En ella se establece que "no habrá pérdida económica", según expresó Ferreira que prefirió no dar más detalles hasta que se informe a los obreros.

La idea del gobierno era que la planta estuviera operativa en el segundo semestre del año, pero la delicada situación de la brasileña OAS —principal contratista de la obra civil—, que ingresó en default el mes pasado y el retraso que existe en el plan de obra ha complicado las cosas.

Fuentes cercanas al negocio de la regasificadora adelantaron a El País el viernes pasado que GNLS (el consorcio conformado por GDF-Suez y Marubeni para la operación de la planta) maneja rescindir el contrato con OAS desde noviembre de 2014.

Por otra parte, otra fuente cercana al tema había indicado que otra empresa constructora chilena podría hacerse cargo de la obra en caso que la brasileña no siga adelante.

La obra civil de la planta incluye una escollera de 1,5 kilómetros, dos muelles para el amarre de la unidad regasificadora y el atraque de los barcos que transportan gas en estado licuado. Pero, su evolución no está de acuerdo al cronograma proyectado por motivos climáticos e incluso la aplicación de paros por parte de los trabajadores. La regasificadora es una de las mayores obras de infraestructura de la historia de Uruguay. Con un costo de US$ 1.225 millones, GDF-Suez a través de una "filial indirecta" la llevará adelante y la operará.

La brasileña OAS además de atravesar por una mala situación financiera está envuelta en la investigación por corrupción que involucra a Petrobras. En enero, la agencia Fitch rebajó la calificación de la compañía a C y luego hicieron lo mismo Standard & Poor´s y Moody´s. Esta es la nota más baja y están normalmente en concurso de acreedores y supone cesación de pagos.

La principal contratista de la obra civil de la regasificadora intenta conseguir 500 millones de reales, unos US$ 180 millones para evitar llegar a solicitar la recuperación judicial que en Uruguay se conoce como ir a concurso.

Según informó Folha de San Pablo esta semana el dinero es visto como necesario para que la empresa pueda mantener las obras en funcionamiento mientras concreta la venta de activos del grupo. Es que, hasta el momento, la suspensión de los pagos mientras elabora un plan de reestructuración es vista hoy como la única salida para salvar la empresa, según revelaron ejecutivos que participan de las negociaciones al diario.

OAS, que es dueña de estadios, empresas de saneamiento, proyectos inmobiliarios y de infraestructura, mantiene deudas por 7 billones de reales e ingresó en default el mes pasado.

Diferencias entre esa constructora y GNLS en el proyecto