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La OCDE destaca cambios en regímenes especiales

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Cambio. La OCDE tiene una nueva visión de las zonas francas. Foto: archivo El País.

TRANSPARENCIA FISCAL

Uruguay cambió ley de zonas francas y los beneficios al software.

Uruguay empezó desde hace años un proceso de alineamiento de su normativa en materia de transparencia fiscal con las políticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Así pasó de estar en una lista de países no cooperantes a integrar el Foro de Transparencia Global, pero mantenía algunos regímenes tributarios especiales que eran considerados “dañinos” por el organismo.

Por eso, el gobierno impulsó en el último tiempo una nueva ley de zonas francas, que atendió los aspectos que observaba la OCDE, y modificó los beneficios a determinadas industrias.

“Uruguay y sus regímenes fiscales bajo estudio salen bien parado ante la revisión de la OCDE y se consideran como no perjudiciales”, destacó el estudio Brum Costa a través Twitter, en referencia el informe “Prácticas fiscales perjudiciales: resultados de la revisión entre pares de regímenes preferenciales”.

Para Uruguay, se analizó el régimen de zonas francas, los centros de servicios compartidos, la exoneración de actividades de I+D (investigación y desarrollo) en las áreas de biotecnología, bioinformática, y producción de software, y los beneficios para la biotecnología al amparo de la ley de promoción de inversiones, repasó un informe de la consultora PwC.

En todos los casos la conclusión fue que no son perjudiciales. “Aunque en el pasado algunos incentivos fiscales otorgados por el país fueron identificados como potencialmente dañinos, el informe concluye que las modificaciones introducidas en las reglas locales con el objetivo de corregir y alinearlas con los estándares internacionales tuvieron éxito. Por lo tanto, los regímenes mencionados ahora ya no son cuestionados”, indicó PwC.

Meses atrás, el tributarista Fabián Birnbaum había explicado que ciertas observaciones de la OCDE sobre el régimen de zonas francas apuntaban a que “hay que tener sustancia (actividad real) para poder acceder” a los incentivos, y la nueva ley fija más controles en ese sentido.

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