NUEVAS DISPOSICIONES EN CAMINO

Ley está en “proceso de modificación”; cambios regirán desde marzo.

Una actualización del informe sobre "prácticas impositivas perjudiciales" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) mantuvo a Uruguay entre las jurisdicciones con "incentivos fiscales dañinos" y cuyas normas no respetan la acción 5 del Plan BEPS para el combate a la evasión.

El documento del 24 de enero al igual que el reporte original de octubre de 2017, señaló que Uruguay se encuentra "en proceso de modificaciones" de esas prácticas no avalados por la OCDE. En concreto, se hace foco en el régimen global de zonas francas, los beneficios dados al sector del software y la biotecnología, y los centros de servicios compartidos.

Es que los cambios en la ley de zonas francas que aprobó el Parlamento a fines del año pasado y que buscan alinear a Uruguay con los criterios internacionales, comenzarán a regir desde el próximo 8 de marzo.

Con el nuevo marco normativo "aquellas empresas que están instaladas en zonas francas recibirán más beneficios. Por ejemplo, podrán prestar servicios a empresas uruguayas, y también desarrollar ciertas actividades en territorio no franco que hasta ahora estaban prohibidas. Sin embargo, las nuevas empresas —autorizadas después del 8 de marzo—, aunque también recibirán los beneficios antes señalados, estarán sujetas a ciertas normas que resultarán menos ventajosas en comparación con el régimen hasta ahora vigente", sostiene un trabajo de los abogados Guzmán Ramírez y Domingo Pereira del estudio Bergstein.

Entre otras cosas, los nuevos operarios estarán sujetos "a niveles mínimos de contratación de personal e inversión en activos fijos, y verán condicionada su exoneración en materia de regalías", agregan los abogados.

Meses atrás, el tributarista Fabián Birnbaum había explicado que la observación de la OCDE sobre las zonas francas respondía a la exigencia de que "hay que tener sustancia (actividad real) para poder acceder" al esquema de incentivos. Al comparecer ante el Parlamento, el director de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía, Fernando Serra, dijo que los cambios buscaban "que se otorguen beneficios siempre que el Estado pueda controlar que realmente se hace una actividad de carácter sustantivo".

El reporte de la OCDE también menciona como regímenes perjudiciales la aplicación del principio de la fuente (que grava únicamente las rentas en territorio nacional) y la Ley de Promoción de Inversiones, aunque indica que están por fuera del alcance del reporte.