UNA PRÁCTICA YA EN DESUSO

Todavía hay 952 sociedades; ambos países comienzan a intercambiar datos.

Ahora se le va a complicar mucho más" a los uruguayos el uso de sociedades panameñas para evadir, dijo una fuente del gobierno a El País en referencia al acuerdo firmado entre ambos Estados para comenzar a intercambiar información fiscal. Expertos tributaristas consultados por El País coincidieron que este convenio más la carga tributaria extra que se estableció en 2017, "matan" el uso de offshore panameñas para evadir.

Ayer hubo una reunión en Montevideo entre el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, y cuadros técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Dirección General Impositiva (DGI) con el vicecanciller de Panamá, Luis Miguel Hincapié, y una delegación de la Administración Tributaria del país centroamericano.

"Con un trabajo intenso, hemos logrado superar situaciones en las cuales tanto Panamá como Uruguay habían incluido a la contraparte en diferentes listas (negativas). Esto concluye con un acuerdo que nos permite asegurarles que a partir de este momento Uruguay excluirá a Panamá de una lista de países no cooperantes en materia fiscal y Uruguay será excluido por Panamá de una lista de jurisdicciones que tomaron medidas contra su país", dijo Ferreri en conferencia de prensa.

El convenio firmado complementa un decreto emitido a fines de abril por el Poder Ejecutivo. Así Panamá deja de ser considerada por Uruguay como una jurisdicción de baja o nula tributación (BONT) y las sociedades en ese país dejarán de pagar una carga impositiva extra —el doble de Impuesto al Patrimonio y 25% por el Impuesto a la Renta de No Residentes (IRNR) en vez de 12%.

Mientras que Panamá deja de tener la posibilidad legal de aplicar tributos sobre dividendos de uruguayos por intereses, comisiones o cualquier otra clase de rentas producidas en su territorio (potestad que aplica según la ley para todos los países que toman "medidas discriminatorias" con esa nación).

"Hoy día Panamá cumple con todos los estándares de transparencia, con lo cual no hay razón para estar en una lista (negativa) y no me refiero solo a Uruguay sino a algunos otros países que aún lo mantienen. Las listas a mí no me gusta llamarlas por color sino decir que son listas que discriminan a Panamá", manifestó Hincapié.

Aparte de lo mencionado, el acuerdo oficializó el intercambio de información financiera y tributaria entre ambos países. Ferreri explicó que los datos de cuentas bancarias o de otro tipo del ejercicio 2017 serán intercambiados de manera automática este año (la DGI recibirá la información de los uruguayos con cuentas en Panamá y viceversa), y desde el ejercicio 2018 los envíos serán "bajo previo requerimiento, es decir en el marco de una auditoría fiscal (inspección)".

"A aquellos que utilizan los mecanismos jurídicos de manera correcta, para hacer negocios legítimos, no los afecta de ninguna manera", aclaró Ferreri. Es que previo a la Ley de Transparencia Fiscal (que entró en vigencia en 2017) que subió la carga tributaria, era habitual el uso de offshore panameñas para la tenencia de inmuebles en Uruguay (pagaban menos impuestos y sus beneficiarios eran anónimos).

En 2016 había registradas ante DGI unas 1.900 sociedades en países BONT (la mayoría en Panamá), pero varias fueron clausuradas o redomiciliadas en Uruguay durante el período ventana previo a la vigencia de la suba impositiva, que permitió regularizar las offshore sin pagar tributos por la transacción. Según informaron ayer a El País desde DGI, hoy día son 952 las sociedades de este tipo.

El profesor de Fiscalidad Internacional y de Derecho Financiero en la Universidad Católica, Leonardo Costa, dijo a El País que la posibilidad que tiene la DGI de solicitar información sobre los beneficiarios de sociedades en Panamá "mata cualquier hipótesis de planificación fiscal con ocultamiento". Agregó que el "uso habitual de las (offshore) panameñas con este combo (intercambio de información más carga impositiva extra) se termina".

El director de Rentas, Joaquín Serra, explicó a El País que "en el marco de una investigación fiscal por impuestos generados a partir de 2018, la DGI podrá realizar un requerimiento de información a Panamá", incluyendo conocer el "beneficiario final" de una sociedad, siempre que el fisco panameño cuente con el registro.

La información de cuentas bancarias que llegará desde Panamá y otras 73 jurisdicciones en el marco del intercambio fiscal multilateral serán "clave para seguir avanzando en la correcta fiscalización del IRPF por los rendimientos mobiliarios obtenidos en el exterior y otras disposiciones tributarias internas", indicó Serra.

El socio y encargado del Departamento Tributario de CPA Ferrere, Javier Metre, coincidió con Costa que las offshore panameñas pierden privacidad, aunque matizó que pueden "seguir teniendo atributos" por la carga y régimen tributario que tienen para "un grupo del exterior que cuente con inversiones en varios países" o para realizar una "planificación tributaria o colocación de activos desde Uruguay hacia el exterior".

En la conferencia, Ferreri indicó que "quienes utilizaban no de manera correcta los vehículos jurídicos (como las offshore) no eran panameños sino empresas uruguayas, y por lo tanto era un tema vinculado con la evasión o elusión tributaria en nuestro país". Se busca que esas prácticas queden atrás.